Cuatro de cada diez obras en España se retrasan por la delincuencia
Las constructoras denuncian el auge de la criminalidad que afecta al sector y que impacta en el coste de la vivienda
Profesionales de la construcción. | Europa Press
La delincuencia golpea a la construcción en España. El 39% de los proyectos activos en el país ha sufrido retrasos este año debido a robos, daños o actos vandálicos. Una interrupción que eleva los costes y complica aún más un mercado ya tensionado por la falta de vivienda y el encarecimiento de los materiales. El impacto acaba trasladándose, inevitablemente, al precio final que asumen los ciudadanos.
El Informe sobre el crimen 2025, elaborado por la compañía de seguridad BauWatch, sitúa esta problemática en un contexto europeo más amplio. El estudio, basado en encuestas a miles de profesionales de diez países de la Unión Europea, señala que el 58% de las empresas españolas ha detectado un aumento de incidentes en sus obras, y que una de cada cinco considera que la situación ya es «especialmente grave». Aunque España no encabeza el repunte —Austria y Francia registran incrementos superiores al 70%—, se sitúa por encima de Italia y Polonia en volumen de nuevos casos.
Uno de los aspectos que más inquieta al sector es la creciente profesionalización de los grupos que actúan en las obras. El 75% de las compañías identifica a los autores como delincuentes con planificación previa y conocimientos técnicos, capaces de sustraer materiales con rapidez o incluso sabotear infraestructuras en desarrollo. A ello se suman episodios de intimidación: un 43% de las empresas asegura haber recibido amenazas o peticiones de dinero a cambio de «proteger» la obra, y un 16% admite haber cedido para evitar daños mayores.
Entre los materiales más buscados figuran aquellos con reventa sencilla y baja trazabilidad: el cobre encabeza la lista (62%), seguido de herramientas pequeñas (54%) y cableado eléctrico (53%). La situación es especialmente sensible en el sector energético, puesto que los parques solares y eólicos ya se han convertido en objetivos recurrentes. El 77% de los proyectos ha sufrido robos y un 62% ha registrado actos vandálicos, provocando demoras que en muchos casos superan el mes y retrasan la incorporación de nueva capacidad renovable al sistema.
Los efectos de estos delitos van más allá de las pérdidas económicas directas. Más de la mitad de las empresas se ha visto obligada a reponer equipos destruidos o desaparecidos, uno de cada cinco trabajadores ha tenido que reemplazar herramientas de su propio bolsillo y un 12% ha perdido jornadas laborales por incidentes de seguridad. Todo ello repercute en la productividad y dispara los presupuestos de obra.
El informe también refleja una sofisticación creciente en los métodos empleados por los delincuentes. Un 59% de las constructoras asegura haber detectado tácticas avanzadas, desde el pirateo de sistemas de videovigilancia o la falsificación digital de accesos hasta el uso de drones para inspeccionar obras o estafas apoyadas en inteligencia artificial. Casi el 40% de las empresas sospecha que detrás de estas acciones operan redes delictivas organizadas.
Escasez de personal en las obras
La escasez de personal se ha convertido en otro de los grandes lastres de la construcción en España, un problema que además agrava las dificultades de seguridad ya presentes en las obras. La falta de relevo generacional, el envejecimiento de la plantilla y la mala percepción del sector entre los jóvenes —a menudo visto como un entorno exigente y poco atractivo— han reducido de forma drástica la disponibilidad de mano de obra cualificada. A ello se suma la fuga de trabajadores hacia empleos con mejores condiciones, tanto dentro como fuera del país.
La consecuencia es evidente desde hace años: proyectos que se retrasan, costes que aumentan y una pérdida de competitividad que afecta al conjunto de la economía. La industria afronta serias dificultades para responder al ritmo de demanda de vivienda e infraestructuras, justo en un momento de elevada presión por la crisis habitacional.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte desde hace tiempo de la gravedad de la situación. Según sus estimaciones, España necesitaría alrededor de 700.000 trabajadores adicionales para poder ejecutar los planes de vivienda anunciados por las principales fuerzas políticas. Sin una solución a corto plazo, la patronal teme que cualquier intento de aumentar la oferta de vivienda quede bloqueado por una simple cuestión de falta de mano de obra.