Los empresarios estallan contra el legado de Sánchez: «Nos dejará en la ruina»

7 de mayo de 2021.- Nadie sabe con certeza cuándo empezó exactamente la guerra de Pedro Sánchez contra los empresarios, aunque hay que remontarse a mayo de 2021, solo un año después de que estallara la pandemia, para encontrar una de las primeras declaraciones públicas del presidente del Gobierno criticando la gestión de los directivos. En la Cumbre Social que esos días se celebraba en Oporto (Portugal) dijo que no era aceptable que hubiese despidos «en empresas de sectores ganadores de la crisis mientras se tienen salarios de seis cifras». El foco se ponía sobre el sector bancario que llevaba varias semanas anunciando despidos masivos al mismo tiempo que se conocía el pago de bonus a sus altos ejecutivos. Días antes había sido la propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la que se había quejado por estos ERE.

12 de julio de 2022.- Se consuma el giro social y antiempresa de Sánchez. En el debate sobre el estado de la nación —uno de los pocos que ha hecho desde que llegó a La Moncloa en 2018— anunció una batería de medidas para «evitar que la crisis la paguen los más desfavorecidos». Por entonces, a los efectos de la pandemia se había sumado la subida de los precios de la energía, de los tipos de interés y los problemas con la cadena de suministro. La invasión de Rusia en Ucrania había terminado de golpe el pequeño periodo de bonanza vivido tras la covid. En todo este contexto, el Ejecutivo decidió poner en marcha una campaña populista contra los empresarios. Y la primera piedra fue el impuesto extraordinario a las energéticas y a la banca, a quienes acusó directamente de enriquecerse aprovechando la coyuntura económica.

Todo aderezado con una batería de ayudas sociales en transportes, energía y otras subvenciones. «Lo que se llaman beneficios caídos del cielo no caen del cielo: salen del bolsillo de los consumidores», dijo para justificar los nuevos impuestos. «No vamos a consentir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de pocos» indicó. Unas palabras con las que Sánchez dinamitaba los puentes que había tendido con la empresa y los empresarios desde la irrupción de la covid. De la frase «de esta salimos todos juntos» con la que pidió ayudar en la reconstrucción y que le hizo estrechar lazos con el IBEX 35 y con las patronales, se pasó al «vamos a por todas en defensa de la mayoría social, nos vamos a dejar la piel por las clases medias y trabajadoras».

Giro social

5 de septiembre de 2022.- Sánchez escenifica su «giro social» e inaugura el curso con ciudadanos y personas de la calle, «los que sufren la crisis». Pese a que finalmente se demostró que la mayoría de estos ciudadanos anónimos eran militantes socialistas, la realidad es que el presidente sustituyó los multitudinarios actos con empresarios en el inicio del curso 2020 y 2021 por una breve recepción en La Moncloa para agasajar a la «mayoría social». Sánchez llevaba semanas preparando el ciclo electoral y la serie de comicios regionales que se agolpaban en los meses posteriores. Un ciclo que empujó al presidente a coger el testigo del Pablo Iglesias más reaccionario (que ya había abandonado la vicepresidencia y se había retirado de la política activa tras perder en las elecciones de la Comunidad de Madrid) para empezar una operación para hacerse con el electorado de Sumar y Podemos.

Entonces no se sabía, pero un año después se mantendría en la Moncloa precisamente por este giro a la izquierda. Perdió las autonómicas y las generales, pero minimizó esta última derrota y logró seguir en el Gobierno. Se demostraba que ir contra las grandes comporaciones salía rentable, para su electorado más fiel, pero sobre todo para agradar a la nueva mayoría de investidura: Sumar, Podemos, Bildu y ERC. Al PNV y a Junts ya les prometería otras cosas. En todo caso, las bases de unas políticas antiempresa ya estaban sentadas. Y ya no solo por la izquierda más extrema y las declaraciones periódicas de Yolanda Díaz, en su condición de ministra de Trabajo. Era la consolidación de una nueva estructura económica y productiva que ya se ensayó en la pandemia y que no ha hecho más que perpetuarse desde entonces.

Un sistema en el que ya son más las personas que cobran algún tipo de prestación (ayuda social y pensiones) que las que trabajan; en el que el coste laboral y de despido se hace insostenible; con una estructura impositiva cada vez más elevada que ha hecho que todos los meses se batan los récords de recaudación fiscal; una burocracia galopante que ya nos cuesta el 6% del producto interior bruto (PIB); y con el Estado impulsando una economía en la que flaquea la inversión, el comercio exterior y el consumo. Un sistema donde también se demonizan los beneficios y la gestión. Y es que más allá del artificio de atacar a los popes del IBEX 35 o llegar a decir en julio de 2022 que «he escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán; en fin, creo que, si protestan, es que vamos en la buena dirección», Sánchez ha puesto en marcha una estructura altamente ineficiente que está desquiciando a los empresarios. Y que a los que menos afecta es a las grandes del Ibex. Por el contrario, los más perjudicados son las pymes que cada vez lo tienen más difícil llegar a fin de mes.

