La organización del impulsor del boicot a La Vuelta recibió 27,5 millones en subvenciones

La Fundación Mundubat, donde participa de forma activa Ibon Meñika, exrecaudador de ETA y señalado por haber impulsado los boicots contra la Vuelta Ciclista a España, se ha convertido en los últimos años en una de las principales receptoras de fondos públicos de cooperación y acción humanitaria en España. Su nombre se repite en los registros oficiales de subvenciones de la administración central, de varios gobiernos autonómicos y grandes ayuntamientos. Llegando a sumar la cuantía de 27,5 millones de euros, según un informe de transparencia del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Pública al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El Estado, principal sostén económico

El mayor volumen de dinero procede del Estado, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que firma con esta organización los convenios más cuantiosos. Dentro de los registros constan acuerdos plurianuales de tres millones y 2.250.000 de euros, además de proyectos específicos de 600.000, 485.000 y 640.806 euros destinados a cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo.

En el ámbito de la acción humanitaria, el organismo estatal también concede partidas extraordinarias. En los últimos ejercicios aparecen ayudas de 782.179 y 893.879 euros para intervenciones de emergencia, siempre bajo la fórmula de subvención dineraria sin contraprestación, lo que consolida a la administración central como el gran pilar financiero de la entidad secundada por el antiguo recaudador de ETA.

Las autonomías que más aportan

La Generalitat Valenciana figura como la administración autonómica que más dinero canaliza hacia la organización. En las convocatorias recientes se financian proyectos con 845.221 y 898.733 euros, en 2024. También 884.381 y 438.103 euros en 2025, además de otras ayudas de entre 350.000 y 550.000 euros para alianzas estratégicas con países empobrecidos y educación para la ciudadanía global.

Por otro lado, Navarra y Cantabria también mantienen una relación económica intensa con la fundación. El Gobierno navarro otorga una subvención de 563.972 euros en 2023 para intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo, junto a partidas de 110.000, 40.000, 30.000 y 24.999 euros para proyectos educativos y de sensibilización. Cantabria, por su parte, multiplica las ayudas en varias líneas, con cantidades que van de 24.333 a casi 110.000 euros para cooperación al desarrollo humano y sostenible, empoderamiento de mujeres, educación para el desarrollo y acción humanitaria.

Diputaciones y grandes ciudades

La Diputación Foral de Vizcaya es otro de los grandes financiadores de la organización ligada al recaudador de ETA. Sus programas recientes recogen una ayuda de 900.000 euros para cooperación al desarrollo y educación para la transformación social, además de subvenciones de 80.000, 79.999, 40.000 y 25.000 euros en ejercicios anteriores.

En el nivel municipal destacan Vitoria-Gasteiz y Bilbao. La capital alavesa financia proyectos de cooperación con importes superiores a 110.000-120.000 euros por iniciativa. Además de ayudas de 20.411 euros para sensibilización. Bilbao concede subvenciones de 70.000 y algo más de 60.000 euros para cooperación internacional, además de 26.340 euros en acción humanitaria, mientras que ciudades como Barcelona y Zaragoza aprueban cuantías de entre 25.000 y más de 50.000 euros en programas de justicia global solidaridad internacional.

Red de pequeñas ayudas y emergencias

Juntos a las grandes cifras, el mapa de financiación se completa con una tupida red de ayudas medianas y pequeñas que refuerzan la implantación territorial de la organización. Municipios como Pamplona, Hernani, Basauri, Errenteria, Burlada, Zaldibar, Irún o Larrabetzu aportan partidas que van desde los 2.000 hasta los 40.000 euros para acciones de sensibilización, educación para la transformación social, igualdad o emergencias humanitarias concretas, como las intervenciones en Gaza.

El resultado es una estructura de ingresos públicos diversificada, donde conviven grandes convenios millonarios del Estado y de la Generalitat Valenciana con convocatorias autonómicas de cientos de miles de euros y una extensa base de apoyos locales. En conjunto, esa red sitúa a la fundación Mundubat, como un actor con fuerte presencia en los presupuestos de cooperación, derechos humanos y acción humanitaria de varias administraciones españolas.