Sidenor alega que no necesitaba autorización especial para vender acero a Israel

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y los dos directivos que han declarado como imputados en la causa en la que se les investiga por la venta de acero a una empresa israelí, fabricante de armamento, han alegado que al tratarse de acero sin alear no era necesario una autorización especial del Gobierno.

Los tres han comparecido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, quien investiga si incurrieron en un delito de contrabando y de complicidad y en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), presuntamente «con pleno conocimiento» de que el material «iba lógicamente destinado a la producción de armamento».

Solo han querido contestar a las preguntas de sus abogados, quienes han ofrecido pruebas al magistrado para tratar de demostrar que no han cometido irregularidad alguna en las ventas de acero a dicha empresa israelí, según ha informado la propia empresa en una nota de prensa.

De esta forma, la cúpula de Sidenor, con sede en Basauri (Bizkaia), se ha limitado a manifestar al juez que en el momento en que se produjeron esas ventas no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con Israel, y han señalado que las entregas de acero a IMSI se cancelaron en julio, «casi tres meses antes de que el Gobierno español decretase el embargo».

Han añadido además que el acero vendido en Israel «no figura en el Anexo I de los reglamentos español ni europeo que identifican los productos sometidos a un control especial por parte de la Administración», por lo que no era preciso estar incluido en un registro específico «ni haber solicitado una autorización previa para su exportación».

Asimismo han destacado que en ningún momento Sidenor recibió comunicación de las autoridades españolas o europeas sobre limitaciones excepcionales en las ventas de acero a Israel, que según la nota de prensa, en lo que respecta los envíos investigados, representaron el «0,2% de las ventas totales anuales de la empresa».

La empresa adjunta además extractos del informe policial que obra en la causa y que se basa en el último envío a la empresa israelí que fue retenido en el puerto de Barcelona «por voluntad expresa de Sidenor».

Según ese informe, subraya Sidenor, al tratarse de un tipo de acero sin alear «no tiene ningún epígrafe asociado ni se considera un material susceptible de doble uso según establece el Reglamento 821/2021».

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

Tras las declaraciones, el abogado que representa a esta acusación, David Aranda, ha manifestado a los periodistas que, si bien la principal alegación de Sidenor es que el acero que fabrica no es de doble uso, lo que se está investigando es que iba destinado a una empresa que fabrica de forma exclusiva tecnología militar como plataformas de lanzamientos de misiles o munición.

Aunque ese acero no fuera aleado y tuviera que serlo en destino, entendemos que era necesaria esa autorización porque se cumplen varios requisitos recogidos en la normativa comunitaria para haberla solicitado y por eso los hechos pueden ser calificados de contrabando, ha expuesto el letrado.

Además, ha añadido, se está investigando si a través del envío regular de acero a una empresa armamentística israelí se está colaborando con un delito de genocidio o de lesa humanidad, con lo que se trata de algo bastante complejo.

Y es que considera un «hito importante» la apertura de ese procedimiento porque manda «un mensaje claro» por parte de la Justicia como es el de «basta con lucrarse con el genocidio» para ser considerado cómplice, situación en la que, según ha resaltado, se encontrarían otras empresas españolas y no solo Sidenor.