De cohete a bengala: España es el peor país de la UE en la gestión de los fondos
Su capacidad de absorción de los NextGen ha sido del 43,8%, frente al 72,2% de Italia y el 59,4% de Grecia
Pedro Sánchez recibe el aplauso de su bancada en el Congreso de los Diputados. | EP
De «cohete» y ejemplo entre los socios europeos a bengala. Así lo constatan los datos. Fuentes europeas consultadas por THE OBJECTIVE indican que el Gobierno de España no ha sido capaz de absorber, en cinco años, más que el 43,8% de los fondos Next Generation. Una evaluación que nos coloca a años luz de la capacidad de absorción de Francia (84,6%) o de Alemania (65%). Pero también de Italia, el país con el que España se puede comparar, porque es el que mayor volumen de ayudas ha recibido del Plan de Recuperación y Resiliencia (194 millones). Sin embargo, la capacidad de absorción del país transalpino está en torno al 72,2%. Países como Grecia y Portugal (59,4% y 57,4%, respectivamente) también superan a España.
La semana pasada, el Gobierno de Pedro Sánchez admitía su renuncia a solicitar el 75% de los préstamos de los fondos Next Generation. Una parte de los fondos se podía haber solicitado desde 2021, pero no se hizo. Este martes se ha sabido que el Ejecutivo ha decidido plantear otra nueva adenda a la solicitud del desembolso de un sexto pago, que ya lleva prácticamente un año de retraso.
Fuentes políticas confirman que esa adenda a las subvenciones lleva implícita la renuncia de leyes básicas para el Plan de Recuperación. Entre otras razones, porque el Gobierno se ve incapaz de sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria por falta de apoyos. Quedarán posiblemente en el camino leyes como la de Industria, sin saber si podrá cristalizar la fiscalidad del diésel. Por incumplir esta reforma, España ya perdió alrededor de 1.100 millones de euros de los fondos. Pese a ese sacrificio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado la adenda española como una reducción de carga administrativa, un refuerzo de prioridades estratégicas y una reducción de la deuda, porque solo pedirán 22.800 millones de los 80.000 millones destinados a préstamos, descartando el 75% de estos y casi el 40% del total de ayudas. El razonamiento es que el Gobierno se ve fuerte en materia macroeconómica y asegura que podrá asumir ese dinero que no va a pedir a Bruselas y se podrá financiar solo.
Una estadística menguante
Aparte de esta previsión optimista, antes de llegar a esta situación y a solo ocho meses de que el Plan de Recuperación y Resiliencia cierre el telón, España se planta con una estadística de ejecución menguante. La prueba es que la cuarta y quinta solicitud de desembolso de estos fondos se aprobaron con un año de retraso. La sexta no se ha presentado aún —en pleno reconocimiento de negociaciones— y, por supuesto, la séptima también acumula cinco meses de retraso. Así pues, el Gobierno ha tenido que llevar a cabo varias reprogramaciones como consecuencia de hitos mal estructurados imposibles de cumplir, programas sin demandas y ejecuciones tardías e incluso frustradas en mitad del camino.
A diferencia de Francia y de Italia —que tomaron la determinación de contar con empresas de consultoría nacionales e internacionales, contratadas por sus respectivos gobiernos y otras entidades, para diseñar, aplicar y evaluar proyectos específicos dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia—, España prefirió diseñar su Plan sin ningún apoyo que no fuera la iniciativa política exclusiva del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sobre este propósito, en el Diálogo 21 de Recuperación y Resiliencia, la eurodiputada del Partido Popular Isabel Benjumea aprovechó para preguntar a la Comisión una cuestión esencial: «¿Qué va a pasar con el dinero que no se gaste? Porque la gente con la que nos hemos reunido está preocupada por ello, porque se da cuenta de que se está acabando el tiempo y se pregunta qué va a pasar con ese dinero y con esos proyectos».
Sin datos desde agosto de 2021
Pasados ya casi cinco años, según los propios datos de la IGAE —como ya adelantó en una información reciente THE OBJECTIVE—, en estos momentos hay cerca de 110.000 millones sin ejecutar, el 67% de los fondos asignados. Ello indica falta de transparencia por parte del Ejecutivo, pues el Gobierno no publica tampoco el dato de ejecución desde agosto de 2021. Los pocos datos que se tienen sobre este plan se centran siempre en pagos realizados.
Un indicador, el de los pagos realizados, que tampoco goza de buenos resultados. Año tras año, como la Intervención General de la Administración del Estado muestra, ha ido perdiendo esa velocidad de crucero de la que siempre ha presumido el Gobierno. En 2021 se pagaron 11.000 millones, el 45,5% de lo presupuestado. En 2022, 11.271 millones, es decir, el 39,5% de lo presupuestado. En 2023, el 27,3% de lo presupuestado. Un año más tarde, en 2024, el pago de fondos fue de 9.114 millones, el 26,6% de lo presupuestado. Y este año, a fecha del 31 de octubre de 2025, el total de pagos realizados, que no de obligaciones autorizadas, no superaba el 12,55% de las ayudas correspondientes a este ejercicio.
En cuanto a los préstamos, España renuncia al 75% de esta segunda opción de ayuda de los fondos Next Generation. Renuncia —señaló Cuerpo—, que se hace para «minimizar el impacto de la deuda». Estos préstamos estaban diseñados por parte del Gobierno para vivienda social, descarbonización industrial, capital riesgo, microchips y coinversión en el sector privado. Las comunidades autónomas estaban entre los principales beneficiarios. Este martes, tras el Consejo de Ministros, el titular de Economía afirmó que entre los grandes retos que asumirá España en la recta final de ejecución de los fondos Next Generation figura la transformación del hito del suelo, en materia de vivienda, por la creación de una empresa pública y la transformación del SEPE.