Los datos tumban el relato de Sanidad sobre la «expansión privada»: 9.300 millones menos
La proporción destinada a conciertos sanitarios pasó del 11,6% en 2013 al 10,1% en 2022
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP
El Ministerio de Sanidad publicó recientemente un informe sobre la penetración de la sanidad privada en nuestro país. Con él quiso poner de manifiesto la «expansión descontrolada» de la sanidad privada en el sistema público y advertir sobre «los riesgos» que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada. Sin embargo, los números del propio departamento de Mónica García muestran lo contrario: la inversión proporcional sobre el total del gasto sanitario público en conciertos con la sanidad privada ha disminuido en los últimos años.
Según las cifras de Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad recopiladas por la patronal de la sanidad privada ASPE, la proporción destinada a conciertos pasó del 11,6% en 2013 al 10,1% en 2022. «La reducción supone una pérdida de cerca de 9.300 millones de euros en inversión pública hacia conciertos durante la última década», aseguran.
El informe Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España del Ministerio de Sanidad indica que el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (SNS) se financiaron con fondos públicos. Además, el documento sostiene que alrededor del 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del SNS.
El ministerio asegura que «este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud» y advierte «sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema».
«No hay excedente de conciertos»
Sin embargo, las cifras del gasto sanitario público reflejan que, si bien en números absolutos, el importe destinado a conciertos sí ha ido en aumento —de 7.280 millones en 2013 a 9.521 millones en 2022, un incremento de casi un 31%—; proporcionalmente, el porcentaje que se destina a la partida de conciertos se ha reducido en los últimos años, variando del 11,6% que suponía en 2013 al 10,1% de 2022. De hecho, los gráficos muestran como ese porcentaje ha ido disminuyendo año tras año desde hace una década: 2013 (11,6%), 2014 (11,6%), 2015 (11,4%), 2016 (11,1%), 2017 (11,3%), 2018 (11,2%), 2019 (10,8%), 2020 (10%), 2021 (10,2%) y 2022 (10,1%).
«Estos datos desmienten cualquier argumento de ‘expansión descontrolada’ de la privada: no hay excedente de conciertos. El sector privado —y con él la capacidad asistencial nacional— pierde peso progresivo cuando la demanda y las listas de espera no dejan de aumentar», indica ASPE. Agrega que «de cada 100 euros del sector de provisión sanitaria privada, la colaboración con el sistema público supone el 15% [de media] de la facturación total» lo que «implica que el sector no tiene dependencia directa del sistema público para su desarrollo y crecimiento, dato que avala la realidad de que se actúa a demanda de la autoridad competente».
Más eficiencia económica
La patronal de la sanidad privada explica que «los procedimientos concertados con la sanidad pública en centros privados resultan en media hasta un 44% más baratos que los realizados en centros públicos». Por poner algunos ejemplos, explican desde ASPE, una sustitución de cadera concertada en la privada es aproximadamente un 46% más barata; una prueba PET concertada puede ser hasta un 69% más barata, y una laparoscopia gástrica restrictiva puede tener un coste hasta un 69% inferior en la privada.
«Estos datos no son anecdóticos: muestran que la colaboración privada no solo aporta capacidad asistencial, sino eficiencia económica real, permitiendo al SNS ahorrar recursos públicos sin sacrificar atención ni calidad», sostiene la patronal, que además lanza la siguiente pregunta: «Si tan nociva es la colaboración de la sanidad privada, ¿por qué este Gobierno apostó de forma tan tenaz por la renovación en 2025 del convenio de mutualismo administrativo de Muface, dando continuidad al modelo?».
Por último, ante la «misión» del Ministerio de Sanidad de «menospreciar el papel esencial de contribución del sector
privado a la salud pública», ASPE quiere dejar claro que desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, la sanidad privada ha colaborado «de forma legal y respetuosa» con el Sistema Nacional de Salud.
«Su intervención siempre responde a demanda del sistema público. Por tanto, la colaboración público-privada ha sido —y es— un mecanismo planificado para dar cobertura adicional cuando la sanidad pública está desbordada, no una estrategia de ‘intromisión’ o mercantilización. La privada no compite por conveniencia, sino que asume cargas reales de trabajo que la sanidad pública no tiene capacidad de absorber sola. Las acusaciones de que la privada actúa por cuenta propia o en contra del SNS constituyen una tergiversación intolerable del funcionamiento real del sistema».