El supervisor de los contratos públicos alerta de fallos graves asentados en todo el proceso

La contratación pública española presenta disfunciones que no pueden explicarse como errores puntuales ni como desviaciones aisladas en la gestión de determinados expedientes. El Informe Anual de Supervisión 2025, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) y analizado por THE OBJECTIVE, examina el ejercicio 2024 y concluye que los problemas detectados se reproducen de forma sistemática a lo largo de todo el procedimiento contractual. Las incidencias se dan desde la fase de preparación hasta la ejecución de los contratos. Algunos de ellos alcanzan una gravedad significativa por su impacto económico y su reiteración en el tiempo.

El documento no se apoya en casos singulares ni en episodios mediáticos. Su enfoque es estructural. A través de diez módulos de análisis, el informe examina las cifras globales de contratación, la inseguridad jurídica, la transparencia, la prevención del fraude y la colusión, las distintas fases del procedimiento y el funcionamiento de los órganos de control. El resultado es un diagnóstico transversal que descarta la tesis del fallo anecdótico y apunta a debilidades persistentes del sistema.

La Oirescon es el órgano independiente encargado de supervisar el funcionamiento del sistema de contratación pública en España. El organismo supervisor depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, pero actúa con autonomía funcional. Además, tiene el mandato legal de evaluar riesgos, detectar disfunciones y elevar sus conclusiones tanto a las instituciones nacionales como a la Comisión Europea, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Contratos SARA

Uno de los pilares del informe es el análisis de los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), es decir, los contratos de mayor importe económico y mayor complejidad jurídica del sector público, sometidos también a la normativa europea. Estos contratos concentran una parte sustancial del gasto público y, por tanto, son especialmente relevantes para evaluar el funcionamiento real del sistema. Su supervisión se realiza mediante muestras aleatorias estadísticamente representativas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2%, lo que permite extrapolar las conclusiones al conjunto de los grandes contratos públicos.

El informe constata que ninguna fase del procedimiento está exenta de riesgos. En la fase preparatoria, previa a la licitación, se repiten carencias en la definición de las necesidades, en la justificación del objeto del contrato y en el diseño de los criterios de adjudicación. Estas deficiencias iniciales no son meramente formales: condicionan el resto del procedimiento y limitan la competencia efectiva desde su origen, incluso antes de que los operadores económicos puedan concurrir.

Durante la fase de licitación, el análisis vuelve a detectar problemas recurrentes relacionados con la publicidad efectiva de los contratos, la claridad de los pliegos y la aplicación desigual de la normativa. La inseguridad jurídica ocupa un lugar central en el diagnóstico. El examen de los informes doctrinales emitidos por órganos consultivos estatales y autonómicos a lo largo de 2024 revela criterios divergentes y contradicciones interpretativas que generan incertidumbre tanto para las administraciones como para las empresas licitadoras.

Fraude, colusión y conflicto de intereses

Las disfunciones adquieren un impacto especialmente relevante en la fase de ejecución, cuando ya se ha adjudicado el contrato y se materializa el gasto público. El informe señala debilidades persistentes en el seguimiento de los contratos, en particular en lo relativo a modificaciones, ampliaciones de plazo y desviaciones de coste. La reiteración de estos problemas apunta a una falta de control efectivo una vez superada la adjudicación, precisamente en el momento en que los riesgos económicos y jurídicos son mayores.

La transparencia constituye otro de los ejes críticos del informe. El análisis de las resoluciones de los consejos de transparencia muestra que las reclamaciones por falta de información contractual no son residuales, lo que evidencia resistencias estructurales a facilitar información completa y accesible. A ello se suman los problemas de calidad, homogeneidad y trazabilidad de los datos disponibles en las plataformas de contratación, que siguen limitando la eficacia del control basado en datos abiertos.

El informe incorpora además de forma sistemática los riesgos de fraude, colusión y conflictos de intereses, a partir de la cooperación con las autoridades de competencia y las agencias antifraude. Estas prácticas no se abordan como amenazas teóricas, sino como riesgos operativos reales, especialmente relevantes en los contratos de mayor volumen económico. La inclusión de información procedente de los sistemas de protección del informante refuerza este enfoque preventivo, aunque el documento reconoce las limitaciones del sistema para evitar la repetición de conductas de riesgo.

Falta de coordinación

El análisis de los órganos de control, tanto internos como externos, completa un panorama de supervisión amplio pero fragmentado, con escasa coordinación y capacidad limitada para corregir disfunciones de forma temprana. El hecho de que el IAS 2025 sea el séptimo informe anual consecutivo permite comparar resultados y constatar que muchos de los problemas identificados no son nuevos y persisten con el paso del tiempo.

El mensaje final del informe es inequívoco: el sistema de contratación pública dispone desde hace años de un diagnóstico detallado y reiterado. El reto pendiente ya no es identificar las disfunciones, sino introducir correcciones estructurales que eviten que los mismos problemas —algunos de ellos graves— sigan reproduciéndose en los contratos de mayor impacto económico del sector público.