Las pensiones y los funcionarios elevarán en 9.300 millones el gasto público en 2026
El presupuesto seguirá condicionado por compromisos automáticos y la presión demográfica creciente
Óscar López y Elma Saiz, ministros de Función Pública y de Seguridad Social, respectivamente. | Ilustración de Alejandra Svriz
España afrontará 2026 con buena parte de su gasto ya decidido de antemano. Solo las actualizaciones automáticas de las pensiones —vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC)—, los sueldos de los funcionarios, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas no contributivas añadirán alrededor de 9.300 millones de euros al presupuesto, sin que el Gobierno —sea de continuidad o de alternancia— tenga escaso margen para intervenir. No es el resultado de nuevas medidas, sino del propio diseño del Estado del bienestar: mecanismos automáticos que se activan cada año y que condicionan las cuentas, incluso con los Presupuestos prorrogados.
Los datos analizados por THE OBJECTIVE a partir de fuentes oficiales muestran que el mayor protagonismo de este aumento del gasto vendrá del sistema público de pensiones. En 2025, la nómina de las pensiones superará los 215.900 millones de euros, una cifra que refleja el peso de un modelo que afronta 10,3 millones de prestaciones contributivas a 9,3 millones de personas, además de 452.203 no contributivas.
A lo largo del último año, la pensión contributiva media de jubilación ha tocado los 1.500 euros mensuales. Es el resultado de la revalorización del 2,8% aplicada según el IPC y de la entrada en el sistema de jubilados del baby boom con carreras más largas y bases reguladoras más altas. El coste medio por nueva pensión crece y consolida la tendencia de fondo: más beneficiarios y cuantías más elevadas.
Pensiones al alza
Con esta base, la actualización prevista para 2026 —en torno al 2,7%— añadirá unos 5.830 millones de euros. El segundo bloque clave es el de los salarios públicos. España supera los tres millones de empleados públicos entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
El acuerdo salarial entre los responsables del Gobierno y los sindicatos de la Función pública fija un alza acumulada del 10-11% entre 2025 y 2028. En el pacto inicial, se señala un tope del 4% anual para 2025 y 2026. Sobre una masa salarial superior a 172.000 millones, ese 2% en 2026 implicará unos 3.450 millones más. El impacto se extiende por todo el sector público: sanidad, educación, justicia, servicios sociales. Es una subida transversal que reduce aún más el margen para nuevas medidas en todas las administraciones, no solo en el Gobierno central.
A ello se suma el incremento previsto del Ingreso Mínimo Vital y de las ayudas no contributivas. Aunque el Ejecutivo no ha detallado cifras, estimaciones independientes sitúan la subida en torno a 1.500 millones, impulsada por la inflación, la adaptación de las cuantías y la ampliación del número de hogares beneficiarios. Desde su creación, el IMV ha ido ganando peso hasta convertirse en una pieza propia del sistema de protección social.
IMV y salarios de los funcionarios
El resultado global supera los 10.780 millones. Y lo relevante es que ninguno de estos compromisos es discrecional. Las pensiones se actualizan por ley, los salarios públicos responden a un acuerdo plurianual que estará vigente hasta 2028 y el IMV se revisa en función del coste de la vida. Son obligaciones automáticas, ajenas a cambios de Gobierno o ciclos electorales.
Esta dinámica coincide con el regreso pleno a las reglas fiscales europeas. España debe reducir déficit estructural tras varios años de excepcionalidad. Con una deuda del 103,4% del PIB en el segundo semestre de 2025 y un gasto en intereses al alza, el escenario fiscal es menor que hace una década.
La demografía añade presión adicional. La jubilación masiva del baby boom durará al menos dos décadas. Tanto Airef como la Comisión Europea anticipan que el peso de las pensiones sobre el PIB crecerá durante buena parte del periodo, incluso con las reformas ya aprobadas. Más pensionistas, pensiones más altas, revalorización automática. Un gasto que avanza por una senda propia, casi independiente del ciclo económico.
Compromisos públicos
El próximo Gobierno recibirá unas cuentas condicionadas por un volumen elevado de compromisos y un margen limitado para definir su propio proyecto político, bajar impuestos o iniciar nuevos programas expansivos. El reto no es decidir si revalorizar o no; es financiar un gasto estructural ascendente en plena exigencia de consolidación fiscal.
No es solo un problema de cifras, sino de estrategia: cómo sostener un Estado del bienestar cuyo coste crece por inercia demográfica y salarial en un entorno de menor tolerancia al déficit. Los 14.000 millones adicionales de 2026 son solo el umbral de un debate que marcará la política económica de la próxima década y que trasciende gobiernos y ciclos electorales.
Como adelantó THE OBJECTIVE, en los primeros ocho meses del año, el Gobierno ha elevado en 1.400 millones de euros la partida para cubrir la nómina de funcionarios, asesores y altos cargos, aún con los Presupuestos de 2023 prorrogados. Este ajuste refleja la rigidez del capítulo 1 —Gastos de personal— y anticipa cómo los compromisos automáticos de gasto —salarios, cotizaciones, complementos— inflan la base desde la que parte la actualización de 2026.