El Tribunal de Cuentas advierte de anomalías en pagos de ayudas covid ejecutadas por Industria
Ha detectado deficiencias en las subvenciones concedidas por este gabinete a 50 empresas por 11 millones
La exministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto. | EP
El Tribunal de Cuentas ha puesto el foco en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur) en la etapa de Reyes Maroto al frente del departamento. En concreto, el órgano fiscalizador ha detectado deficiencias e irregularidades en las ayudas covid concedidas por este gabinete en 2020 a 50 empresas por un importe total de 11 millones de euros. Estas subvenciones fueron otorgadas con el objetivo de apoyar a entidades privadas en actividades de fabricación productos considerados de emergencia en relación con la covid-19.
El informe del Pleno de Tribunal de Cuentas aprobado el pasado 18 de diciembre concluye que se han observado «debilidades» en la gestión de la subvención, entre ellas el pago a entidades que no se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales, incumplimientos en los plazos de rendición, carencias en el procedimiento de análisis de posibles concurrencias con otras ayudas e incidencias en autorizaciones sanitarias, licencias y permisos de algunos beneficiarios.
Además, el órgano fiscalizador señala que el 49,3% de los proyectos beneficiarios correspondieron a aquellos productos para los que ya existía producción nacional suficiente, como eran las soluciones hidroalcohólicas y sus materias primas (26,2%) y mascarillas quirúrgicas (23,1%). En total accedieron a la subvención 50 beneficiarios (el 13,3% de las solicitudes presentadas), por un importe de 10,97 millones de euros (una ejecución de un 99,7% de la subvención presupuestada), para un total de 65 productos.
La subvención se reguló mediante la Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, y tenía por objeto apoyar a entidades privadas con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España, en actividades de fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal, geles y aquellos productos que hubieran sido considerados de emergencia en relación con la covid-19. Concurrieron a la convocatoria un conjunto de 375 entidades, sin embargo, la resolución de concesión de la subvención solo incluyó un total de 50 beneficiarios.
Irregularidades detectadas
En este sentido, el Tribunal de Cuentas señala en su informe que se han apreciado «carencias» en los indicadores establecidos que hicieron necesaria la aprobación de un documento específico que determinara la metodología a seguir en la instrucción para
valorar los criterios de evaluación, al que no se dio publicidad en la sede electrónica del Mincotur, y que en algunos supuestos incluyó la valoración de documentación que no había sido establecida específicamente en la orden.
En consecuencia, siete beneficiarios (el 14%) —con una ayuda concedida de 2,25 millones de euros (que supone el 20,5 % de la comprometida)— no se encontraban al corriente de sus obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social a fecha de realización del abono, «a pesar de lo cual se les pagó»; 11 de las entidades beneficiarias (el 22 %) incumplieron la obligación de rendición en plazo y hubo que requerirles que aportaran la cuenta justificativa, «sin que se les haya impuesto sanción alguna como resultaba preceptivo»; y varias empresas recibieron doble financiación, lo que dio lugar a la realización de devoluciones voluntarias
o al reintegro de cantidades por parte de un total de 33 entidades (el 66 % de las beneficiarias), por un importe de 1.383.279,93 euros (el 12,6 % de las ayudas concedidas).
Además, el Tribunal de Cuentas señala que diez entidades (el 20% de las beneficiarias) registraron incidencias relacionadas con las autoridades sanitarias, licencias y permisos, sin que esto supusiera que se requiriera su subsanación, ni fuera impedimento para la percepción de la ayuda correspondiente. Así, por ejemplo, cuatro entidades sustituyeron los productos de tipo quirúrgico o sanitario por productos tipo EPI o higiénico, sin que consten comunicaciones ni autorizaciones previas para estas sustituciones o supresiones, y dos que preveían la fabricación de productos tanto sanitarios como cosméticos, carecían de autorización de uno de los productos y optaron por fabricar el que no la requería.
Control de la IGAE
En el marco del control de las ayudas covid analizadas por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) incluyó estas subvenciones en su Plan de Auditorías y Control Financiero para 2023, con actuaciones desarrolladas entre 2023 y 2025. El control se centró en verificar la correcta obtención de las ayudas, su justificación, la regularidad de las operaciones financiadas y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios.
Las actuaciones de control afectaron a seis entidades beneficiarias (el 12 % del total), que habían recibido conjuntamente 1,89 millones de euros, equivalentes al 17,3 % del importe total concedido. Como resultado, la IGAE emitió cinco informes favorables que confirmaron el seguimiento realizado por el órgano gestor y un informe con propuesta de reintegro parcial en uno de los expedientes, por un importe adicional de 30.489,20 euros, al detectarse facturas no subvencionables fuera del periodo financiable.
Este reintegro, resuelto en septiembre de 2025 y actualmente en fase de ejecución, se suma a las cantidades ya reclamadas con anterioridad por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Dgipyme), reforzando la conclusión general del informe: aunque el control posterior permitió detectar y corregir determinadas irregularidades, estas actuaciones se produjeron de forma tardía, en línea con las debilidades de gestión y control de las ayudas covid ya señaladas por el Tribunal de Cuentas.