El Gobierno eleva en 1.400 millones la partida para pagar la nómina de funcionarios y cargos

El gasto para pagar las nóminas de empleados públicos, asesores y altos cargos continúa aumentando con los Presupuestos Generales prorrogados desde 2023. Los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), analizados por THE OBJECTIVE, muestran que el Gobierno ha aumentado en 1.385 millones de euros el crédito destinado a pagar sueldos, cotizaciones y complementos de estos colectivos.

El presupuesto inicial del capítulo 1 (Gastos de personal) era de 20.487 millones, pero ha aumentado hasta los 21.733 millones en los primeros ocho meses. Esto supone un incremento del 6,7% con respecto a agosto de 2024. Este ajuste refleja la necesidad de cubrir la subida salarial pactada con los sindicatos y el aumento de las cotizaciones sociales, pero también consolida una tendencia estructural: la masa salarial del Estado crece incluso con los Presupuestos prorrogados.

Solo para funcionarios y personal estatutario se han destinado 15.539 millones de euros, un 71 % del total. Otros 3.964 millones se dedican a cuotas y prestaciones sociales, mientras que los incentivos al rendimiento —productividad— absorben 1.143 millones, un 34% más de lo previsto a principio de año.

Funcionarios, asesores y cargos

El gasto en personal laboral asciende a 780 millones y el de altos cargos y eventuales a 171 millones en conjunto. En todos los casos, las cifras muestran un patrón de ejecución plena: los pagos corrientes —ya realizados— alcanzan casi el total de las obligaciones reconocidas, lo que anticipa que el crédito quedará agotado a final de año.

La ampliación de 1.400 millones equivale al presupuesto anual de varios ministerios medianos y se ha aprobado sin un nuevo presupuesto, mediante modificaciones de crédito internas. En la práctica, el Gobierno ha tenido que inyectar fondos adicionales para sostener las nóminas mientras mantiene los Presupuestos de 2023 prorrogados.

Igual plantilla, más presupuesto

El incremento no obedece a una expansión significativa de plantilla. Según fuentes del propio Ejecutivo, el número de empleados públicos en la Administración General del Estado se mantiene estable, aunque se han reforzado ciertos cuerpos en Justicia, Hacienda y seguridad. El aumento real proviene de los costes salariales y sociales derivados de las revisiones retributivas y del encarecimiento de las cotizaciones.

El número de empleados públicos alcanzó en enero, por segundo semestre consecutivo, la cifra de tres millones (3.037.432). Son 50.000 más que en el mismo mes de 2024. Los últimos datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública muestran que los principales incrementos se dieron en las comunidades autónomas —43.000 más— y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —6.000 más—. El número de altos cargos y, sobre todo, de asesores ha aumentado de forma exponencial desde 2018. El número de eventuales ha aumentado un 40% de ese año.

El gasto de personal total destinado a funcionarios, altos cargos, eventuales, productividad y cotizaciones representa ya el 7% del total ejecutado por la Administración General del Estado, pero su peso económico y político es mucho mayor. La masa salarial del conjunto del sector público español supera los 140.000 millones de euros anuales, equivalente a más del 11% del PIB.

Por encima de Portugal e Italia

Esta cifra coloca a España por encima de países como Italia o Portugal en proporción de gasto salarial sobre el PIB, aunque por debajo de Francia. Sin embargo, el problema no es uno de volumen, sino de estructura: el gasto es rígido y recurrente. Cada revisión salarial o complemento consolidado se convierte en un gasto permanente que condiciona la política fiscal futura.

La paradoja es que este incremento se produce sin aprobar nuevos Presupuestos. En ausencia de cuentas actualizadas, el Ejecutivo ha recurrido a transferencias y ampliaciones de crédito para atender los compromisos salariales y mantener la maquinaria administrativa en funcionamiento.

Inversión limitada

En paralelo, las transferencias corrientes —fondos destinados a comunidades autónomas y Seguridad Social— alcanzan ya 180.086 millones, consolidando el peso del gasto social estructural. Los pasivos financieros —pago de intereses y amortización de deuda— suman 183.898 millones, una cifra que multiplica por nueve la inversión real del Estado.

La inversión en infraestructuras y tecnología apenas llega a 7.915 millones, menos de la mitad de lo que se gasta en nóminas. La comparación refleja el desplazamiento del gasto público hacia la conservación de estructuras existentes, en detrimento de la inversión productiva o la modernización administrativa. Los sueldos, las pensiones y el servicio de la deuda consumen más del 70 % del gasto ejecutado, lo que deja un margen mínimo para nuevas políticas.


El crecimiento del gasto de personal evidencia la rigidez del gasto público español: sube incluso cuando la economía se desacelera y sin que se aprueben nuevas medidas. No depende de la coyuntura, sino de la propia mecánica de la Administración. Cada ejercicio arrastra compromisos del anterior. Los incrementos retributivos pactados, las subidas de cotizaciones y los complementos por antigüedad generan un efecto bola de nieve que se consolida año tras año. A diferencia de la inversión o el gasto social, el gasto de personal no se ajusta ni se modula: crece por inercia.