Las empresas españolas 'pierden' 148.000 millones al año por las bajas médicas

El coste indirecto para las empresas como consecuencia de las bajas médicas por contingencias comunes (ITCC) no causadas en el lugar de trabajo ni de camino a este registra un nuevo récord. El cálculo estimativo del valor económico de la producción no realizada para 2025 superará los 148.000 millones de euros, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

La asociación de mutuas define el coste indirecto como aquel que «cuantifica el valor económico de los bienes y servicios, que los trabajadores en baja derivados de procesos de ITCC han dejado o bien de producir o bien de prestar, respectivamente». Esto es, el valor económico que las empresas dejan de producir o de ofrecer porque algunos trabajadores están de baja por enfermedad.

A lo largo del periodo de estudio, se puede observar cómo este coste indirecto se ha incrementado hasta situarse en el ejercicio 2024 en 133.448,67 millones de euros, lo que supone un aumento de un 21,47% respecto al ejercicio anterior, o lo que es lo mismo, un incremento de 23.588,11 millones de euros más. Asimismo, en los últimos nueve años, el incremento de este indicador ha sido de un 156,05%, es decir, 81.330,49 millones de euros más.

Para el ejercicio 2025, este dato se estima en 148.185,42 millones de euros, un 11,04% más (14.736,75 millones de euros más) que en el ejercicio 2024 y un 184,33% más (96.067,24 millones de euros más) que en el ejercicio 2015, cuando este dato se estimó en 52.118,18 millones.

Según las estimaciones de AMAT, basadas en datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y aplicativo RESINA, el coste indirecto a lo largo de los últimos diez años ha sido el siguiente: 52.118,18 millones (2015), 57.352,25 millones (2016), 64.450,59 millones (2017), 71.040,44 millones (2018), 80.180,36 millones (2019), 74.051,51 millones (2020), 87.439,87 millones (2021), 97.624,11 millones (2022), 109.860,56 millones (2023), 133.448,67 millones (2024) y 148.185,42 millones (2025).

Coste directo para las empresas: 16.000 millones

Además del coste indirecto (pérdida de valor o productividad) de estas bajas médicas, las empresas tienen también que hacer frente al coste directo que suponen estas incapacidades temporales: lo que la compañía paga realmente por la baja laboral. A la hora de calcular el coste directo para las compañías, AMAT ha tenido en cuenta la prestación económica entre los días 4 al 15 (aquellos a cargo de las empresas), los complementos pactados por convenio y las cotizaciones a la Seguridad Social durante las situaciones de baja. 

Si se tiene en cuenta que para 2025 se calcula que habrá más de 9.200.000 bajas por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supondrían un 6,04% más que en el ejercicio 2024, AMAT estima un coste directo para las empresas de 16.010,97 millones de euros, que sería un 13,55% más (1.910,73 millones de euros más) que en el ejercicio 2024 y un 233,16% más (11.205,11 millones de euros más) que en 2015.

Por ello, las aseguradoras señalan que aparte de los costes económicos, la problemática de las bajas supone «un lastre que perjudica al resto de trabajadores al ver incrementada su carga de trabajo por tener que hacer frente al desarrollo de las tareas de los trabajadores en situación de baja, así como por los problemas de organización que tienen que ser afrontados por las empresas, toda vez que los procesos de sustitución no resultan posibles en buena parte de los casos, y aún menos cuando hay un elevado número de procesos de corta duración, y muchos trabajos requieren de un nivel de formación con el que no es fácil dotar a los trabajadores sustitutos en un plazo de tiempo corto o medio».

Para AMAT, «resulta necesario que se reflexione con cierta urgencia sobre la viabilidad del actual modelo de gestión de la prestación de ITCC». La asociación solicita que «se impulsen todas aquellas medidas orientadas a una mejor gestión y control del absentismo laboral derivado de la ITCC, preservando siempre los derechos de los trabajadores, pero dirigidas a evitar, además de todos los gastos que son innecesarios, el uso inadecuado de esta prestación por parte de una minoría de los mismos, así como a reducir las cargas administrativas y burocráticas».