El desempleo se sitúa en el mínimo desde 2008 pero el gasto del paro roza cotas históricas
La figura del fijo discontinuo desplaza a miles de trabajadores fuera del registro oficial, pero no de la nómina del SEPE
Oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. | EP
España ha entrado en una fase inédita en su mercado laboral: el país registra menos paro que en 2008, pero la factura del desempleo roza niveles históricos. La EPA, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) que determina el paro real según estándares internacionales, situó en el tercer trimestre de 2025 a 2.613.200 personas desempleadas: una tasa de paro del 10,45%. Al tiempo, la ocupación marca un máximo histórico: 22.387.100 personas trabajando en España.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registró en octubre de 2025 a 2.443.766 parados inscritos, la cifra más baja para ese mes desde 2007. El mercado laboral, sobre el papel, muestra fortaleza: menos paro, más ocupación y más afiliación. La verdadera anomalía aparece al revisar la factura del desempleo.
En agosto de 2025, el gasto mensual en prestaciones alcanzó los 2.109 millones de euros, según la estadística oficial del SEPE. La prestación media se situó en 1.372 euros, un incremento del 24,2% interanual. La tasa de cobertura, el porcentaje de parados registrados que recibe prestación, escaló al 82,5%, el nivel más alto desde que existen series comparables.
La factura del paro
Los datos analizados por THE OBJECTIVE muestran que el desempleo cuesta más todavía cuando hay menos desempleados. En agosto de 2025, había 1.875.821 beneficiarios de prestaciones: casi tantos como un año antes, pese a tener decenas de miles de parados menos. La consecuencia es evidente: la relación entre paro y gasto ha dejado de funcionar como antes.
En 2013, en el pico de la crisis financiera, España gastó cerca de 27.000 millones con casi cinco millones de parados. En 2024, la factura se situó en 23.163 millones, pero con dos millones de desempleados menos. Si la tendencia mensual se mantiene, 2025 cerrará con entre 24.700 y 25.000 millones de gasto para pagar las prestaciones, consolidando la etapa de mayor gasto estructural desde que existen registros.
Este inusual contexto se explica al menos por tres razones. La primera es la subida de las bases reguladoras: las revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI), la actualización de convenios y el crecimiento del salario medio elevan el importe de las prestaciones. Aunque haya menos parados, cada prestación cuesta más que antes de la pandemia.
Auge de fijos discontinuos
La segunda es la expansión de la cobertura. En 2023, la tasa era del 71%. En 2025 supera el 82%. El refuerzo de subsidios como el de mayores de 52 años, la mayor compatibilidad entre prestación y empleo y la recuperación de carreras contributivas largas han ampliado el perímetro del sistema. Más personas con derecho y, también, durante más tiempo.
La tercera razón detrás de esta brecha entre paro y gasto es la estructura del empleo, a la que se suma un elemento que complica aún más la lectura del mercado laboral: la calidad y estabilidad del empleo creado. El peso creciente del fijo discontinuo, junto con la estaciónalidad y la rotación de contratos, han reducido artificialmente la cifra de parados sin que ello implique necesariamente más trabajo efectivo. Esto se debe a que muchos trabajadores alternan periodos de actividad e inactividad sin aparecer como desempleados reales en la EPA: figuran como ocupados en la EPA incluso cuando no trabajan —la EPA mide la ocupación— y no aparecen como parados en el SEPE mientras están inactivos —el SEPE se encarga de las prestaciones—. Sin embargo, sí pueden cobrar prestación. Esta dinámica desplaza a miles de inactivos fuera de la estadística del paro, pero no reduce el coste del sistema.
La fotografía tras la pandemia
El resultado es un mercado laboral más complejo y un sistema de protección más exigente. El país ha logrado reducir el paro a niveles previos a la crisis financiera, pero eso convive con una factura del desempleo que sigue anclada en la franja alta de aquella recesión. Si la evolución del empleo continúa apoyándose en fórmulas de actividad intermitente y alta rotación, la distancia entre la mejora estadística y el coste efectivo del desempleo seguirá ampliándose.
La pandemia amplificó estas dinámicas. En 2020, el gasto en prestaciones alcanzó 36.396 millones, un récord histórico derivado de los ERTE y de ayudas extraordinarias. Aquel salto no volvió atrás: el sistema quedó anclado en una franja de gasto mucho más alta que la existente antes de la pandemia.
Este escenario tensiona las cuentas públicas. El gasto en desempleo ya no es cíclico: es estructural. La elevada afiliación sostiene la recaudación, pero el coste no disminuye cuando baja el paro. Y, junto a las revalorizaciones de pensiones y salarios públicos, reduce significativamente el margen de cualquier Gobierno para gestionar el presupuesto.