Cuatro rescates de la SEPI por valor de 1.000 millones están bajo sospecha de corrupción

Cuatro de los 29 rescates que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hizo durante la pandemia están bajo el punto de mira, y tres de ellos han estado —o están— bajo investigaciones judiciales por la sospecha de corrupción, ya sea por el pago a intermediarios o por la forma en la que se utilizaron estos recursos. No se trata de operaciones corrientes, sino de expedientes que representan 961 millones de euros, el 36% de todo lo que concedió el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), según el análisis de THE OBJECTIVE. Es decir, los más importantes realizados durante este periodo.

Los rescates de Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Plus Ultra (53 millones) y ahora Tubos Reunidos (113 millones) están bajo la lupa casi cinco años después, con lo que se añade una nueva dimensión a una serie de operaciones cuestionadas casi desde que se concedieron. Concesiones salpicadas de dudas por las formas utilizadas, los requisitos que debían cumplir y el verdadero estado financiero de muchas de estas empresas cuando recibieron la ayuda pública.

Este diario ha explicado en numerosas ocasiones que muchos de estos rescates -no solo el de Air Europa- no cumplían con los requisitos que la propia herramienta estableció y que algunas de las empresas estaban en situación crítica mucho antes de que irrumpiera la pandemia, lo que hacía inviable la concesión de la ayuda. El Gobierno, la SEPI y el Ministerio de Hacienda siempre han defendido que se respetó escrupulosamente toda la normativa, aunque se han negado de forma sistemática a revelar el detalle de los expedientes que mantienen bajo el más absoluto secreto.

Tubos reunidos

No obstante, los datos conocidos en el auto de diligencias previas que justificó la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; de la exmilitante del PSOE, Leire Díez; y del socio de Santos Cerdán., Antxon Alonso, confirman la existencia de comisionistas vinculados a tramas de corrupción para sacar adelante los millonarios rescates del fondo de solvencia de la SEPI. Sospechas que ya puso sobre la mesa Víctor de Aldama y su asesoría a Air Europa.

El documento al que ha tenido acceso este diario indica que una de las cinco operaciones por las que se investiga a los tres detenidos en delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal tiene que ver con el rescate de Tubos Reunidos, aprobado en julio de 2021, por valor de 112,8 millones. El auto indica que el grupo Hirurok (Nosotros tres, en euskera, como se denominaban los propios acusados) «habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda —de la SEPI—, percibiendo por ello un total de 114.950 euros». «Las acciones desarrolladas por Hirurok habrían consistido, según las propias palabras de los investigados, en su intermediación, la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda».

Un modus operandi similar al que relató el propio Víctor de Aldama. En declaraciones a los investigadores policiales confirmó que le contrató la familia Hidalgo (dueños de Air Europa y del 50% de Ávoris a través de Halcón Viajes) para que les asesorara en diferentes operaciones estancadas, entre ellas el rescate de la aerolínea. La Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil acredita pagos totales de al menos 169.400 euros por estas gestiones.

Rescates de la SEPI

Posteriores mensajes confirman que Aldama y Javier Hidalgo, entonces CEO del grupo, mantuvieron una profusa comunicación los meses anteriores a la concesión de la ayuda, lo que revelaba no solo los movimientos de la trama para conseguir el rescate, sino también el inusitado nivel de detalle que tenían de cada paso que se daba. Incluso hay intercambios de información que reflejan que Koldo García conoció la resolución definitiva de la ayuda días antes que fuese anunciada oficialmente.

Oficialmente, De Aldama cobró de los Hidalgo hasta diciembre de 2020, un mes después de conseguir la ayuda de Air Europa. En el caso de Ávoris, que recibió 340 millones en julio de 2021, el comisionista no recibió remuneración. Sin embargo, muchas fuentes le sitúan en la órbita de Globalia hasta muchos meses después y, por tanto, no se descarta que también influyera en la operación de la empresa, entonces participada al 50% por los dueños de Air Europa.

En todo caso, en marzo de este año la Audiencia Nacional acordó que la SEPI facilitara los detalles sobre el rescate de Ávoris, dentro de las ayudas a empresas estratégicas con dificultades financieras provocadas por la pandemia. El requerimiento ya se hizo con Air Europa, pero en los dos casos el Ministerio de Hacienda se niega a aportar los datos, por lo que ha recurrido a las máximas instancias la solicitud de esta información.

Plus Ultra

Pero todavía queda el caso Plus Ultra. Rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, ha estado siempre en el punto de mira. La compañía contaba con solo un avión en funcionamiento al recibir la ayuda y su estructura no se respondía con la de una empresa estratégica para España, lo que llevó a la apertura de una investigación judicial. Pero en enero de 2023 se produjo el sobreseimiento de la causa después de que la Audiencia Provincial de Madrid diese la razón a sus dueños al entender que su imputación se había producido fuera del plazo establecido por la ley.

La semana pasada se produjeron registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la sede de Plus Ultra en Madrid y se detuvo a sus principales directivos, entre los que se encontraban Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y director general de la aerolínea. La Fiscalía Anticorrupción les acusa del presunto uso indebido del rescate que habrían utilizado para llevar a cabo «operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela». En el punto de mira están los diversos préstamos que por entonces recibieron y que algunos de ellos habrían sido cancelados con dinero público.