Cataluña es la única región que no facilita datos para investigar posibles amaños en contratos

La contratación pública en España presenta una brecha crítica en la supervisión del año 2024. Cataluña fue la única comunidad autónoma que no remitió al organismo estatal los datos requeridos para investigar posibles prácticas colusorias en sus contratos, según el último Informe Anual de Supervisión. La ausencia de esta información no supone un hecho menor: Cataluña adjudicó 135.718 contratos por un valor de 43.167 millones de euros, cerca de una quinta parte del gasto público adjudicado en el país durante el periodo analizado. Esto supone el vacío informativo determinante, porque deja fuera del radar uno de los mercados de contratación más relevantes de España.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) es el organismo estatal responsable de garantizar la integridad, transparencia y competencia en la contratación pública en España. Adscrita al Ministerio de Hacienda, tiene el mandato legal de analizar los datos de adjudicación, identificar riesgos, supervisar prácticas anticompetitivas y evaluar el impacto económico del gasto contractual con el fin de proteger el interés público.

La capacidad para cumplir esta función depende de la información que le remiten las administraciones y autoridades de competencia, ya que no instruye expedientes por sí misma: coordina, monitoriza y emite alertas tempranas sobre el comportamiento del mercado. Cuando los organismos territoriales no facilitan los datos requeridos, como sucede en el caso de Cataluña, el supervisor pierde visibilidad sobre una parte sustancial de la contratación pública, lo que limita la capacidad de detectar posibles amaños, impide estimar los sobrecostes para el erario público y debilita la lucha contra la corrupción y el ahorro de costes.

Sin datos de Cataluña

Los datos disponibles del resto del país, examinados por THE OBJECTIVE, ofrecen un diagnóstico relevante sobre el funcionamiento de la contratación pública. En la muestra de expedientes analizada por el supervisor se identificaron indicios de prácticas anticompetitivas en todos los casos, pactos de no competencia y conductas de alineamiento estratégico de ofertas. Sin embargo, estas actuaciones solo desembocaron en dos sanciones firmes, lo que refleja una brecha entre detección e imposición de consecuencias jurídicas. El informe sugiere que esta combinación —presencia de indicios y baja tasa de respuesta coercitiva— puede reducir la capacidad del sistema para disuadir comportamientos anticompetitivos en el ámbito de la contratación pública.

El informe no cuantifica el impacto económico agregado de estas conductas, en parte porque los expedientes analizados abarcan sectores diversos y múltiples licitaciones, lo que dificulta estimar con precisión su coste para el erario. En mercados concentrados, pequeñas coordinaciones de precios pueden generar sobrecostes significativos para el sector público. Con ausencia de datos completos y homogéneos, el sistema español carece de capacidad para estimar estos efectos y para incorporarlos de manera sistemática en la evaluación de riesgos y diseño de políticas preventivas.

En este contexto, la situación de Cataluña agrava una debilidad sistémica. La supervisión nacional es parcial e incompleta, con un universo de control reducido y lagunas territoriales significativas. No se sabe si en Cataluña se reproducen los patrones nacionales —prácticas colusorias generalizadas y baja sanción—, si son más intensos o si afectan a sectores distintos. La ausencia de datos convierte al mercado catalán en una zona de sombra estadística en la que no hay vigilancia, no hay análisis y no hay responsabilidad.

Ley de Contratos

La Ley de Contratos del Sector Público obliga a las autoridades a colaborar facilitando la información necesaria para la supervisión, precisamente porque la contratación pública es uno de los principales canales de gasto del Estado y, por tanto, una fuente potencial de ineficiencias, captura y desvío de recursos. Si una comunidad no remite los datos requeridos, el sistema pierde la capacidad de detectar irregularidades en origen, en un contexto de presión presupuestaria, externalización creciente y dependencia de operadores privados.

El informe dibuja un contexto de supervisión débil y con dificultades por falta de información. La evidencia es que se detecta la irregularidad, se sanciona poco, se mide mal y no se dispone de datos completos. España convive con prácticas anticompetitivas acreditadas en todos los expedientes que se consiguen analizar, pero carece de mecanismos eficaces para prevenirlas, sancionarlas o estimar su coste real. La ausencia de datos de Cataluña agrava el problema y lo hace difícilmente visible, dejando sin control miles de contratos públicos en una de las economías más dinámicas del país.