El último estertor de Sánchez para controlar empresas: «Está desesperado»

17 de enero de 2024.- Pedro Sánchez interviene en el Foro de Davos y aboga por un mayor protagonismo del Estado. Asegura que «las políticas neoliberales no funcionan» y que la opción de recortar el sector público y dejar solos a los ciudadanos «no tiene sentido». Además dice que «las empresas y los empresarios son el producto de la democracia y de un estado de bienestar que apoya a las clases medias y trabajadoras, que garantiza la paz social y garantiza niveles adecuados de capital humano y de prosperidad». En definitiva, vino a advertir que su objetivo era tener más control de la economía y que los privados eran solo un instrumento para conseguirlo. Unas palabras que desataron todas las alarmas en el sector ante la amenaza de un modelo con más impuestos, rigidez laboral y con un presidente del Gobierno que quería controlar a las grandes corporaciones.

20 de mayo de 2024.- A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado completa su entrada en Telefónica con un 10% del capital para convertirse en uno de sus mayores accionistas. Tras gastar 2.300 millones de euros, el proyecto —anunciado en diciembre de 2023— era la constatación del plan del Gobierno de participar en cotizadas para tener un mayor control de un IBEX díscolo. La justificación fue el interés estratégico, un cajón de sastre que abonaba un plan que empezaba a coger vuelo, en especial en el sector eléctrico y de las infraestructuras. Y los grandes popes del selectivo estaban ya con las espadas en alto tras varios meses de sufrir críticas que les culpaban de enriquecerse a costa de la crisis energética y la subida de los tipos de interés.

17 de diciembre de 2025.- La SEPI y el consorcio vasco formado por Sidenor, el Gobierno Vasco, BBK y la fundación bancaria Vital culminan la operación que les permite controlar más del 30% del capital de Talgo. Después de más de un año de negociaciones y una renegociación de la deuda de por medio, el holding estatal —por orden de Pedro Sánchez, tras una reunión con el lehendakari Imanol Pradales— tuvo que subirse a última hora al carro de una operación que se antojaba imposible sin el apoyo público. Se quedó con el 7,8% del fabricante de trenes y a la espera de pasar por encima del 10% si canjea los préstamos participativos que le concedió. No fue una entrada como la de Telefónica, porque las magnitudes de la inversión y de la empresa son sensiblemente inferiores, pero confirmó que al Ejecutivo no le tiembla el pulso a la hora de entrar en compañías estratégicas.

Nuevo «fondo soberano»

12 de enero de 2026.- La Fundación Bancaria La Caixa anuncia por sorpresa la renovación por cuatro años de su presidente Isidro Fainé y de todos su patronato. El dueño del holding industrial Criteria (con 38.000 millones en activos gestionados) tenía hasta finales de febrero para hacerlo, pero adelantó su decisión ante las presiones del Gobierno, que montó una campaña mediática para entorpecer este movimiento. Para nadie es un misterio en el mundo corporativo el interés de la Moncloa y de Sánchez por influir en el mayor conglomerado de empresas privadas de España; para ello, es una traba su histórico presidente y su trabajo por mantenerlo al margen de la política y los políticos. La renovación fue vista como un claro golpe de autoridad para poner coto a las especulaciones y a las presiones.

15 de enero de 2026.– Pedro Sánchez anuncia ante 200 inversores internacionales la creación de un «fondo soberano» con una capacidad de inversión inicial de 10.500 millones de los fondos Next Generation, pero con un objetivo de 120.000 millones, el triple de lo que es actualmente Criteria Caixa. No dio mayores detalles más que apuntar que funcionará con préstamos, avales o instrumentos de capital y que dará prioridad a sectores como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua, saneamiento y seguridad. Unas palabras que en el mundo corporativo tienen una clara traducción: otro intento de controlar empresas. Un instrumento de estas características se dedica básicamente a comprar participaciones para sacar rendimiento a sus activos que en manos de Sánchez «solamente podría ser usado con fines políticos», dice un alto directivo del IBEX consultado.

Sánchez dijo ante los inversores que el Fondo España Crece (así se llamará) «será un ejercicio de soberanía nacional», lo que es más bien —según las fuentes consultadas— un ejercicio de soberanía del propio presidente del Gobierno para ejecutar el plan que no ha podido sacar adelante por falta de dinero y de los Presupuestos, condenados por tercer año a prorrogarse por falta de apoyos legislativos. Una filosofía que no es muy distinta a la que ya esbozó en enero de 2024 y en la que lleva todos estos meses creyendo firmemente. El «fondo soberano» que el Gobierno se ha sacado de la manga es una clara respuesta a quienes le dan por amortizado y que llevan varios meses combatiendo discretamente las arremetidas del Ejecutivo, muchas de ellas claramente destinadas a tomar el control de empresas, meter la mano en grandes cotizadas o entrar en los consejos de estas compañías para intentar acoplar su agenda a la del tejido productivo.

