Sánchez necesita 40.000 millones de deuda extra para satisfacer la financiación de Montero

Sin Presupuestos Generales del Estado en el horizonte, y con la cuestión de la condonación de la deuda pública de las comunidades autónomas abierta y sin resolver definitivamente, este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía presentó el modelo de financiación autonómica a los representantes de estas administraciones.

En ese encuentro, apenas aportó un PowerPoint —mencionado por los gobiernos del PP y del PSOE, como el de Castilla-La Mancha— sin cálculos ni métricas para saber cómo se ha decidido el reparto de los nuevos 21.000 millones de euros, que el Ejecutivo se ha comprometido a inyectar en la totalidad de las arcas autonómicas ya en el año 2027.

Las críticas a la falta de documentación de la titular de Hacienda fueron respondidas este miércoles por la protagonista y cicerone del acto, que aseguró que nunca se habían presentado tantos datos en la presentación de un modelo de financiación autonómica. Una afirmación que no encontró ningún apoyo, salvo el del Gobierno del dirigente del PSC, Salvador Illa, que aseguró que con este modelo se ha abierto «una ventana de oportunidad», por lo que no piensan renunciar —recalcó la consejera de Hacienda de Cataluña— a los 4.500 millones de euros acordados entre Pedro Sánchez y el «inhabilitado», según destacó el PP, Oriol Junqueras.

Ante esta discrepancia de opiniones, se han conocido estos días los informes de la agencia crediticia S&P y Fedea. Ambos organismos coinciden en la previsible circunstancia de que este gasto se transforme en más déficit público y que condicione la sostenibilidad de las pensiones y el gasto en defensa que el Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido con la OTAN. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con un panel de expertos para analizar esta posibilidad, que no solo subrayan, sino que añaden una cifra: 40.000 millones de euros de deuda extra que el Ejecutivo tendrá que afrontar si quiere encajar el gasto de 21.000 millones de euros en el nuevo modelo de financiación autonómica, sin dejar de pagar la revalorización de las pensiones y las inversiones exigidas por la Alianza Atlántica en materia de defensa.

40.000 millones de deuda

El economista y colaborador de TO Javier Santacruz Cano así lo explica. «El Gobierno puede ir olvidándose [si se aprueba el nuevo sistema] de dejar de emitir nueva deuda pública en términos netos y, por tanto, una ratio sobre PIB por debajo del 100% que era el objetivo que tenían. De manera que no queda otra que mantener una emisión neta de nueva deuda cada año de, como mínimo, 40.000 millones de euros. Una cifra que sale del siguiente cálculo: para la nueva financiación autonómica y para pensiones, necesitas 70.000 millones cada año. Y en el mejor de los escenarios, los ingresos fiscales no subirán más de 30.000 millones/año».

Para Rafael Pampillón, doctor en Ciencias Económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE, el análisis de Santacruz es de lo más pertinente. En su opinión, este modelo nos aboca a una mayor deuda pública. Además, «la puesta en escena del nuevo modelo de financiación autonómica de este miércoles promete más recursos a las comunidades autónomas, pero reduce el espacio para el aumento del gasto que va a ser necesario para aumentar el dinero necesario para las pensiones y Defensa. Partidas que son por donde debería de ir el aumento del gasto del Estado».

«De lo contrario —añade—, aumentará el déficit público y la deuda pública. Sin olvidar la supuesta voluntariedad del modelo, que a todas luces es un chantaje, porque las comunidades que no se adhieran al modelo seguirán en un sistema obsoleto y empobrecido, con menos recursos reales. Así que más que un consenso, se ha ofrecido un modelo sin diálogo en el que, o aceptas el nuevo esquema, o pierdes financiación. Y así la reforma nace debilitada, porque es percibida como un instrumento de negociación política, antes que como una solución duradera a los problemas fiscales de las comunidades autónomas y del Estado central».

