Correos pagó 14 millones por el alquiler de 1.666 pantallas en la etapa de Serrano y Leire Díez
El coste del ‘renting’ duplica el habitual en el mercado y el contrato, modificado dos veces, oculta las claves de la decisión
Juan Manuel Serrano, expresidente del Grupo Correos. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha acabado pagando algo más de 14 millones de euros por el alquiler de 1.666 pantallas informativas instaladas en su red de oficinas durante 42 meses, un coste que sitúa el arrendamiento muy por encima del precio habitual del mercado para este tipo de equipamiento y servicios.
La magnitud del gasto se aprecia con claridad en los datos de ejecución, analizados por THE OBJECTIVE. El contrato ha supuesto unos 333.000 euros mensuales, lo que equivale a algo más de cuatro millones de euros al año. En términos unitarios, Correos ha desembolsado alrededor de 8.400 euros por pantalla, es decir, unos 200 euros al mes por dispositivo durante tres años y medio.
La comparación con los estándares del sector resulta reveladora. En el mercado profesional de señalética digital, el renting plurianual de un monitor profesional de 55 pulgadas de alta luminosidad, con reproductor dedicado, instalación, software de gestión de contenidos (CMS) y mantenimiento, se sitúa habitualmente entre 80 y 100 euros mensuales por unidad. En un periodo de tres a tres años y medio, el coste total aproximado estaría en el entorno de unos 4.000 euros por pantalla. Frente a ese umbral, el contrato de Correos más que duplica el precio habitual de un servicio comparable.
Condiciones del pliego
El pliego técnico detalla con precisión el material requerido. La mayor parte de las instalaciones debía contar con monitores profesionales Samsung OM55N de 55 pulgadas, diseñados para señalética digital en entornos corporativos, con 4.000 nits de brillo, funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana, y larga vida útil. A estos monitores se añadía un reproductor tipo Intel NUC, además de la instalación, el software de gestión de contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) y el mantenimiento integral durante toda la vigencia del contrato. El acuerdo incluía también, en menor número, pantallas LED de gran formato (2×1 metros) para oficinas de mayor tamaño.
Se trata de un conjunto común en proyectos corporativos de comunicación visual y ampliamente implantado en el mercado, lo que permite contar con referencias claras de precios tanto en compra directa como en renting profesional.
El diseño económico del contrato contribuye a explicar el resultado final. La licitación no fijó precios unitarios desglosados del hardware ni de los servicios asociados. En su lugar, el presupuesto se construyó a partir de cuotas mensuales de renting por tipología de oficina, una fórmula que impide conocer con precisión cuánto se paga por cada monitor, por el software o por el mantenimiento. En la documentación pública no figura un cuadro detallado que permita auditar el coste individual del equipamiento frente a los servicios incluidos.
Opacidad del contrato de Correos
A ello se suma la evolución del contrato respecto a su planteamiento inicial. El acuerdo partía de un plazo inferior, pero fue objeto de una prórroga de 12 meses y de modificaciones económicas que elevaron progresivamente el importe hasta superar los 14 millones de euros. Desde el propio pliego se contemplaba la posibilidad de ampliaciones, lo que situaba el valor estimado del contrato muy por encima del importe de adjudicación inicial. En la práctica, esa previsión se materializó con el paso del tiempo.
Otra ausencia relevante afecta a la trazabilidad de la adjudicación. El contrato se resolvió con un reparto de 70% precio y 30% criterios técnicos, pero no constan públicamente las puntuaciones ni los informes de valoración de las ofertas presentadas. La información accesible no permite reconstruir cómo se evaluaron las propuestas ni qué peso efectivo tuvieron los criterios técnicos frente al precio.
El contrato se adjudicó a finales de octubre de 2021 y formalizado el 15 de noviembre de ese año, durante la presidencia de Juan Manuel Serrano al frente de Correos. Tanto la ejecución inicial como las posteriores ampliaciones y modificaciones se desarrollaron en ese marco temporal. En ese mismo periodo, Leire Díez, vinculada a la trama SEPI, ocupaba un cargo directivo en Correos al frente del área denominada No QJ —no de quejas—, una unidad interna dedicada a funciones corporativas y de coordinación de proyectos
Lo que dice Transparencia
El impacto económico del renting se refuerza con la información obtenida por vía de Transparencia. En una resolución de acceso a la información pública requerida por THE OBJECTIVE, Correos aclara que no adquirió las pantallas, sino que las arrendó mediante un contrato de renting tecnológico, y que los equipos no han sido vendidos ni donados, permaneciendo ubicados en las oficinas. Al término del contrato, por tanto, las pantallas —pese a seguir siendo operativas— no generan retorno patrimonial alguno para la empresa pública.
En un escenario de compra directa, el equipamiento habría quedado en propiedad de Correos y podría haberse amortizado a lo largo de su vida útil, conservando incluso un valor residual tras varios años de uso. De acuerdo con los precios de mercado del equipamiento exigido en el pliego, esa compra habría resultado más barata que el renting aplicado, incluso sumando mantenimiento y software durante el mismo periodo.
¿Por qué ‘renting’ y no compra?
Las administraciones suelen acudir al renting para evitar grandes desembolsos iniciales, facilitar la externalización del mantenimiento, trasladar parte del riesgo técnico al proveedor y encajar el gasto en los presupuestos corrientes. Esta modalidad puede resultar eficiente en proyectos temporales o con rápida obsolescencia tecnológica. Sin embargo, cuando se aplica a servicios estables y de larga duración, como una red fija de pantallas informativas en oficinas, el coste acumulado suele superar con claridad al de la compra directa.
En el caso de Correos, la combinación de duración prolongada, ampliaciones sobre el diseño inicial, falta de desglose unitario y ausencia de información detallada sobre la evaluación ha desembocado en un coste final muy por encima del precio habitual del mercado, sin que exista constancia pública de un análisis comparativo que justificara esa opción frente a alternativas más económicas a medio plazo.