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Economía

La ministra Elma Saiz da 1,5 millones a una fundación liderada por una de sus asesoras 

El Ministerio de Migraciones adjudica un contrato a una vocal de su Consejo Asesor de Brecha de Género

La ministra Elma Saiz da 1,5 millones a una fundación liderada por una de sus asesoras 

(I-D) El senador del PSOE Rafael Simancas; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en la Cámara Baja. | Europa Press

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha concedido este viernes 21 de noviembre 1.557.550 euros a una fundación privada que lidera una de sus asesoras. El gabinete de Elma Saiz ha otorgado este contrato millonario a APIP-ACAM, cuya vicepresidenta primera y fundadora, Montserrat Font Sanmiguel, es también miembro del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio, que dirige la propia ministra. Así lo ha descubierto Josué González, conocido como Canario Today en X, en donde se dedica a la fiscalización de ONG dedicadas a fomentar la inmigración, y lo ha podido corroborar THE OBJECTIVE en el Portal de Contratación.

El contrato tiene como objetivo la «prestación de servicios relacionados con alojamiento, manutención, mantenimiento preventivo y correctivo, seguridad, salubridad, transporte, acompañamiento social e información, traducción e interpretación y atención médica»  de 750 inmigrantes ilegales llegados a la península desde las Islas Canarias. Esto supone que Migraciones ha destinado 2.076,73 euros a cada uno de ellos.

Esta generosa cantidad, 1.557.550 euros, se suma a los 1.352.400 que recibió el año pasado, de modo que APIP-ACAM ha recibido 2.909.950 euros desde que Elma Saiz es ministra de Migraciones. La fundación, que tiene su sede central en Barcelona, ha sido objetivo de muchas críticas por su gestión de los inmigrantes en Aragón, por ejemplo. Ahí, los hacinaron en un hotel y se desentendieron de ellos, de modo que comenzaron a manifestarse contra la fundación por haberlos abandonado, según recogió Okdiario.

Sin transparencia

La fundación, tal y como consta en su página web, no actualiza sus datos de transparencia desde 2017, último año en el que publicó su memoria económica. En esas cuentas auditadas, la organización reportó ingresos totales de 14 millones de euros provenientes de subvenciones e ingresos públicos, lo que representaba casi el 90% de su financiación total. Este fuerte respaldo público resalta la necesidad de una actualización más frecuente de sus datos económicos, especialmente en un contexto de escrutinio creciente sobre el uso de recursos públicos.

Entre los gastos destaca el de personal, que alcanzó los diez millones de euros, lo que supone el 66% de los ingresos totales de la fundación aquel año. Esta proporción subraya la importancia de la estructura laboral dentro de su modelo de funcionamiento, pero también plantea preguntas sobre la eficiencia en la asignación de recursos.

Consejo asesor

La concesión, además, plantea un debate sobre los límites de la contratación pública. La vicepresidenta primera de la entidad es a su vez vocal del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Migraciones, que ha concedido la adjudicación. Dicho consejo nació el pasado mes de mayo con el objetivo de asesorar a Elma Saiz con «perspectiva de género» en la toma de decisiones para «cerrar las brechas provocadas por los roles tradicionales de género que persisten».

Desde el consejo se define a Montserrat Font Sanmiguel como alguien que «ha contribuido tanto a impulsar la iniciativa social como a dar visibilidad a la realidad de las mujeres, especialmente de las mujeres vulnerables, de las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, así como de las mujeres víctimas de explotación sexual y de trata de personas, entre otras». «Ha impulsado programas para la participación de las mujeres en el ámbito laboral, contra la feminización de la pobreza y a favor del empoderamiento y autonomía de las mujeres migrantes», se complementa desde el Ministerio.

En año y medio de existencia, solo se ha reunido tres veces. En su primera reunión, el Consejo acordó promover que las instalaciones de la Seguridad Social formasen parte de la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad. En la segunda, se habló de cómo proteger a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. En la tercera, celebrada el pasado mes de julio, se abordó la situación de las mujeres gitanas.

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