El retraso de Verifactu 'salva' un año a miles de pequeños comercios abocados al cierre
Pescaderías, carnicerías y panaderías, con altos niveles de envejecimiento y poco relevo generacional, están en alerta
Una pescadería en un mercado | María José López / EP
El retraso en la aplicación del sistema Verifactu ha dado un respiro a miles de pequeños comercios en toda España, que veían el cierre como una opción inevitable ante la inminente entrada en vigor de la nueva normativa de facturación. A inicios del mes de diciembre, prácticamente por sorpresa, el Gobierno aprobó un real decreto que incluía la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema, que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. Estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.
La previsión suponía un verdadero quebradero de cabeza para muchos empresarios autónomos, que veían cómo el Ejecutivo añadía una complicación más a la gestión de sus negocios. Uno de esos sectores afectados es el de las pescaderías, actividad que sufre desde hace años un fuerte envejecimiento y que experimenta serias dificultades para atraer talento joven. «Menos mal que este sistema, tras lo mucho que hemos protestado, se ha retrasado. Para una pescadería normal cuesta 6.000 euros cambiar las básculas más el mantenimiento del software de 150 euros al mes», lamenta María Luisa Álvarez, directora general de Fedepesca (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos congelados) en conversación con THE OBJECTIVE.
«Hay profesionales que, incluso por edad, te decían que el cambio les superaba y que ya estaban planteando la prejubilación, lo que nos tenía muy preocupados», añade Álvarez. «Los mayores de 60 años, autónomos, todo el mundo nos decía que cerrarían antes por esto, estábamos agobiados, afortunadamente hemos ganado un año más», añade. Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.
Excluir a los mayores
Impulsado por la Ley Antifraude, Verifactu pretende regular los sistemas informáticos de facturación y persigue mayor trazabilidad y garantías frente a la manipulación en este tipo de procesos. Sin embargo, desde su anuncio, el sistema ha generado un absoluto caos entre los afectados y las protestas desde diferentes sectores no han parado de llegar. «A ver si somos capaces de convencer de dejar fuera para siempre a los mayores de 60 años y también a las empresas familiares de menos de 10 trabajadores, ya que tienen que darles otro marco legislativo, no pueden tratarlas como si fueran empresas grandes», lamenta la directora general de Fedepesca.
La prórroga permitirá a muchos de estos negocios mantener la actividad al menos durante un año más. El sector, compuesto en gran parte por autónomos de edad avanzada, alerta de que la obligación de implantar sistemas digitales supone una carga difícil de asumir en la fase final de su vida laboral. Tal y como explican desde la patronal, en muchos casos la inversión necesaria y la falta de formación había acelerado la decisión de cierre vinculada a procesos de prejubilación o retirada. Por ello, las asociaciones profesionales consideran que el aplazamiento evita un impacto inmediato sobre el pequeño comercio tradicional, pero reclaman soluciones específicas para los negocios que no tienen relevo generacional. A su juicio, la moratoria debe servir para ajustar la norma a la realidad de sectores especialmente vulnerables.
Carnicería, panaderías y pescaderías
Además de Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne, las patronales nacionales del comercio especializado de pan y carne, hacen frente común para pedir al Gobierno que tenga en cuenta las singularidades fiscales y operativas del comercio minorista de alimentación, a fin de evitar que la aplicación homogénea de la norma genere efectos desproporcionados que comprometan la viabilidad de miles de establecimientos en toda España. Insisten en que las micropymes (menos de diez trabajadores) no pueden asumir esta carga, contando con una capacidad muy limitada para afrontar inversiones tecnológicas significativas en plazos reducidos, especialmente cuando dichas inversiones no generan un retorno directo.
También, al igual que las pescaderías, piden excluir de la norma a los autónomos de más de 60 años. Aseguran que la aplicación indiscriminada de la norma puede tener consecuencias negativas que comprometen la continuidad de muchos pequeños negocios, dado que existen varios obstáculos para la adaptación de microempresas y pymes tales como la carencia de conocimiento técnico y fiscal especializado, los elevados costes de software y de hardware (TPV y básculas), la escasa oferta de soluciones sencillas y de bajo coste y la falta de soporte y ayudas.