Investigados por Plus Ultra liquidan una empresa tras la reactivación del caso

Investigados por el caso Plus Ultra han liquidado una segunda empresa que tenían en España, un movimiento que se produce después de las detenciones llevadas a cabo por la Policía el pasado 11 de diciembre a los responsables de la aerolínea rescatada por el Gobierno en 2021 y Julio Martínez, supuesto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Con estas detenciones se daba un impulso a una operación judicial internacional por un posible blanqueo de capitales ligado a la compañía, que estaba controlada por inversores venezolanos cuando recibió 53 millones de euros de la SEPI. Entre los afectados se encuentran los hermanos Baca Arbulu, de origen peruano. Ocho días después, estos empresarios registraron la disolución de Kaimana Capital, según los datos recabados por THE OBJECTIVE.

Esta compañía está dedicada a la consultoría y a la intermediación de negocios, entre otros fines y fue extinguida por Enrique Martín Baca Arbulu, que actuaba como administrador único de la misma. El cierre se produce no solo apenas una semana después de las detenciones y los registros realizados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, sino meses después de que liquidaran otra de sus sociedades en nuestro país. En julio, con la causa abierta, echaban la persiana definitiva a Atitlan Capital.

Por el momento, mantienen abiertas otras dos, Trowbridge y Lagundri, que son también consultoría, además de ser vehículos para la adquisición de inmuebles. Los hermanos Baca Arbulu están siendo investigados por articular una presunta trama de corrupción y lavado de dinero en Panamá, Suiza, Emiratos Árabes y Luxemburgo. Precisamente, en este último país tienen un holding que se denomina Kaimana Sarl, precisamente igual que la empresa que han liquidado recientemente.

Las autoridades sospechan que estos inversores de origen latinoamericano realizaron operaciones de blanqueo a través de un entramado societario y que en las mismas se habrían utilizado el dinero del rescate de Plus Ultra y venta de oro de Venezuela. Otros investigados en esta causa internacional son Khristian Alegre Walter, que figuró como administrador único de algunas de las compañías de los hermanos Arbulu y Danilo Alfonso Diazgranados, bróker vinculado al chavismo, y Simon Leendert Verhoeven, exacreedor de la aerolínea.

La Fiscalía Anticorrpción española rastrea si hubo un uso indebido de las ayudas concedidas a Plus Ultra, ya que figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal en fechas consecutivas a la recepción del rescate.

Manos Limpias presentó una nueva querella contra los hermanos Baca Arbulu, además del resto de los implicados y los detenidos el pasado 16 de diciembre, a los que acusa de organización criminal, apropiación indebida y fraude en las subvenciones. La asociación sostiene que parte del rescate concedido por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 se destinó a simular préstamos con otras sociedades situadas en Francia, Panamá y Suiza y que tenían como fin ocultar operaciones de blanqueo de fondos procedentes de actos de malversación y cohecho cometidos por funcionarios públicos en Venezuela.

Dichos fondos procederían, según Manos Limpias, de programas que inflaban los precios de adquisición de productos alimentarios destinados a la población más vulnerable del país caribeño y de la venta del oro del Banco de Venezuela -por valor de unos 30 millones de euros-, que habría sido «saqueado de las arcas públicas».

Entre los acusados de esta nueva querella destaca Julio Martínez, amigo del expresidente Zapatero y que fue detenido por la Policía. Este empresario creó más de quince empresas en los últimos quince años. Una de ellas, es Analítica Relevante, que comparte inmueble con Grupo Redondo Global, la empresa del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, considerado durante años el principal estratega electoral del presidente del Gobierno.

Otra empresa de Martínez, que la Policía considera que es testaferro de Zapatero, es Zenzap, que declaró una caja relevante en efectivo y activos líquidos en 2021, el año del rescate de Plus Ultra. Esta firma, sin apenas actividad, contaba a cierre de ese ejercicio con 350.868 euros disponibles, partida que en 2022 disminuyó drásticamente.

En 2021 esta compañía no ingresó nada por su actividad principal, centrada en el mundo inmobiliario, y su única facturación provino de operaciones financieras por un importe de 1.718 euros. Una cantidad que contrasta radicalmente con la tesorería en efectivo y activos líquidos con los que contaba. Ese ejercicio anotó, según los datos registrales, unas pérdidas de 85 euros.