La moraleja de la detención de Nicolás Maduro está clara: más cañones y menos mantequilla

Nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede cuestionar la naturaleza criminal del régimen chavista. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional han denunciado «su política de represión» y la Misión Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha documentado en varios informes el cúmulo de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecuciones que sufre la oposición.

Resulta, por ello, repugnante que los mismos que se han puesto de perfil los 27 años que dura la pesadilla bolivariana invoquen ahora el derecho internacional para condenar «la extracción ilegal» del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La aversión que nos inspira este doble rasero no debe, sin embargo, impedirnos valorar sus argumentos con ecuanimidad. ¿Hasta qué punto es justificable el uso de la fuerza contra el mandatario de una nación soberana?

Kosovo

El mismo debate se planteó cuando en marzo de 1999 la OTAN lanzó una campaña aérea contra Yugoslavia para poner fin a los crímenes contra los albanokosovares. 

Noam Chomsky habló de «un ataque frontal a los principios […] del derecho». Edward Said interpretó la complacencia de la opinión pública como una «traición de los intelectuales». El ministro alemán Oskar Lafontaine calificó la operación como un error que erosionaba el orden internacional. Izquierda Unida exigió el restablecimiento de «la legalidad violada y conculcada». Pero el presidente checo Vaclav Havel los rebatiría a todos en un famoso discurso ante el Parlamento de Canadá. 

En su opinión, se trataba probablemente de la primera guerra librada «en el nombre de principios y valores». Havel reconocía que los bombardeos carecían del visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, pero ello no constituía una falta de respeto al derecho internacional, sino todo lo contrario, porque se hacía en el nombre de «una ley que tiene un rango superior a la que protege la soberanía de los estados», y que es el interés supremo de los derechos humanos. 

¿Pueden estos anteponerse a la soberanía?

La doctrina moderna

Como explicó un año después la catedrática de la School of International Service Julie Mertus, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el «uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política» de otro país, pero una intervención humanitaria no afecta ni a la integridad ni a la independencia.

Es más, la moderna doctrina de los derechos humanos restringe la capacidad de los Estados para hacer lo que deseen con sus conciudadanos. La soberanía se entiende como la facultad de un pueblo para decidir quién y cómo lo gobierna. Una acción que deponga a quienes amenazan esa capacidad y salvaguarde los derechos humanos no debilita el principio de soberanía, sino que lo fortalece.

«Una lectura cuidadosa de la Carta de las Naciones Unidas —concluía Mertus— apoya la intervención en casos como el de Kosovo».

Responsabilidad de proteger

A pesar de las elocuentes exposiciones de Havel y Mertus, en los años siguientes a la guerra de Kosovo 133 países se pronunciaron en contra de un «derecho de intervención por razones humanitarias», algo que suscitó la perplejidad del entonces secretario general de la ONU, el ghanés Kofi Annan. «Si la intervención humanitaria supone una agresión inaceptable a la soberanía —se preguntaba—, ¿cómo debemos reaccionar ante [el intento de exterminio de los tutsis en] Ruanda, ante [el asesinato de 8.000 musulmanes en] Srebrenica, ante las graves y sistemáticas violaciones […] que conculcan todos los principios de nuestra humanidad común?».

La respuesta fue la convocatoria de la Comisión Internacional sobre Intervención y Estados Soberanos, que rápidamente se escindió en dos bloques: solidaristas y pluralistas.

Los solidaristas defendían, como Mertus, que el Estado «resulta valioso en la medida en que se usa para proteger la vida humana […]. La soberanía, en otras palabras, no debería verse como un privilegio, sino como una gran responsabilidad. […] Solo cuando se ejerce […] con el debido respeto por los derechos fundamentales y la dignidad […] se entenderá como legítima y creíble». Los pluralistas, por su parte, admitían el deber del Estado de «proteger a su población», pero creían que, en caso de incumplimiento, la respuesta había de ser consensuada y no unilateral. 

El debate sirvió para alumbrar la doctrina de la responsabilidad de proteger (o R2P, por sus siglas en inglés), que niega el carácter inviolable de la soberanía nacional y legitima el uso de la fuerza para proteger a una población (como querían los solidaristas), aunque mantiene la centralidad del Consejo de Seguridad, cuya autorización sigue siendo imprescindible (como propugnaban los pluralistas).  Y de acuerdo con la teoría de juegos, está bien que así sea.

