Montero admite que aumentará la cesión de impuestos a las comunidades autónomas

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata al PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, admitió este lunes ante una multitudinaria rueda de prensa, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está dispuesta a aumentar la cesión de algunos impuestos propios a las comunidades autónomas.

No precisó qué tributos, aunque tras las preguntas de los medios quedó claro que uno de ellos es el IRPF. Asimismo, Montero anunció que el Gobierno presentará a finales de enero o durante febrero, un nuevo modelo del sistema de financiación autonómica que aunará multilateralidad y bilateralidad. Según indicó, ninguna comunidad del Régimen Común va a quedar perjudicada.

Es una fórmula cuyos componentes no se atrevió a precisar porque –afirmó– es «un sistema complejo» en el que si se toca una variable, hay que retocar o ajustar otra. Pero –concretó– «el modelo se presentará en su totalidad, de una sola vez, y se llevará luego a un Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que todas las comunidades vean cómo queda el resultado global».

Eso sí, señaló, va a haber singularidad, pero también solidaridad interterritorial y más capacidad normativa. Esta es una receta que fue rechazada por las comunidades del PP en pleno. En opinión de los representantes autonómicos populares, María Jesús Montero ha hecho estos anuncios «muy tarde –porque muchas comunidades han tenido que preparar sus presupuestos a ciegas, sin objetivos de déficit ni ninguna otra información–». Además, no son más que «el cuento de la lechera», porque ha tenido ocho años para presentar una reforma. Para ello -dijo el consejero de Murcia, Luis Alberto Marín González-, utiliza «una pirueta semántica mezclando multilateralidad con bilateralidad».

Un modelo imposible en dos meses y medio

La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, aseguró que Montero no defraudó, porque había vuelto a mentir a las comunidades autónomas, especialmente a las del PP, muy molestas con la alteración y lectura del anterior acta. Ahí se afirma que estas comunidades se abstuvieron en una votación, cuando en realidad lo que hicieron fue marcharse del CPFF. Sobre todo, añadió Albert, Montero volvió a contar generalidades y vender conceptos extraños como multilateralidad y singularidad, o agencias tributarias independientes con agencias flexibles y armonizadas.

Carolina España, consejera de Hacienda de Andalucía, expresó con rotundidad que la bilateralidad es incompatible con la reforma del modelo de financiación autonómica. Los independentistas –apuntó– están contentos, mientras atrás se quedan los 16.000 millones que María Jesús Montero dijo que le faltaba a la financiación de las comunidades autónomas –a Andalucía 4.000 millones–. En opinión de Carolina España, a la número dos del Gobierno los objetivos de déficit no le sirven para nada, porque no va a cumplir la regla de gasto. Si aprueba los Presupuestos –lo que todos los consejeros del PP pusieron en duda–, se pregunta: «¿A qué precio?».

La consejera de Hacienda de Valencia, Ruth Merino, hizo un balance parecido al resto de sus compañeros del PP. Puso en cuestión que la ministra de Hacienda tenga capacidad para presentar un modelo de reforma del sistema de financiación autonómica en el primer trimestre de 2026, y tenerlo finalizado para 2027, coincidiendo con la fecha oficial de las próximas elecciones generales. Merino también afeó a Montero mezclar intencionadamente en su discurso el FLA extraordinario del pago a proveedores, que no ha llegado, con las ayudas a la dana, que se financian con deuda. «No es de recibo», manifestó.

Incompatibilidad de la multilateralidad y la bilateralidad

Para el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, el CPFF llega tarde. Máxime «cuando sabemos –dijo– que ha habido reuniones con los independentistas y se han intercambiado papeles». «No nos gustan los platos precocinados», afirmó el dirigente socialista. Añadió que la administración que preside Emiliano García-Page ha tenido que hacer los Presupuestos a «ciegas».

Para Elena Manzano, consejera de Hacienda de Extremadura, el acta presentada por Montero no recoge las posiciones de los representantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Además, añadió con respecto a los objetivos de déficit (del 0,1% para las comunidades), «nosotros le hemos pedido equilibrio y reparto, aunque la ministra dice que es la Administración General del Estado la que hace el mayor sacrificio». Al tiempo, sostiene la dirigente extremeña, «ha reconocido singularidades para algunas comunidades autónomas, pese a que es incompatible la multilateralidad con la bilateralidad. Asimismo, indicó que hay que tener en cuenta que «Hacienda recauda hoy 300.000 millones de euros, y en la anterior reforma del modelo, recaudaba 149.000 millones». Desde entonces hasta ahora, «se ha producido un desequilibrio, pero ella no quiere que eso se trate en grupos de trabajo, aunque el modelo de financiación autonómica que quiere requiere una reforma de la Lofca».

Montero culpa a Génova

Las declaraciones de los populares y las criticas desde posiciones socialistas como la de Castilla-La Mancha preocupan poco a María Jesús Montero. La ministra adelantó su intención de desincentivar el dumping fiscal, porque en su opinión, si hay comunidades que quieren más recursos, y además bajar impuestos para que los suban otros, eso no puede ser. La relación del Gobierno –recalcó–, «no puede fundamentarse en que sea rápido pedir y no dar. No se pueden pedir dos cosas contradictorias al mismo tiempo».

En esa lectura crítica, ante la posibilidad de que los objetivos de déficit no sean aprobados por las cámaras, Montero aseguró que si no hay senda fiscal, se apostará por el equilibrio presupuestario, y los objetivos de déficit que se aplicarán serán los del Plan Fiscal y Estructural que se remitió a la Comisión Europea.

Añadió que si esto ocurre, y para cumplir con ese equilibrio presupuestario, las comunidades autónomas perderán 1.700 millones de capacidad. Culpa directamente de ello a «Génova», es decir, al Partido Popular, porque cree que votará en contra de esta senda fiscal. Una cantidad que, multiplicada por los tres años que conlleva ese plan, supondría una pérdida de cerca de 5.000 millones de euros que dejarán de percibir las comunidades autónomas, advirtió Montero.