Las denuncias por corrupción en contratos públicos se disparan el 40% en apenas un año
Un tercio de las denuncias presentadas se acaba archivando sin abrir diligencias
Los amaños de contratos públicos son el eje de las diversas tramas corruptas que apuntan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. | Ilustración de Alejandra Svriz
Las denuncias por corrupción relacionadas con contratos públicos aumentaron un 41,2% en 2024, al pasar de las 221 registradas en 2023 a 312 expedientes, según el último informe de la OIReScon analizado por THE OBJECTIVE. Más de la mitad de estas denuncias, el 51,6%, estaban en trámite a 31 de diciembre de 2024. Mientras, el 36,5% se archivó sin abrir diligencias. Solo el 12% de los expedientes avanza más allá de la fase preliminar en el ejercicio en el que se denuncian prácticas vinculadas a la corrupción.
Este aumento de denuncias coincide con el volumen récord de contratación registrado en 2024. Las Administraciones licitaron el año pasado 113.648 millones de euros. El repunte de alertas dibuja un escenario de riesgo creciente para la integridad institucional, en el que el sistema de control no avanza al mismo ritmo que la actividad contractual. El informe titulado La prevención y lucha contra la corrupción en la contratación pública confirma un cambio estructural en los patrones de riesgo. Las prácticas relacionadas con la corrupción —trato de favor, tráfico de influencias e incompatibilidades no declaradas— se convierten por primera vez en la principal categoría de denuncia y representan el 24,68% del total.
Esta tendencia contrasta con los ejercicios anteriores, en los que las irregularidades de adjudicación solían ocupar la primera posición. «El incremento de comunicaciones en esta materia sugiere una mayor exposición en fases previas del procedimiento y un aumento de los indicios de interferencia indebida», destaca el documento.
Corrupción y conflictos de interés
La vulneración normativa experimenta un salto aún más llamativo: pasa del 4,98% en 2023 al 24% en 2024. Se trata de incumplimientos laborales, urbanísticos o medioambientales que afectan directamente a la actividad contractual. Según la OIReScon, estas infracciones no solo ponen en peligro la legalidad de los contratos adjudicados, sino que alteran la competencia efectiva entre operadores y comprometen la supervisión posterior. Es, junto a las prácticas corruptas, la categoría que más crece en el último ejercicio.
El conflicto de interés se consolida como uno de los elementos más preocupantes del sistema. Uno de cada cuatro expedientes denunciados (23%) incluye indicios de vínculos personales o profesionales entre responsables públicos y empresas licitadoras. La OIReScon subraya que este tipo de casos impacta directamente en la elaboración de pliegos, la composición de las mesas de contratación, la valoración de ofertas y la supervisión de la ejecución. Es, según el organismo, uno de los principales indicadores tempranos de riesgo de amaño.
Los contratos de servicios vuelven a situarse como el epicentro del problema. Representan el 48,40% del total de denuncias y encabezan la clasificación por séptimo año consecutivo. La elevada discrecionalidad en los criterios de valoración, la dificultad de verificar la ejecución real, la fragmentación de prestaciones y la proliferación de subcontratas explican, según el informe, su mayor vulnerabilidad. La mayor parte de los casos se concentra en servicios sociales, mantenimiento, seguridad privada, asistencia técnica y externalización de funciones administrativas.
Contratos bajo la lupa
El aumento de denuncias contrasta con la limitada capacidad de respuesta institucional. Sólo una minoría de los casos logra avanzar más allá de la fase preliminar. La OIReScon, adscrita al Ministerio de Hacienda, atribuye estos datos a la falta de medios y al impacto de la Ley 2/2023 de protección del informante, que ha generado un aumento de comunicaciones sin una ampliación proporcional de recursos en las oficinas antifraude.
La situación se agrava por el retroceso de las actividades preventivas. Las actuaciones formativas, auditorías internas, guías de integridad y protocolos específicos disminuyen casi a la mitad: pasan de 175 en 2023 a 85 en 2024. Este descenso se produce, además, en un año en el que la contratación pública alcanza máximos históricos y en el que crecen de forma simultánea los indicadores de riesgo. La OIReScon advierte de que la prevención «es un pilar esencial» del sistema y que su debilitamiento compromete la detección temprana de irregularidades.
El volumen económico de la contratación refuerza la preocupación. En 2024 se licitaron más de 113.648 millones de euros, con un cuarto trimestre excepcional de 35.221 millones que elevó la cifra anual a niveles sin precedentes. El incremento del gasto público canalizado a través de contratos y la complejidad creciente de los procedimientos aumentan la exposición del sistema a riesgos de integridad.
Manipulación de adjudicaciones
El informe llega, además, en un clima judicial marcado por varias condenas por manipulación de adjudicaciones, fraccionamientos indebidos y alteración de pliegos en distintas administraciones autonómicas y locales. Aunque estos casos no guardan relación directa con las denuncias recogidas en el documento, sí evidencian la persistencia de prácticas irregulares en el sistema y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión.
La OIReScon concluye que el modelo español de contratación pública atraviesa un punto crítico: aumentan las señales de alerta, se estanca la capacidad investigadora y retrocede la prevención, mientras la actividad contractual sigue creciendo. El riesgo, advierte, no es únicamente cuantitativo: la concentración de denuncias en prácticas corruptas, conflictos de interés y vulneración normativa apunta a fallos estructurales en las primeras fases del procedimiento.