Los grandes contratos de ADIF con fondos europeos arrastran irregularidades desde 2021

Los grandes contratos adjudicados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con cargo a los fondos europeos presentan irregularidades y deficiencias de control detectadas en distintos ejercicios desde el arranque del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Así lo constatan los informes de fiscalización que analizan la contratación vinculada al PRTR analizados por THE OBJECTIVE. Estos no hablan de una práctica delictiva acreditada, pero sí hacen referencia a incidencias relevantes en la gestión, el seguimiento y la respuesta ante alertas, especialmente en contratos de servicios técnicos y asistencias ligadas a proyectos ferroviarios. Ese periodo coincide con la etapa en la que el Ministerio de Transportes estaba dirigido por José Luis Ábalos, bajo cuyo mandato se activó el despliegue inicial de los contratos financiados con el Plan de Recuperación.

Desde 2021, con el despliegue de los fondos europeos, ADIF ha tramitado un volumen elevado de contratos sometidos a estándares reforzados de control, trazabilidad y prevención del fraude. La fiscalización no cuestiona la necesidad de estas adjudicaciones ni la ejecución de los proyectos, pero sí identifica problemas persistentes que se repiten en distintos expedientes y que afectan a principios básicos de la contratación pública, como la transparencia, la motivación de las decisiones y la eficacia de los controles internos.

El análisis del Tribunal de Cuentas sitúa el foco en irregularidades procedimentales y debilidades del sistema de gobernanza, no en amaños probados. En varios casos, se constata que las alertas internas sobre posibles incidencias no se investigaron con el rigor exigible; que faltó documentación suficiente para cerrar los expedientes y que no se acreditó la eficacia de las medidas correctoras adoptadas. Este patrón se observa en contratos vinculados a diferentes ejercicios del Plan de Recuperación, lo que impide atribuirlo a un episodio aislado.

Contratos de ADIF bajo la lupa

Uno de los elementos más relevantes es la tipología de los contratos analizados. No se trata, en su mayoría, de grandes obras civiles, sino de servicios técnicos de apoyo a proyectos, asistencias para planificación, supervisión o gestión de actuaciones ferroviarias. Son procedimientos en los que el peso de los criterios técnicos y la complejidad administrativa es elevado, lo que exige controles especialmente robustos para evitar riesgos de arbitrariedad y garantizar la igualdad entre licitadores.

La fiscalización subraya que, en este contexto, la existencia formal de planes antifraude, canales éticos o protocolos internos no resulta suficiente si no se acompañan de una aplicación efectiva y verificable. En varios expedientes, las investigaciones internas se cerraron sin una reconstrucción completa de los hechos, sin una motivación detallada de las conclusiones y sin medidas que permitieran asegurar que los problemas detectados no volverían a repetirse. Esta falta de trazabilidad es uno de los factores que explican la reiteración de incidencias.

La relevancia de estas irregularidades aumenta por el marco europeo en el que se insertan. Los fondos del Plan de Recuperación están sujetos a exigencias adicionales de control y rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como comunitario. En este sentido, la fiscalización advierte de que las deficiencias detectadas no son meramente formales, sino que pueden comprometer la correcta justificación del gasto y la confianza en los mecanismos de gestión de los fondos europeos si no se corrigen de manera estructural.

Irregularidades administrativas

En algunos expedientes concretos, el Tribunal de Cuentas consideró que las irregularidades observadas superaban el ámbito estrictamente administrativo y decidió trasladar la documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que valorase si existía relevancia penal. Este traslado no implica una imputación ni la constatación de delitos, pero sí que los fallos detectados son suficientemente graves como para requerir una revisión externa independiente. El propio informe es cuidadoso al diferenciar entre indicios y hechos probados.

Más allá de estos casos, el diagnóstico general señala a problemas estructurales en la gestión de la contratación vinculada a fondos europeos. Entre ellos, figuran carencias en la coordinación interna, rigideces administrativas que dificultan el seguimiento de los contratos y una debilidad en la evaluación del impacto real de las medidas correctoras. En la práctica, esto se traduce en una capacidad limitada para aprender de los errores y evitar su repetición en nuevos expedientes.

Este escenario enlaza directamente con otra de las conclusiones relevantes sobre la gestión de ADIF: la identificación de 57 cuellos de botella o puntos críticos en sus grandes proyectos. Aunque estos puntos no se circunscriben únicamente a contratos financiados con fondos europeos, sí describen fallos recurrentes del modelo de gestión que afectan también a la contratación del Plan de Recuperación. Entre ellos se incluyen deficiencias en la planificación inicial, problemas de coordinación entre áreas, tramitaciones lentas y una insuficiente dotación de recursos técnicos en fases clave.

57 puntos críticos

Los informes señalan que ADIF fue capaz de diagnosticar esos 57 puntos críticos y de diseñar 22 iniciativas para abordarlos. Sin embargo, no quedó acreditado que dichas iniciativas hayan corregido de forma efectiva los problemas identificados, ni que se hayan implantado con criterios homogéneos en los proyectos financiados con fondos europeos. La ausencia de indicadores claros y de seguimiento verificable impide evaluar si la situación ha mejorado desde 2021.

Por tanto, afirmar que los grandes contratos de ADIF con fondos europeos «arrastran irregularidades desde el inicio del Plan de Recuperación» es defendible en términos técnicos, siempre que se entienda que se trata de irregularidades administrativas y deficiencias de control, no de corrupción probada. Los informes disponibles describen un patrón persistente de problemas en distintos ejercicios, con especial incidencia en la gestión de contratos complejos y en la respuesta ante alertas internas.

La conclusión es clara: el problema no es puntual ni exclusivamente coyuntural. Los fondos europeos han intensificado el volumen y la complejidad de la contratación, lo que ha puesto de manifiesto limitaciones estructurales —como los cuellos de botella— en el sistema de gestión de ADIF. Mientras no se corrijan de manera efectiva y medible, todo apunta a que las irregularidades seguirán reapareciendo, comprometiendo la eficacia del gasto y la credibilidad del modelo de control de los recursos europeos.