Control del IBEX

Hasta ahora, su último gran movimiento intervencionista había sido la irrupción en la opa del BBVA por el Banco Sabadell que terminó decantando la balanza del lado del banco catalán, de la Generalitat, del PSC y de parte del empresariado local. Una operación que probablemente hubiese tenido otro desenlace si no se hubiesen impuesto duras condiciones de competencia dentro del Ministerio de Economía. Esta operación era vista por el mundo corporativo como la última intentona de un Gobierno cada vez con menos peso y cuyas aspiraciones de control se diluían tan rápido como un azucarillo en una taza de café. En la última semana, esta Opa hostil había hablado con varios representantes del sector que daban por amortizado a Sánchez. La sensación era de que, inmerso en casos de corrupción y con escasos apoyos en el Parlamento, el reloj jugaba totalmente en contra de su capacidad de presión. «Indudablemente tiene mucha menos fuerza que antes» concluía un directivo de un banco de inversión internacional.

Y en este punto hay dos ejemplos claros. En primer lugar, la imposibilidad del Gobierno de convencer a una empresa local para entrar en Talgo, incluida la negativa de Criteria por la escasa rentabilidad de la operación. Durante varios meses se intentó buscar un partner financiero que garantizara la españolidad del fabricante, pero ante el fracaso, finalmente terminaron entrando el Ejecutivo vasco y central. Y en segundo lugar, está la renovación de Isidro Fainé en la Fundación La Caixa esta misma semana, contraria a los deseos del Gobierno. En ninguno de los dos casos las presiones surtieron efecto más allá de intentos de desestabilización a través de la prensa, lo que confirma que su poder de fuego está más acotado que cuando —por ejemplo— decidieron entrar en Telefónica. «Al gato le quedan solo dos de sus siete vidas» se aventura a decir alguno, aunque la conclusión más o menos aceptada es esta: las grandes cotizadas perdieron el miedo del control del Gobierno.

En este sentido, el anuncio de un nuevo «fondo soberano» sorprendió. A falta de conocer los detalles, muchos ya piensan que es el último intento de Sanchez para controlar las empresas dotándose de un instrumento con el que poder invertir a su antojo bajo la justificación de los sectores estratégicos y de la soberanía nacional. Sería el último intento, esta vez muy bien financiado, para entrar en el IBEX. El último estertor de un sanchismo ávido de controlar todos los resortes del tejido productivo y al que se le acaban los fondos europeos con los que ha mantenido estos últimos cuatro años cierto control sobre algunas grandes compañías receptoras de estos recursos. «Está desesperado», advierte otro directivo que cree que estamos ante una maniobra en el descuento para intentar ganar el partido. O al menos empatarlo.

Opciones de Sánchez

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que esta herramienta plantea muchas dudas, en especial su desarrollo, aún embrionario. En primer lugar, están los tiempos. Este Gobierno siempre ha sido fecundo en anuncios, pero limitado a la hora de poner en marcha sus proyectos. Y si consideramos que desplegar y desarrollar una hoja de ruta de inversiones puede tomar al menos un año, al Ejecutivo solo le quedarían algunos meses antes de convocar elecciones generales en algún momento de 2027. Y eso en el más optimista de los escenarios para la Moncloa y descartando cualquier adelanto electoral. Por otro lado está su operatividad. Hablamos de créditos de Next Generation, pero es casi imposible comprar participaciones accionariales con esta herramienta. La única forma sería ejercer el control mediante préstamos participativos y con dinero proveniente de los PGE, pero esta fórmula solo sirve para empresas en crisis o en crecimiento, no para un grande del Ibex donde la única manera de entrar es comprando un paquete de acciones en el mercado.

Una tercera interrogante es el dinero. Se dice que empezará con 10.500 millones, pero solo con créditos, por lo que hasta la fecha no se sabe cómo esta cifra se transformará en los 120.000 millones que quiere utilizar el presidente del Gobierno. Estamos hablando además de un Estado altamente apalancado que tiene 1,7 billones de euros de deuda, la más alta de su historia, y un importante déficit con sus pensiones. Eso sin contar con que empezamos el tercer año con presupuestos prorrogados. Los más escépticos creen que estamos ante nuevos «cantos de sirena» del Gobierno. Es decir, un anuncio para presionar a las empresas, más que para ejecutar, y demostrarles que no pueden dar por muerta la capacidad de influir de Sánchez en el mundo corporativo. Un aviso para navegantes de que la Moncloa todavía puede dar mucha guerra si se lo propone.

Los más desconfiados creen que estamos ante una amenaza real y el nacimiento de una herramienta con la que completar la deseada colonización de las grandes empresas. Un «fondo soberano» con recursos suficientes —donde el ICO será solo el comienzo— para cumplir con los deseos de Sánchez de controlar a los díscolos. Lo que está claro es que las tensiones entre el mundo corporativo y Sánchez seguirán hasta el último minuto de la legislatura y eso significa que en estos dos años que pueden quedar por delante todavía restan muchos capítulos en esta disputa. Y es que —dicen algunos de los consultados— cuanto más cerca de su final está un Gobierno es cuando se vuelve más peligroso, porque se eleva a la máxima expresión su instinto de supervivencia.