Un modelo sin margen en defensa y pensiones

En opinión de Ángel de la Fuente, director de Fedea y autor del informe antes mencionado, el nuevo sistema de financiación autonómica «tenderá sin duda a agravar la ausencia de incentivos para la disciplina fiscal que ya constituye uno de los problemas fundamentales del SFA».

Mantiene De la Fuente que para que las comunidades autónomas tengan más recursos, el Estado tendrá que quedarse con menos o habrá que subir impuestos. De entrada, «la cesión agravará los problemas financieros de la Administración Central, que ya mantiene un déficit considerable frente al cuasiequilibrio en promedio de las autonomías, y dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en el que las presiones sobre sus recursos son cada vez más fuertes debido, entre otras cosas, a las mayores necesidades de gasto en defensa y el creciente déficit contributivo de la Seguridad Social». Dicho de otro modo, «el modelo de María Jesús Montero nos puede dejar sin margen suficiente para pensiones y defensa».

José María Rotellar, director del Observatorio de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, califica la propuesta de financiación autonómica de María Jesús Montero de «aberración impuesta que rompe la solidaridad y que hipoteca al conjunto de españoles con más incremento de gasto público». No olvidemos —matiza este profesor universitario— «que los 21.000 millones no crecen en los árboles».

Compartiendo el mismo espíritu que Santacruz, Pampillón, De la Fuente y Rotellar, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, está de acuerdo con que uno de los grandes problemas que traerá este modelo es que retira recursos a la Administración Central en un momento en el que tenemos serios problemas con la inversión por el envejecimiento de la población y la mayor longevidad, y, por ende, también con respecto a las pensiones.

Por otra parte, defiende que «hay que tener en cuenta la inversión en defensa», porque se está «hablando de recursos que son esenciales». Añade: «si bien hay criterios de nivelación, que nos parecen inadecuados, hay otros que no compartimos, como es el fondo climático, que se viene a dar a ciertas comunidades […]. No entendemos que se dé esta transferencia a esas comunidades autónomas».

Finalmente, hay otra cuestión que tampoco le parece conveniente. Se trata de la posibilidad de que las comunidades autónomas recauden parte del IVA de las pymes, «porque trasladas una situación de competencia entre el tamaño empresarial. Es decir, se desincentiva el crecimiento de las pymes, por parte del Gobierno y, esto, con respecto a los autónomos va a generar que, esas políticas estén en competencia con respecto a un tamaño de empresa que va a estar bonificado en relación con una empresa más pequeña o uno más grande. Así que, de esta forma, se rompen la unidad, la caja única de competencias tributarias y la solidaridad entre regiones. Supone una desviación de fondos, y esa competencia e injerencia de un incentivo a los gobiernos regionales, beneficiará a las pymes, pero no a los autónomos ni a la gran empresa».

El falso aumento de financiación de Murcia

La cita de este miércoles de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera ha supuesto un fracaso para los planteamientos del Ministerio de Hacienda. Comunidades como Extremadura y Cantabria se quedan en tabla rasa, no ganan nada con este modelo, y otras como Murcia —destacada por María Jesús Montero por mejorar un 20% su financiación—, también están en desacuerdo con la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez y se suman a la «decepción» que ha supuesto la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles.

Para la Región de Murcia, gobernada por el PP, el anuncio de Montero tiene truco. El 20% del crecimiento, explican fuentes de la Consejería de Hacienda de Murcia: «es porque somos los que partimos de más abajo. Y con ese 20% de crecimiento seguimos estando a la cola y, por supuesto, por debajo de la media nacional».

El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, afirmó que aunque «el nuevo modelo supuestamente reducirá las diferencias entre las comunidades que más reciben y las que menos, [hay] que aspirar a un modelo que las elimine. Es decir, en vez de recibir 1.600 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada, [hay que] recibir 700 millones de euros menos, pero esa diferencia sigue siendo injusta e injustificable».