Caraballo (Alquiler Seguro): «El Gobierno busca culpables de que sus medidas no funcionen»

Quedan apenas unas semanas para conocer si finalmente la propuesta de sanción del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Alquiler Seguro es definitiva. Se trata de una posible multa de 3,6 millones de euros que se produce tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del departamento que dirige Pablo Bustinduy. Facua informó entonces que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por supuestamente imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la Ley de Vivienda.

Desde el Ministerio se investiga a más empresas del sector, pero solo ha trascendido el nombre de esta compañía, que opera en España hace más de 18 años y que ha sido especialmente crítica con las medidas puestas en marcha por el Gobierno en los últimos años en materia de vivienda. Desde la empresa de gestión de alquileres aseguran que hasta tres sentencias judiciales ya avalan la legalidad de sus servicios. Con motivo de esta situación, THE OBJECTIVE entrevista a David Caraballo, CEO de la compañía.

PREGUNTA.- El Ministerio de Consumo propone multarles con 3,6 millones. ¿Cómo valoran esta propuesta?

RESPUESTA.- La realidad es que el Gobierno nos quiere hacer los causantes del mal del mercado. Alquiler Seguro maneja un volumen de 30.000 viviendas frente a un mercado inmobiliario que es de tres millones y medio. Llevamos 18 años en el mercado y cumplimos rigurosamente toda la ley. Todos nuestros procesos y servicios están registrados y auditados por las principales empresas de certificación. Nosotros de cara a nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes, tenemos mystery shoppers para medir que nuestros procesos no solo están certificados, sino que se mantienen en el tiempo y además hacemos evaluaciones de satisfacción. En estas evaluaciones lo que nos dicen es que el 98% de los clientes están contentos con el servicio. Un servicio que es totalmente voluntario, que es un paquete. Desde que nació Alquiler Seguro, lo hizo con una vocación distinta a la de una inmobiliaria. Hacemos una gestión integral del alquiler, nosotros acompañamos al propietario-inquilino y nuestro trabajo empieza justo cuando se firma el contrato, porque es a partir de ahí donde nos diferenciamos de una inmobiliaria.

P.- Entre las infracciones señaladas está la imposición del seguro de hogar y la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino (SAI). ¿Cómo garantizan que los inquilinos entiendan que son opcionales?

R.- El paquete de SAI es un paquete de servicios que responde a toda la experiencia de estos 18 años, toda la casuística de problemáticas y a lo que se enfrenta un inquilino. Como nosotros estamos haciendo una labor de intermediación y estamos conectando los dos mundos, tenemos muy estudiado todo y podemos solventar de una forma rápida los problemas. Hay incidencias de cualquier índole, desde una plaga, una avería de un electrodoméstico… etcétera. Nosotros tenemos un equipo de 560 personas para dar este servicio, que cobramos, pero que es voluntario. 

P.- ¿Cómo se garantiza el tema de la voluntariedad? ¿Qué porcentaje de sus contratos de alquiler no incluyen el SAI u otros
servicios extra?

R.- Tenemos más de 250 clientes que no han contratado el servicio. Es algo voluntario, pero claro, somos una empresa y queremos convencer al cliente. Pero es que además un cliente que se enfrenta a la realidad que está generando el Gobierno, con más motivo, dice: «si hay cambios, yo necesito defenderme legalmente». Están enfrentando a propietarios e inquilinos. Lo pone en nuestro pliego de condiciones: desde el minuto uno del contacto saben que es voluntario.

P.- ¿Por qué creen que Consumo ha puesto el foco en Alquiler Seguro y, sobre todo, por qué consideran que solo se ha filtrado el nombre de su compañía cuando se estarían también investigando otras empresas?

R.- Nosotros llevamos defendiendo el alquiler desde que el alquiler no aparecía ni en las noticias. Siempre hemos abanderado y apostado por el crecimiento y la fortaleza del alquiler. Creemos que el Gobierno tiene que buscar culpables ante las carencias de medidas que no están funcionando. Ya se cumplió un año de la limitación del alquiler y del índice y los datos son muy malos. Nosotros nos pronunciamos diciendo que no funciona porque defendemos el sector y no nos callamos. Decimos que estas medidas no están funcionando y somos los malos. El Gobierno está creando como dos bandos, el de los inquilinos y el de los propietarios poniendo a estos como «malignos», cuando realmente el 90% de nuestros clientes propietarios son particulares y tienen un piso.

P.- Ya ha terminado el periodo de alegaciones y ustedes insisten en que hay tres sentencias anteriores que les avalan. ¿Qué han incluido en estas alegaciones?

R.- Lo primero que hemos incluido es que las pruebas que han mostrado no son legítimas. Muestran grabaciones de una persona de la empresa a la que no le han pedido permiso, entonces son ilegítimas. Eso para empezar. Y luego son acusaciones totalmente falsas. Por ejemplo, nos dicen que cobramos 200 euros por hacer una visita. Pero, ¿eso quién se lo cree? Lo primero, ¿quién lo pagaría? No sé, tiene que ser una visita muy lujosa. 

P.- De momento es una propuesta de sanción. ¿Qué piensan hacer si finalmente es firme?

R.- Esto es muy sencillo: es una cuestión administrativa, luego habrá que elevarlo y una vez que hagamos el recurso de alzada podremos hacer alegaciones para que nos escuchen. Lo que estamos notando en este trámite es que nosotros estamos en los plazos que nos marcan, pero de lo que presentamos ni se nos pregunta ni hay dudas, lo que significa que no nos están leyendo porque hemos presentado 250 hojas de alegaciones. Alguna duda podía haber si te lo lees. Pero si no ha habido ninguna duda, ninguna reunión, lo que está claro es que esto no es una cuestión de incumplimiento de ley. Es una cuestión de acusar a alguien para ocultar o parecer que se está haciendo algo.

P.- Pase lo que pase, ocupar los titulares con esas acusaciones ¿ha supuesto un daño reputacional para la compañía?

R.- Nosotros lo tenemos en manos de los abogados, pero yo puedo hablar más de la parte emocional de los trabajadores, donde yo, como máximo responsable, recibo llamadas de las familias, porque los conozco. Y al contrario, son de los que más nos están apoyando. Hay dos visiones de esta situación: está la visión de las noticias y está la visión que percibo yo de los clientes y de los familiares. Yo, cuando pregunto a los propietarios, es un apoyo total, quizás porque también se sienten atacados directa e indirectamente. Es decir, están atacando al sector, te están atacando a ti que me estás dando protección. Se sienten identificados.

P.- ¿Han notado una caída de potenciales clientes o preocupación e inquietud entre sus clientes actuales por estas noticias?

R.- La disminución de los clientes es abismal, pero no es provocada por esto. Es provocada por el mercado contraído por la falta de oferta y las medidas del Gobierno. La gente está tomando la estrategia de vender. 

P.- Llevan muchos años en este mercado y gestionan más de 25.000 alquileres. ¿Cómo creen que podría mejorarse la situación tensa que vive el sector del alquiler?

R.- Serían dos medidas operativas rápidas. Por supuesto, algo que no funciona, como la Ley de Vivienda, hay que derogarlo. Y, por otro lado, apostar por la profesionalización. Porque si estamos en un momento complejo, ¿por qué dilapidan la profesionalización si realmente lo que se necesitan son profesionales? Pocas inmobiliarias tienen la titulación de API, tienen los contratos colgados, tienen los procesos y los servicios auditados y certificados. Apostemos por las empresas profesionales que, como nosotros, tienen todas las certificaciones y los procesos auditados.