Crisis en el CNIO: una «vendetta por despecho» reabre el pulso por el control del centro

Diez meses después del caso Blasco, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se vuelve a ver inmerso en una nueva crisis reputacional debido a una acusación del exdirector de Operaciones que ha denunciado presuntas prácticas corruptas en la adjudicación de contratos públicos de gestión a lo largo de década y media. Son hasta 25 millones de euros los que habrían sido sustraídos mediante cientos de contratos inflados y licitaciones a dedo, según su testimonio.

La Fiscalía Anticorrupción —puesto que no hay ningún juzgado que investigue los hechos— ha abierto una pesquisa sobre las irregularidades y será la que los aborde para, posteriormente, decidir si pide que pasen a un juzgado o se archiven las diligencias. El actual gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, también ha informado sobre la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación del centro, escrito en el que él trabajaba desde que tomó posesión de su cargo el pasado 1 de septiembre.

En consecuencia, este martes, el patronato del CNIO ha destituido a tres altos cargos de la institución tras las presuntas irregularidades. Se trata del vicedirector de Asuntos Económicos, Juan Arroyo; la secretaria general, Laura Muñoz, y el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera. El patronato señala que, hasta la fecha, no constan denuncias previas distintas a la presentada por el propio gerente. Varios responsables internos consultados por THE OBJECTIVE muestran su sorpresa y consideran llamativo que se otorgue crédito a acusaciones aún no notificadas de forma oficial, dado que ello supondría asumir implícitamente que los órganos de control financiero del Estado no detectaron supuestas irregularidades valoradas en millones de euros.

Las fuentes consultadas recuerdan que el CNIO es auditado anualmente por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y que el ejercicio 2022-2023 fue además revisado por el Tribunal de Cuentas. Ambos organismos, explican estas mismas fuentes, validaron los procedimientos económico-administrativos del centro, incluidos aquellos citados de manera indirecta en la denuncia filtrada.

Esto hace que los responsables consultados muestren su sorpresa por la posibilidad de que se hayan pasado por alto irregularidades de la magnitud sugerida, en caso de existir, y recuerdan que el contenido filtrado a la prensa presenta similitudes con una querella formulada en 2020 por terceros contra la entonces gerencia, que fue archivada tanto en primera instancia como en apelación por un juzgado de Madrid.

Un conflicto laboral previo

Por otro lado, varios científicos del CNIO explican a THE OBJECTIVE, que el exdirectivo que habría presentado la denuncia fue despedido a finales de agosto tras un expediente disciplinario. Este trabajador habría abierto tensiones con la institución, especialmente tras descartarse su candidatura para ocupar la gerencia del centro cuando Juan Arroyo fue destituido el pasado mes de enero. Tras esta negativa, explica una científica conocedora de los hechos, el exdirectivo «empezó a hacer tonterías que pusieron en peligro varios contratos importantes del CNIO, incluido uno del animalario».

Por ello, otro trabajador interpreta sus actuaciones como una «vendetta personal» derivada del conflicto laboral para alegar que hubo «represalias en su despido» y que este se declare nulo. No obstante, todas las fuentes consultadas coinciden, y subrayan que cualquier alegación y sospecha debe investigarse. Dentro del CNIO existe preocupación por la posibilidad de que esta situación afecte a la estabilidad interna de la institución, que ahora comienza a levantar vuelo tras la incorporación del prestigioso físico Raúl Rabadán a la dirección del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El equipo directivo ha transmitido su intención de reforzar la transparencia y mantener la actividad del centro —la principal institución de investigación oncológica en España y la segunda más importante de Europa— al margen de las tensiones.

«Interpretaciones infundadas»

Por su parte, fuentes conocedoras de la investigación para la denuncia, señalan a este medio que «estas interpretaciones son infundadas y tratan de desviar la atención sobre el foco del desfalco, tratando de atribuir intencionalidad o un hecho personal». «La investigación sobre los amaños en los contratos comenzó en verano de 2024 como acreditan diversos documentos sobre el procedimiento de control y seguimiento de los contratos elaborado con la Dirección de Cumplimiento Normativo y varias denuncias internas del Director de Operaciones por irregularidades a finales de 2024; mucho antes de la crisis entre Arroyo y Blasco que acabó en la sustitución de ambos», aseguran.

De esta forma, indican que el malestar mostrado por el exdirector de Operaciones y por otros ejecutivos tras la sucesión de Arroyo «fue público y se centra en que el sistema elegido tras su cese. El esquema propuesto por la presidenta del Patronato, perpetuó el control efectivo de Arroyo y la falta de transparencia». Algunos empleados señalan que «a Arroyo le permitieron conservar así todo su poder, su lujoso despacho y su plaza de parking, mientras que Maribel Salido, la gerente interina y antigua administrativa de finanzas, ocupa un pequeño despacho anexo al de Arroyo. Otros apuntan a que ella siempre acudía acompañada de Arroyo a las reuniones, y era este quien le dictaba cómo actuar».

Por otra parte, según fuentes próximas al exdirector de Operaciones, «este siempre hizo pública su participación en el proceso para la elección del nuevo gerente como compromiso por la renovación y la transparencia», y aseguran que «este ya había presentado su denuncia antes de que se finalizara el proceso selectivo. De hecho, la última entrevista se produjo una semana después de registrar su denuncia en Anticorrupción», concluyen.