La CEOE rebaja las aspiraciones de Sánchez: España lleva ya una década perdida en defensa

De negacionistas en el gasto en defensa a obligados por la OTAN, y ahora incluso planteándonos como Estado enviar tropas a Ucrania y quién sabe si incluso a Groenlandia y a Palestina. Esto está por ver. Lo que sí resulta evidente es que nuestro país lleva una década perdida en inversiones en esta materia, y eso lo pone de manifiesto la falta de autonomía estratégica de España y también de toda la Unión Europea, afanada estos días en darle la vuelta al calcetín y ser más competitiva y menos dependiente de la industria armamentística de Estados Unidos.

Con esta panorámica rápida de 360 grados, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado estrechamente a la CEOE, ha elaborado un exhaustivo informe centrado en la industria de seguridad y defensa en España ante los desafíos geopolíticos y económicos actuales. Para ello, se ha servido del trabajo de expertos de la talla de Félix Arteaga Martín (investigador principal del Real Instituto Elcano), Carlos Martí Sempere (experto en seguridad y defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado), Zacarías Hernández Calvo (general de Brigada del Ejército de Tierra y doctor en Derecho y Relaciones Internacionales) y Antonio Fonfría Mesa (profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid).

Fonfría, doctor y académico de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, ha sido quien ha cuantificado para THE OBJECTIVE el déficit económico y de desarrollo en defensa, que arrastra nuestro país. Concretamente, una década pérdida. En este contexto, aclara, «el gasto en defensa de España se ha caracterizado históricamente por su insuficiencia crónica. En términos absolutos, ha llegado a algo más de 15.000 millones de euros en su pico máximo y no en un presupuesto inicial, sino en gasto realizado».

De modo que «las diferencias entre uno y otro son del 25% de media en los últimos diez años, lo cual indica el amplio desajuste existente entre las cifras que se aprueban en el Parlamento y la realidad del gasto que se realiza. En la actualidad, dicha prioridad se ha elevado debido a la situación geopolítica, a las presiones internacionales, tanto de la UE como de la OTAN, y a las necesidades no cubiertas de la defensa, tanto en términos materiales, como tecnológicos, industriales y de recursos humanos».

Presupuestos previsibles

Dado que la OTAN exigirá a España, en pocos años, un gasto en defensa del 3,5% del PIB —si se cumplen los límites fijados ya se debería gastar el 2,7% del PIB en 2028—, la cuestión clave pasa por preguntarse cómo se va a financiar dicho aumento sin que —según el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (2025)— vaya en detrimento de ninguna otra partida presupuestaria. Hay que tener en cuenta, además, que en lo que toca a los presupuestos de defensa de España, ni la sencillez interpretativa ni la eficacia en la ejecución son normas generales. Fonfría explica que esto se debe «a la no inclusión dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa de diversas partidas que deberían ser consideradas, desde un primer momento, en el presupuesto. A lo que se añade la falta de cumplimiento de las previsiones normativas y procedimientos de ejecución del gasto público, con relación a algunos de los elementos que conforman el presupuesto».

Con estos mimbres, el ganador del Premio Defensa de Docencia expone cuatro posibles alternativas para la financiación en defensa: incrementar la presión fiscal, incurrir en un mayor déficit público —las inversiones en defensa hasta ahora han tenido un bajo impacto—, emitir una mayor cuantía de deuda pública o un mayor crecimiento económico que ampliaría la recaudación fiscal sin la necesidad de incrementar la presión.

Con estas consideraciones, Antonio Fonfría defiende, desde una perspectiva empresarial, que los presupuestos sean estables en el tiempo y previsibles, «algo que no ha sido la tónica general». Es importante que «haya una mayor estabilidad presupuestaria para que las empresas conozcan las tendencias de gasto en inversión del Ministerio de Defensa y, con una mayor previsibilidad, ajustar sus capacidades productivas a ella».

