Fedea critica el abuso del gasto público y el exceso de deuda del Gobierno de Sánchez

España no necesita el retoque de más figuras fiscales o nuevas figuras tributarias, sino una revisión fiscal integral del actual sistema que desencalle y resuelva los problemas estructurales del país en este ámbito. Entre estos —señala el último informe publicado por Fedea, cuyo autor es el catedrático de Economía la Universidad Complutense de Madrid, José Félix Sanz Sanz—, el continuado deterioro de la posición fiscal española como resultado de un patrón sostenido de déficits presupuestarios, una deuda pública persistentemente elevada y una arquitectura institucional incapaz de disciplinar de forma creíble el proceso presupuestario, del que se hace un uso político.

En opinión de este experto en distorsiones impositivas sobre las rentas del capital en España, este patrón no puede atribuirse únicamente a los grandes shocks recientes, sino que responde «a sesgos endógenos del proceso de decisión política, incluyendo la ilusión fiscal, la preferencia sistemática por el gasto presente frente al futuro y el uso recurrente del endeudamiento como sustituto de la imposición explícita», como es el caso de este actual Gobierno. Es decir, «cuando el gasto se financia con una recaudación agregada, impersonal y opaca —a través de figuras complejas, bases difusas o deuda pública—, de modo que, los ciudadanos tienden a subestimar el coste real de los programas públicos».

Sanz también destaca la creciente brecha entre la carga fiscal que soporta España, «propia de una economía rica, cuando su nivel de renta es propio de una economía de nivel medio». Durante las dos últimas décadas, España ha incrementado de forma sostenida su presión fiscal mientras su capacidad económica se ha reducido en términos relativos. Los ingresos tributarios han pasado de alrededor del 33% del PIB en 2000 a en torno al 37–38 % en 2023, mientras que el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo ha retrocedido desde niveles próximos a la media de la UE-15 hasta situarse en torno al 85 % de la media de la UE-27.

Atención al gasto en pensiones

Para romper este círculo vicioso —propone el estudio de Fedea— «es necesario fortalecer las reglas fiscales, institucionalizar las evaluaciones sistemáticas del gasto y reforzar la independencia y el mandato de la Airef, articulando su rendición de cuentas directamente ante el Parlamento bajo un principio efectivo de comply or explain».

Solo así —apunta Fedea en su 40 aniversario— será posible iniciar un proceso de consolidación fiscal apoyado en el control del gasto corriente improductivo, tal como recomienda la literatura para maximizar sus probabilidades de éxito. En este ámbito, merece una atención especial el control del gasto en pensiones, principal foco de riesgo para la sostenibilidad presupuestaria y la equidad intergeneracional.

Y es que «mantener este componente al margen de las reglas fiscales ha contribuido a ocultar su impacto real y a consolidar transferencias implícitas desde las cohortes jóvenes hacia las ya jubiladas de dudosa equidad». Asimismo, el estudio de José Félix Sanz indica que «el análisis actuarial revela desequilibrios significativos que solo pueden corregirse mediante la reintroducción de mecanismos automáticos de ajuste, una mayor transparencia contributiva y una correspondencia más explícita entre aportaciones y prestaciones».

La distorsión de algunos impuestos

En lo que respecta a la estructura impositiva, la literatura económica advierte que los distintos impuestos no afectan de igual modo al crecimiento. Los gravámenes sobre el capital, la inversión y las rentas del trabajo generan las distorsiones más intensas, especialmente cuando se caracterizan por tipos marginales elevados y en ocasiones caprichosos y se aplican a bases tributarias estrechas. De ahí que «sería recomendable, por tanto, desplazar parte de la carga fiscal desde los tributos citados hacia los impuestos sobre el consumo y ambientales, que tienden a ser menos distorsionantes que la tributación sobre trabajo y capital y, en contra de lo que suele argumentarse, no son necesariamente regresivos cuando su impacto se analiza sobre el conjunto del ciclo vital».

Sobre la base de la literatura reciente, el autor avanza también algunas propuestas para reformar el IRPF y el impuesto de Sociedades con el fin de minimizar las distorsiones que ambos generan y favorecer el crecimiento. En relación con el primero de estos tributos, se propone la adopción de un impuesto lineal, con un tipo marginal único y un mínimo exento.

En el caso del impuesto sobre Sociedades, la reforma debería orientarse a reducir el coste de uso del capital y a eliminar sesgos estructurales: aproximar amortizaciones fiscales a la depreciación económica, mejorar el tratamiento de pérdidas para no penalizar proyectos inciertos e intensivos en I+D y corregir el sesgo a favor de la financiación ajena mediante instrumentos como un allowance for corporate equity (ACE). Se propone, además —apunta José Félix Sanz— avanzar hacia un tipo nominal único, común a todas las empresas, independientemente de su tamaño, y alineado con el marginal máximo del IRPF reformado, con el fin de reducir arbitrajes y reforzar la neutralidad organizativa.

El mensaje central del documento es claro, subraya el think tank que dirige el economista Ángel de la Fuente: «España no necesita mayor presión fiscal, sino un sistema fiscal mejor diseñado, integrado en un marco institucional creíble y orientado al crecimiento». Añade que «la reforma solo será efectiva si se concibe como parte de una reconstrucción más amplia del contrato fiscal, que combine disciplina presupuestaria, calidad institucional y una arquitectura impositiva más simple, neutral y transparente». Sin este enfoque integral -mantiene-, «cualquier ajuste tributario corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de ingeniería fiscal sobre una maquinaria presupuestaria que sigue empujando, silenciosamente, en la dirección contraria».