Transparencia obliga al Gobierno a aclarar dónde está el dinero donado para la dana

El Consejo de Transparencia insta al Gobierno a publicar el destino de las ayudas de particulares donadas a los afectados por la dana a través de la cuenta del Tesoro Público. Todo comenzó el pasado 28 de octubre de 2025, cuando un ciudadano presentó ante el Ministerio de Economía una solicitud formal de acceso a la información al amparo de la Ley de Transparencia (LTAIBG). El interés del reclamante se centraba en la trazabilidad del dinero privado que llegaba a las arcas públicas para paliar los efectos de la dana.

La disposición adicional undécima del Real decreto Ley 7/2024 por el que se adoptan medidas de apoyo para la dana creó una cuenta bancaria para recibir donaciones y contribuir a la financiación de los correspondientes gastos para la reconstrucción y ayuda a los afectados. De esta forma se garantizaba a todos los ciudadanos que quisieran enviar donaciones poder hacerlas «de forma rápida, sencilla y segura». «Las donaciones se efectúan así directamente a través del Estado, sin mediación de entidad privada o fundación; además, los donantes que quieren obtener algún beneficio fiscal pueden incluir su NIF en la transferencia», se desprende de la web del Ministerio de Economía.

Sin embargo, un año después de abrirse esta cuenta del Tesoro Público para recaudar fondos, poco o nada se sabe de este dinero. La vicepresidenta primera de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, denunciaba la situación el pasado mes de octubre y exigía al Gobierno que aclarase «qué ha pasado con el dinero de la cuenta de donaciones que abrieron en el Tesoro Público y de la que, un año después, nadie sabe nada», porque el Ejecutivo «oculta el dinero».

Una respuesta fragmentada

Ahora, tras la solicitud de un ciudadano de esta información mediante el Consejo de Transparencia, el Gobierno tendrá que rendir cuentas sobre ello. La petición constaba de cinco puntos específicos: el importe total de donaciones desglosado por mes y tipo de donante (personas, empresas u organizaciones); los expedientes de generación de crédito aprobados por el Ministerio de Hacienda; el destino y aplicación de los fondos, incluyendo proyectos financiados y su distribución geográfica por provincias y municipios; los beneficios fiscales aplicados a los donantes; y los informes de seguimiento y auditoría sobre la gestión de dicho capital.

El 3 de noviembre, el Ministerio de Economía respondió concediendo el acceso únicamente al primer punto: el desglose de los importes recibidos. Sin embargo, el resto de las preguntas (puntos 2 al 5) quedaron en un limbo administrativo, sin que el solicitante recibiera explicación alguna sobre por qué no se le facilitaba el resto de la documentación.

Ante lo que consideró una respuesta incompleta, el ciudadano interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia el 5 de noviembre. Fue solo durante la fase de alegaciones de este proceso cuando el Ministerio de Economía reveló su estrategia: había «desdoblado» la solicitud, trasladando los puntos restantes al Ministerio de Hacienda por considerar que este último era el órgano competente para responder sobre créditos presupuestarios y beneficios fiscales.

El tirón de orejas del Consejo de Transparencia

Aunque el reclamante aceptó las explicaciones de que Hacienda era el organismo competente para los puntos pendientes, el Consejo de Transparencia ha decidido estimar la reclamación por «motivos formales». El Ministerio de Economía facilitó los datos de su competencia directa pero falló en la comunicación procedimental, un error que el CTBG califica como una vulneración del derecho del reclamante a obtener una resolución completa. Por su parte, el ciudadano queda a la espera de que el Ministerio de Hacienda, como nuevo depositario de la solicitud, responda sobre el estado de ejecución de los gastos, el destino de las donaciones, las auditorías y los beneficios fiscales que los donantes están recibiendo por su solidaridad.