Desde ese prisma, hace su valoración para THE OBJECTIVE el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa: «No tener Presupuestos es una absoluta anomalía. Un país no puede vivir sin Presupuestos, porque, entre otros dilemas, le resta transparencia a la gestión ejecutiva y además prescindes de la ley más importante en una legislatura». Añade que las necesidades de la España de 2026 poco tienen que ver con las de 2023 —fecha de los últimos Presupuestos generales aprobados por las cámaras parlamentarias—. Por lo tanto, «esto significa que no puedes adaptar a las nuevas realidades, y ello acaba afectando principalmente a la inversión, pues de un presupuesto, el 90% se dedica a partidas como pensiones, transferencias a las comunidades autónomas, intereses de la deuda, desempleo, y el resto, el 10%, a inversiones, que es la palanca para reducir gastos».

Con este enfoque, el director del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo Llanes, indica que para evitar que programas como los destinados a defensa, vitales para alcanzar la autonomía estratégica europea y la independencia frente al exterior en materias de seguridad y defensa, es necesario que el presupuesto defensivo «tenga un espacio diferenciado propio, con un marco diferente y un criterio de eficiencia y competitividad, con unos marcos regulatorios claros y previsibles y una mayor visibilidad de la demanda en el medio y largo plazo y mecanismos fiscales que amplíen el conjunto de inversores con distinto perfil riesgo-retorno».

Del campeón nacional al oligopolio

El perfil de la industria de defensa española —señala Fonfría en su estudio— posee una serie de características genéricas y compartidas con la mayor parte de los países de nuestro entorno, debido fundamentalmente a la fragmentación del mercado, con costes unitarios muy elevados, con dificultades para alcanzar economías de escala suficientes, ya que el número de unidades adquiridas por los ministerios suelen ser reducidas.

Esta situación es la que conduce a buscar mercados foráneos, lo que en el caso español supone el 75% de la facturación de las empresas del sector. No obstante, hay fragilidades importantes relativas al elevado número de exportaciones. Más del 60% de las mismas las realizan dos empresas del mismo grupo: AD&S y Airbus Military, y tan solo un 11% procede de pymes. El resto de la facturación corresponde a firmas como Navantia, Cepsa, Rheinmetall, Expal, ITP Aero y General Dynamics-Santa Bárbara, que representan menos del 20% del total. Dicho de otro modo, existe una gran dependencia de las ventas exteriores de dos empresas.

Fonfría explica que «es donde se está creando el campeón nacional, cuyo núcleo se apoya en Indra, aglutinando capacidades de producción y de sistemas a fin de cubrir la mayor parte de necesidades de las Fuerzas Armadas españolas, compitiendo con empresas de elevado tamaño de otros países y, junto a ella, con una industria que se compone también de pymes que son subcontratistas o empresas especializadas en ciertas tecnologías de nicho, como son barcos, aviones o carros de combate». Ahora bien, advierte, en España, el 15% de las empresas concentra el 75% de las ventas de la industria, y con esta reciente política de campeón nacional es previsible que dicha concentración se eleve en los próximos años, intensificando las posiciones oligopolistas y conduciendo a un mayor número de fusiones y adquisiciones.

Transparencia en la adjudicación de proyectos

En ese ámbito, el experto en seguridad y defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Carlos Martí Sempere, destaca que «el principal riesgo por evitar es que, en el caso de España, el diálogo se focalice en exceso sobre las grandes empresas y las denominadas empresas tractoras o en empresas consultoras, en las que la Administración tiene una estrecha relación debido a su participación accionarial o, a su larga colaboración en el pasado». En este sentido, es especialmente deseable tener una transparencia razonable, tanto en los procesos de elección de proyectos como en su adjudicación, abriendo oportunidades a nuevas empresas deseosas de entrar en el sector y con un catálogo de productos y servicios de interés para la defensa.

En cuanto a los retos para la industria de defensa, Martí Sempere pondera la necesidad de formar una cadena de valor que integre todas las complejas tecnologías, incluyendo empresas colaboradoras, más allá de nuestras fronteras, y dando paso a la participación de las empresas civiles. También defiende que, para aumentar la demanda, se requiera de la contratación de nuevo personal y con formación especializada, adquisición de equipos industriales, infraestructuras y financiación extra, acudiendo a préstamos o ampliaciones de capital, proporcionados por bancos, entidades financieras como fondos de capital riesgo o inversores minoristas, demostrándoles, que estamos ante inversiones rentables.