La SEPI aplazó el pago de los intereses del rescate de Plus Ultra hace solo nueve meses

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó en el primer trimestre de este año la solicitud de Plus Ultra de aplazar y fraccionar el pago de los intereses del préstamo del fondo de rescate de la pandemia, mediante el que la aerolínea recibió 53 millones; de los cuales no ha devuelto ni un solo euro hasta la fecha. Así lo ha confirmado THE OBJECTIVE tras analizar los estados financieros de la entidad. Plus Ultra está otra vez en el punto de mira por la apertura de nuevas investigación judiciales, ahora por el presunto uso indebido del dinero recibido.

A principios de marzo de 2025, el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) autorizó este aplazamiento y fraccionamiento del pago y la recalendarización y liquidación a lo largo del presente ejercicio. Según los acuerdos firmados con la SEPI en marzo de 2021, la empresa debe pagar un interés creciente que este año supondría unos dos millones de euros. Un montante que se aplazó y que se reprogramó ante la imposibilidad de poder hacer frente a estos pagos.

Plus Ultra solo ha pagado los intereses del préstamo, según ha podido saber este diario: unos ocho millones al cerrar 2025, tras un primer pago de 800.000 euros al inicio de la vida del préstamo. Una situación que no es menor; precisamente este diario publicó a comienzos de semana que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) —tras sus primeras pesquisas y la irrupción en la sede de la aerolínea— duda de que se pueda devolver el dinero del rescate.

Tipos de interés

Este aplazamiento tiene dos lecturas. La primera es que, efectivamente, la compañía tiene dificultades para hacer los pagos en plazo. La segunda es que la SEPI está abierta a modificar las condiciones y los plazos que hagan falta para facilitar que finalmente se puedan abonar los montantes adeudados. Algo que, llegado el caso, podría aplicarse también al pago total del rescate concedido.

Plus Ultra firmó el 12 de febrero las condiciones del préstamo de 53 millones aprobado por el Consejo de Ministros tres días antes. Un préstamo participativo de 34 millones de euros con una vigencia de siete años, es decir hasta finales de 2028 (a un tipo de interés calculado en función de un componente variable permanente y otro variable en función de la actividad de la compañía) y de otro préstamo ordinario por importe de 19 millones con una vigencia de cinco años —hasta finales de 2026— y un tipo de interés fijo del 2% anual.

En el caso del préstamo participativo, este componente variable permanente está calculado con un índice de referencia (IBOR) establecido por la Comisión Europea al 1 de enero de cada ejercicio más un margen del 2,5% durante el primer año, el 3,5% entre el primero y el tercer ejercicio, el 5% entre el tercero y el quinto y del 7% entre el quinto y el séptimo. En cuanto al componente variable de este mismo crédito, se calcula siempre que el resultado de cada ejercicio antes de impuestos sea positivo. Este interés equivaldrá al 1% de la deuda pendiente de reembolso.

Plus Ultra y el Fasee

Dentro de las obligaciones suscritas entre Plus Ultra y el Fasee, la compañía se comprometió a hacer una operación de reducción de capital para compensar pérdidas por importe mínimo de cuatro millones de euros. Finalmente, la reducción se hizo por 4.026.920,09 euros y fue aprobada el 10 de junio de ese mismo año 2021.

Otro de los condicionantes de la concesión del préstamo de la SEPI obligó a la aerolínea a postergar el pago de su otro préstamo participativo. Se trata de los 6,7 millones de euros que recibió en diciembre de 2017 de Panacorp Casa de Valores y cuyo pago del principal se posterga hasta después de que se devuelva la totalidad de la ayuda pública.

La financiación concedida por la SEPI incluye además la obligación de la compañía de suministrar determinada información a la SEPI de índole financiera y con periodicidad anual, semestral y mensual. De forma simultánea a la firma del contrato financiero, se suscribió un contrato de gestión en virtud del cual se establecieron las obligaciones de la compañía en determinadas decisiones por parte de órganos sociales (junta de accionistas y consejo de administración) de la compañía.

Representante en el consejo

En la práctica, esto daba a la SEPI la facultad y responsabilidad de tutelar el rescate a través de la figura del «observador», representante de la sociedad pública en el consejo de administración, pero solo con voz, no con voto. En agosto de 2021 (seis meses después de conceder la ayuda) el holding del Estado designó para este cargo a su directora financiera, María Jesús Álvarez, que se jubiló de todos sus cargos en junio de este año.

Esta última cláusula es sumamente relevante por dos motivos. El primero es el origen de estas nuevas investigaciones judiciales y el presunto uso indebido del dinero recibido. Si la SEPI tenía capacidad de conocer al detalle los movimientos financieros y económicos de Plus Ultra, parece difícil creer que no sepa —o que no se haya interesado por saber— el destino de un rescate del que este diario no ha encontrado registro contable en sus estados financieros.

Es verdad que en este tiempo la compañía ha multiplicado por dos su facturación hasta los 189 millones de euros, ha aumentado su flota y ha duplicado su plantilla, pero la realidad es que no hay rastro de sus planes de crecimiento ni de la forma en que se gastó efectivamente el rescate. Una situación que ahora mismo investiga la UDEF y que les ha llevado a sospechar que materialmente la aerolínea no será capaz de devolver el rescate.

Responsabilidad de la SEPI

Es aquí donde hay otra gran responsabilidad de la SEPI. Este diario ya publicó el permanente y progresivo deterioro patrimonial de la compañía, que ha pasado de un patrimonio negativo de 24 millones en 2021 hasta los 40,5 millones de 2024. El rescate no se ha utilizado para este equilibrio, algo que se suele hacer con otros préstamos o rescates, pero la sociedad pública no parece haber tenido influencia en estas decisiones y, por el contrario, podría haber dado manos libres a los directivos de Plus Ultra, actualmente investigados.

Recordemos que en el marco de estas investigaciones fueron detenidos —y posteriormente puestos en libertad— su presidente, Julio Martínez Sola; su CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, vinculado a la sociedad. La obligación de la SEPI al tener un representante en Plus Ultra se hizo precisamente para garantizar la devolución, y si esta finalmente no se termina produciendo, como ahora mismo reflejan las cuentas (con una tesorería de solo 26 millones, la mitad de lo necesario) será un claro fracaso de supervisión de la entidad pública.