Montero se queda sola con Illa en un modelo de financiación que favorece a Cataluña
Las comunidades consideran que nace «viciado» por el pacto previo entre Sánchez y Junqueras
Jesús Gascón Catalán, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y María José Gualda | Alberto Ortega (Europa Press)
Todos los consejeros autonómicos que han participado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, salvo Cataluña, han expresado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica, alegando que nace «viciado» por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Así se han ido expresando los representantes autonómicos en declaraciones a los periodistas tras más de cuatro horas de reunión, en las que, según el consejero murciano, la ministra Montero les ha trasladado lo mismo que hizo el viernes pasado en rueda de prensa, según recoge Europa Press.
«Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado, que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas», ha proclamado el consejero murciano Luis Alberto Marín.
La consejera madrileña Rocío Albert ha insistido en expresar su rechazo frontal a este modelo, desdeñando también el anterior sistema de financiación autonómica y exigiendo al Gobierno central que presente una propuesta multilateral «que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras».
Al ser preguntada por si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se plantea llevar este nuevo modelo de financiación al Tribunal Constitucional en el caso de que se acabe aprobando, la consejera Albert ha dicho que no, sino que utilizarán «todos los recursos legales» que tengan a su alcance.
Adherirse a la nueva financiación será voluntario
La ministra de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación, que la mayoría de ellas rechaza, será voluntaria. Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, de acuerdo con una prerrogativa que no es nueva, sino que ya aparece en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, aprobada en 2009, según recoge EFE.
La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema-, según las cifras facilitadas el pasado viernes por la propia ministra de Hacienda.
Además, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los representantes de las comunidades que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.