Margen para gobernar

Esta indignación va en aumento quizás por el agotamiento de vivir un Gobierno que ya dura más de siete años, de los cuales al menos la mitad se ha dedicado a atacarles. Esta semana se desarrolló en Zaragoza el XXIV Congreso de Directivos de CEDE, una de las organizaciones que reúne a más directivos, líderes y gestores y que está presidida por el histórico presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. Con más de 1.600 asistentes, no dio pie en su programa oficial a realizar críticas a la política económica, pero en los pasillos del evento se escucharon muchas voces críticas y el sentimiento generalizado de que la empresa no aguanta más. Directivos que estallaron contra el legado de Sánchez. «Nos dejará en la ruina», dijeron minutos después de escuchar al ministro de Industria, Jordi Hereu, vender las bondades de la política económica de Sánchez.

Palabras que se vienen escuchando de manera insistente —y en privado— casi al mismo tiempo que a Sánchez se le agota el margen para gobernar con menos aliados en el Congreso para mantener en pie la legislatura. En cada congreso, charla o conversación que el sector viene sosteniendo en las últimas semanas, el diagnóstico es el mismo: las decisiones económicas llevan años perjudicando a los empresarios, aunque lo peor es el legado que quedará, coinciden en señalar los consultados. Una estructura económica altamente endeudada que será difícil desmontar y que —en el camino— podría generar importantes caídas del PIB. Desplomes que impactarán de lleno en los bolsillos, no solo de la ciudadanía, sino que también del tejido productivo.

Dentro de estas críticas una de las más recurrentes tienen que ver con el escaso margen que las decisiones del Gobierno dejan para la inversión. Al respecto un alto directivo de una empresa del sector de la energía critica la poca certeza de la la hoja de ruta normativa en todos los sectores, pero en especial los regulados, lo que hace que las compañías tomen determinadas decisiones de inversión y que prioricen otros países donde es más fácil rentabilizar sus proyectos. «Necesitamos un marco general y a largo plazo, para asegurar la inversión», indica. Unas palabras que cobran sentido si consideramos la caída de la inversión extranjera directa (IED) del 60% en el primer semestre y con datos de inversión interna con claros síntomas de agotamiento.

Cataluña y País Vasco

Otra de las críticas que más se repite es la normativa laboral, con el aumento constante de los costes por el salario mínimo y los intentos por reducir la jornada laboral. Tampoco ha gustado que esta semana el Ministerio de Trabajo se haya levantado de la mesa de negociación sobre la actualización de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales para legislar solo con los sindicatos. Algo que ya viene siendo recurrente durante toda la legislatura. Pero también critican que no se haga nada por combatir lastres como el elevado absentismo que genera que un millón y medio de trabajadores no vaya al trabajo y que el 19% de las bajas sean fraudulentas. Respecto de las cifras de parados, se aplaude que baje la tasa de desempleo, aunque se hagan artificios estadísticos con los fijos discontinuos. Pero se critica que cada vez sean más las personas que no trabajan y que el Estado tolere que ya hayan más personas cobrando alguna prestación pública que trabajadores. «Algo absolutamente sostenible para nuestro quebrado sistema de pensiones», dice un empresario que debe pagar centenares de nóminas a final de mes.

A esto se suman los problemas de inequidad territorial. Uno de los ejes de acción del Gobierno supuestamente es el equilibrio regional, pero en la práctica —dicen los directivos consultados— las decisiones económicas siempre terminan favoreciendo a los mismos, los socios de investidura y en concreto Cataluña y País Vasco. Y aquí hay dos ejemplos muy claros: los esfuerzos para dotar a los primeros una recaudación de impuestos «singular» y a los segundos de más independencia económica, ahora con la gestión de la Seguridad Social. Una inequidad que también se materializa en que a estas dos autonomías se les vaya a favorecer en el futuro reparto de potencia eléctrica, clave para atraer nuevas empresas a los territorios. Una distrubución que puede lastrar a otras comunidades que ya han cerrado importantes acuerdos para que gigantes extranjeros se instalen dentro de sus fronteras.

En definitiva, piden al Gobierno dejar de demonizarles. Hace unas semanas, el presidente de Mercadona, Juan Roig, animaba a las corporaciones a hacer pedagogía y explicar a la sociedad que tener beneficios no es malo… a pesar de lo que dice la izquierda y el Ejecutivo de Sánchez. Con más beneficios se puede financiar la inversión en tecnología, aumentar y mejorar la calidad del empleo y, sobre todo, mantener el estado de bienestar. Y es que recuerdan que las políticas sociales no se financian con el dinero de los políticos, ni de quienes están en la Moncloa, se financian con el dinero de los impuestos de las empresas y de los ciudadanos. «No somos el enemigo a batir, somos un aliado de los gobernantes y de la sociedad, por mucho que las voces más extremistas digan lo contrario», recuerda el líder de una patronal autonómica. No obstante, acto seguido recuerda que muchos ya han dado por perdida la batalla y no les queda más que esperar en silencio que se produzca la alternancia política. «Hasta entonces, seguiremos resistiendo», concluye un dueño de una compañía agroalimentaria con sede fuera de Madrid.