Afectados por la okupación acusan a Sánchez y a Bildu de «regalar casas que no son suyas»
La Plataforma de Afectados lleva meses reuniéndose con dirigentes de las diferentes formaciones políticas
Pedro Sánchez recibe en Moncloa a Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, en el Congreso de los Diputados. | Javier Lizón (EFE)
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciéndole guiños a Bildu. El último de ellos ha sido prorrogar el escudo social que decaía este 31 de diciembre, y que permitirá, entre otras cosas, que continúe el bono eléctrico y que también se impida el desahucio de viviendas. Algunas de ellas están okupadas y sus propietarios son los lo que tienen que afrontar los gastos de las mismas, muchas veces dejándoles en situaciones más vulnerables que quien ocupa sus casas.
El Ejecutivo pretende llevar esta medida al Congreso de los Diputados el próximo mes de enero, en el envoltorio de un decreto ómnibus. A la vista de ello, la Plataforma de Afectados por la Ocupación lleva meses movilizándose y reuniéndose con dirigentes de las diferentes formaciones políticas —también con el PSOE en el Senado, en concreto con Susana Díaz—. Su objetivo es frenar esta medida celebrada por Bildu y respaldada por Unidas Podemos y ERC, y que el Gobierno se comprometa a que el debate sea limpio y tenga en cuenta qué piensan los afectados por la okupación, y qué otro tipo de soluciones se pueden aportar además de prorrogar por séptimo año consecutivo el escudo social sin haber hecho antes ni un solo movimiento por mejorar la vivienda social.
Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, señala a THE OBJECTIVE que «el decreto del escudo social es la gran mentira del Gobierno, porque intentan convencernos de que se hacen responsables de las familias vulnerables, cuando ni les ofrecen un recurso habitacional ni los recursos económicos para poder acceder a una vivienda digna». «Lo que hacen —mantiene Bravo— es derivar sus responsabilidades ante terceros y vender el decreto, como un gran éxito social. En definitiva, lo que hacen es regalar casas que no son suyas».
«Asistente forzoso»
La Plataforma contra la Okupación no da crédito a que el Ejecutivo de Sánchez reedite el escudo social por séptimo año consecutivo, y que durante este tiempo no se haya hecho responsable de las familias vulnerables. La prueba «es la falta de vivienda social objetiva, así como la falta de dotación presupuestaria vinculada al decreto, que hace que las administraciones públicas hayan derivado su responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a familias vulnerables hacia los pequeños tenedores».
La plataforma que preside Bravo recuerda que la oferta del mercado del alquiler en España está constituida por un 93,4% de viviendas que pertenecen a familias con una única vivienda en alquiler. «En ningún caso se trata de un mercado en manos de grandes tenedores o fondos de inversión, por lo que la paralización de desahucios y la dejación de funciones del gobierno volverían a asfixiar a miles de familias que por decreto se ven obligadas a mantener a las familias vulnerables».
Por este motivo, «la inseguridad jurídica que vive actualmente el mercado del alquiler seguirá tensionada, ya que el Gobierno se limita a congelar la situación (suspender el desahucio), en lugar de dar una solución habitacional alternativa, ya que —continúa—, al no haber una inversión real en vivienda pública o partidas directas de servicios sociales, el propietario se convierte en un ‘asistente social forzoso’, sin tener las facultades ni los recursos para ello, lo que propiciará que los pequeños tenedores sigan retirando sus activos del mercado por miedo a la inquiokupación, disminuyendo aún más la oferta y aumentando los precios».
«Falsos vulnerables»
En opinión de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, «el fracaso de la gestión de la vulnerabilidad en estos seis años ha sido pésima. El decreto ha servido para paralizar desahucios y lanzamientos de familias vulnerables, pero también de muchas falsas vulnerables que se aprovechan de las lagunas legales».
Ricardo Bravo, esperanzado con que este decreto llegue solo al Congreso y que fuerzas como Junts y PNV lo acaben tirando, indica que «el Gobierno se escuda en unas compensaciones a los afectados por la paralización de desahucios que no llegan. De hecho, la Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación publicó un estudio en 2024 que recogía que solo el 7% de los afectados habían recibido la compensación».
Frente a esta situación denunciada en las instituciones europeas, la Plataforma de Afectados por la Ocupación pide al Gobierno la derogación de este decreto, «buscando fórmulas alternativas que propicien que los servicios sociales puedan responder a la situación de las familias vulnerables con los recursos que necesiten. Además, animamos al Ministerio de Vivienda a que ofrezca los recursos habitacionales de Casa 47 (la nueva empresa pública de vivienda que promete cambiar las reglas del juego. Con contratos de hasta 75 años y alquileres muy por debajo del mercado) a las familias declaradas vulnerables».
Una prórroga política «para mantenerse en el Gobierno»
El Gobierno tendrá que someter la nueva prórroga del escudo social al voto del Congreso de los Diputados, pese a que ya tiene el beneplácito, desde este martes, del Consejo de Ministros. En opinión de Julián Salcedo Gómez, socio director de Cefyre, hay que partir en primer lugar de los datos oficiales del Observatorio de Vivienda y Suelo del Mivau entre 2018 y 2023. Señala que es el periodo «en el que se terminaron 51.305 viviendas protegidas, con lo que podríamos estimar que incluyendo 2024 y 2025, ascenderían a unas 76.000 viviendas en total, lo que da una media de 9.500 viviendas/año, evidenciando, por tanto, que son muy pocas, pues no llegan al 10% de todas las terminadas».
«Y viviendas con algún tipo de protección —precisa el también presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid— no significa necesariamente viviendas sociales, por mucho que esa sea la denominación que utiliza el Mivau».
Por tanto, «la prórroga un año más de la suspensión de desahucios a vulnerables es una barbaridad, porque solo responde a un intercambio político con EH Bildu para mantenerse en el Gobierno. Una medida excepcional que pudo estar justificada por la pandemia no puede prolongarse indefinidamente, porque no se trata de dar peces al que tiene hambre, sino darle una caña y enseñarle a pescar». Con el escudo social «lo único que se consigue es animar a que sigan siendo vulnerables. Tiene razón la plataforma: queriendo ayudar a unos pocos, se perjudica a muchos. Lo que no pagan los vulnerables beneficiados lo soportan multiplicado por dos o por tres los que alquilan una vivienda». «Y no son los particulares los que tienen que resolver las necesidades de los vulnerables, ya que eso corresponde a las Administraciones públicas».