¿Un gran negocio?

A estas alturas, muchos pensarán: «Un momento, un momento, ¿adónde va usted? ¿Pretende convencernos de que el secuestro de Maduro lo ha inspirado la doctrina de la R2P?» 

Nada más lejos de mi intención. Cómo ha recordado Antonio Caño aquí mismo, «en su intervención del sábado en Mar-a-Lago, [Donald Trump] pronunció 27 veces la palabra petróleo, pero ni una sola la palabra democracia». El fundamento de la operación no ha sido humanitario, sino económico y político. Trump pretende, por un lado, hacer un gran negocio con la Faja del Orinoco y, por otro, neutralizar una amenaza. «América —dijo el sábado— es esta mañana una nación más segura».

Respecto de lo primero, The Economist ya advierte que va a ser una labor «tortuosa», que deberá vencer tres grandes obstáculos: «una necesidad urgente de fondos, una escasez de mano de obra y un mercado global saturado». 

La consultora Rystad Energy calcula que reflotar Petróleos de Venezuela (PDVSA) requerirá 110.000 millones de dólares, una cifra fabulosa, cuyo retorno no está nada claro, porque ¿quién sabe quién mandará en Estados Unidos o Venezuela dentro de 10 años y cuál será su política energética? Respecto de la mano de obra, los mejores ingenieros y geólogos han huido del país, pero incluso aunque Trump los trajera de vuelta y, además, convenciera a las grandes compañías del sector de que levantaran PDVSA, ¿a qué precio podrán colocar sus barriles en un planeta inundado de petróleo? 

«El secuestro de Maduro ha sido espectacular y rápido —concluye la revista—. La recompensa económica no será ninguna de las dos cosas».

Teoría de juegos

En cuanto a que América sea hoy más segura, el Nobel de Economía Roger Myerson recordaba que, en vísperas de la invasión de Irak, le preguntaron a George Bush si no le parecía más prudente aguardar al plácet del Consejo de Seguridad. «Si estuviera compitiendo por la presidencia —respondió—, no sé cómo le explicaría eso a los americanos. ¿Les diría: «Vótenme, aunque, por cierto, en asuntos de seguridad nacional creo que voy a esperar a que un tercero decida antes de hacer nada”?». 

En el corto plazo, el sarcasmo de Bush tiene sentido. Si Sadam es un terrorista, voy y me lo cargo. Si Maduro es un narcotraficante, voy y lo arresto. En ambas situaciones se neutraliza la amenaza. El problema es que también se generan unos incentivos perversos.

En una entrevista que le hice en la Fundación Rafael del Pino, Myerson me confesó que estaba encantado con el fin de la Guerra Fría. «Llegó a ser terriblemente peligrosa», me dijo. Era preferible el orden actual, de una única potencia hegemónica, aunque «con una condición: esa potencia debe entender que no puede emplear su capacidad militar sin restricciones, porque asusta a sus enemigos potenciales y los induce a tomar decisiones que empeoran su propia seguridad». 

Y me ponía el ejemplo de Irán. «Su rearme es perfectamente racional. Ha visto que atacábamos primero al país que tiene a su izquierda [Afganistán], luego al que tiene a su derecha [Irak] y ha dicho: «Igual si tengo la bomba atómica me libro». 

Moraleja

La detención de Maduro es una magnífica noticia. No es ninguna deshonra pregonarlo y no hay que acomplejarse ante quienes denuncian que es un atentado contra la soberanía, porque esta no es un valor absoluto y debe supeditarse al respeto de los derechos humanos.

Por desgracia, los móviles y los modos que animan a Trump están muy lejos de ser santos y hay buenas razones para pensar que, en contra de lo que sostiene, el mundo es hoy un lugar menos seguro y peor. Los nicaragüenses y los cubanos verán cómo sus vidas se deterioran aún más porque tanto Daniel Ortega como Miguel Díaz-Canel van a endurecer la represión y gastar más en cañones y menos en mantequilla.

Una tendencia, la segunda, de la que los europeos haríamos bien en tomar nota.