Encalla el primer plan industrial con fondos UE: millones sin asignar y ayudas concentradas

El primer gran plan industrial financiado con fondos UE arrancó con una ambición estratégica sin precedentes, pero su ejecución quedó muy por debajo de lo previsto desde el inicio. La fiscalización del Tribunal de Cuentas realizada sobre el programa de impulso al vehículo eléctrico y conectado revela que la convocatoria inicial solo adjudicó el 27% de los fondos disponibles, un resultado que obligó a rehacer el diseño del plan y a lanzar sucesivas convocatorias para evitar que miles de millones de euros quedaran sin asignar.

El análisis, que abarca desde 2021 hasta 2023, pone de relieve un problema estructural de ejecución que ha condicionado el posterior desarrollo del programa. La convocatoria de 2022, concebida como el eje central del plan y dotada con 2.975 millones de euros, se cerró con concesiones por apenas 496 millones, dejando sin adjudicar más de 2.400 millones. Este bajo nivel de absorción forzó al Ministerio de Industria a fragmentar el programa, reutilizar remanentes y abrir nuevas convocatorias en los años siguientes.

La fiscalización, analizada por THE OBJECTIVE, atribuye este arranque fallido a un diseño excesivamente complejo, basado en grandes proyectos tractores, múltiples exigencias técnicas, financieras y territoriales y una elevada carga administrativa. El esquema inicial limitó la concurrencia y redujo de forma significativa el número de proyectos capaces de cumplir simultáneamente todos los requisitos, especialmente entre empresas de menor tamaño.

Fondos UE limitados

Uno de los datos más relevantes del informe es la alta concentración del reparto de las ayudas. De los algo más de 2.100 millones de euros concedidos en las convocatorias resueltas hasta la fecha —una de ellas solo parcialmente—, 1.174 millones se concentraron en solo cuatro grandes empresas del sector, lo que supone el 54% del total adjudicado. Este patrón de distribución cuestiona uno de los objetivos declarados del plan: vertebrar toda la cadena de valor industrial e integrar de forma efectiva a pymes y proveedores intermedios.

Aunque las bases reguladoras exigían que al menos el 40% de las entidades participantes en los proyectos tractores fueran pequeñas y medianas empresas, la fiscalización señala que este requisito no se verificaba en el momento de la concesión, sino en fases posteriores de justificación. Esta circunstancia reduce la eficacia real de la exigencia y limita su capacidad para equilibrar el acceso a los fondos UE.

Tras el fracaso de la convocatoria inicial, el Ministerio optó por reformular el programa mediante nuevas convocatorias en 2023 y 2024, en algunos casos dividiendo las ayudas en secciones y ajustando parcialmente las condiciones. Los porcentajes de adjudicación mejoraron de forma relativa —en torno al 73% y al 81% en las convocatorias de 2023, y alrededor del 63% en la primera convocatoria de 2024—, pero el problema de fondo persiste. Incluso sumando las ayudas ya concedidas y descontando las devoluciones, cerca del 57% del total de los fondos UE disponibles sigue pendiente de adjudicación, más de 2.400 millones de euros.

Ámbito de la fiscalización

La fiscalización se circunscribe al periodo 2021-2023, pero advierte de que sus conclusiones no quedan desvirtuadas por convocatorias posteriores. Aunque el programa ha seguido activo en 2024 y 2025, con nuevas secciones y ajustes en el diseño, los problemas detectados afectan al núcleo del plan: un arranque fallido, una baja capacidad de absorción y una estructura de ayudas que favoreció la concentración desde su fase inicial. La necesidad de fragmentar el programa y reutilizar remanentes se presenta como una consecuencia directa de los errores de diseño y ejecución iniciales, no como una evolución planificada.

El informe también cuestiona la debilidad de la gobernanza. Los órganos creados para garantizar la coordinación interministerial y la colaboración público-privada tuvieron una actividad muy limitada, con reuniones esporádicas y sin un seguimiento sistemático del grado de cumplimiento de los objetivos. La figura del comisionado especial, concebida como elemento clave de impulso y supervisión, tuvo un recorrido breve y una capacidad muy limitada para corregir las disfunciones detectadas.

A ello se suma una carencia especialmente relevante desde el punto de vista del control público: la ausencia de una documentación completa y trazable del proceso de diseño del plan. La fiscalización advierte de que no existe constancia suficiente de cómo se tomaron las decisiones estratégicas, cómo se validaron los impactos previstos o cómo se integraron las aportaciones del sector privado, lo que dificulta evaluar la coherencia del modelo inicial y limita la rendición de cuentas.

Vehículo eléctrico

Más allá del caso concreto del vehículo eléctrico, el informe lanza una advertencia de alcance general. El arranque fallido de este plan industrial evidencia las limitaciones del modelo español de ejecución de los fondos UE, caracterizado por programas de gran complejidad normativa, una ejecución lenta y una tendencia a concentrar los recursos en grandes actores empresariales. Mucho dinero comprometido sobre el papel, pero una transformación industrial que, al menos en sus primeros años, avanza muy por debajo de lo previsto.