Los auditores europeos alertan del descontrol de al menos 20.000 millones de fondos UE
El Tribunal de Cuentas Europeo concluye que la Comisión no controla con eficacia la reutilización del dinero
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Más de 20.000 millones de euros en fondos europeos de cohesión han quedado expuestos durante años a un sistema de control fallido, según las conclusiones de dos informes recientes del Tribunal de Cuentas Europeo a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La tesis del órgano auditor es clara: Bruselas no dispone de herramientas de supervisión suficientes para saber qué ocurre con parte del dinero una vez sale de la caja comunitaria, ni cuándo debería volver a circular —reutilizarse— ni cuándo debería corregirse tras detectar un gasto irregular.
Esta situación afecta a dos mecanismos. El primero son los instrumentos financieros —préstamos, garantías y capital— concebidos para que los fondos roten: se invierten, se recuperan y se reinvierten. El segundo son las correcciones financieras, el sistema previsto para excluir gasto no elegible y evitar que la Unión Europea termine financiando irregularidades. El auditor concluye que la Comisión Europea ha construido un control incompleto: llega tarde, depende de información fragmentaria y no garantiza trazabilidad.
El órgano auditor independiente de la Unión Europea es el encargado de fiscalizar la legalidad y la buena gestión del gasto comunitario. Sus informes fuerzan el escrutinio del Parlamento Europeo sobre la ejecución presupuestaria y fijan el estándar técnico de referencia para medir si Bruselas controla de verdad el dinero que administra.
Fondos UE bajo la lupa
La cifra de más de 20.000 millones no pretende fijar un total exacto —algo que el propio auditor considera hoy imposible por falta de trazabilidad—, sino establecer un umbral prudente a partir de importes ya identificables en los dos circuitos analizados. Por un lado, la Comisión llegó a manejar devoluciones por unos 8.500 millones en instrumentos financieros del ciclo 2007-2013, sin que el Tribunal considere verificable su reutilización posterior.
Por otro, el informe sobre correcciones recoge miles de millones en ajustes comunicados por los Estados y la Comisión Europea, pero advierte de que no existe un dato consolidado y fiable del impacto final. Sumados esos mínimos ya documentados y teniendo en cuenta que el auditor extiende las carencias de control a ciclos posteriores, la frontera de 20.000 millones funciona como un punto de referencia conservador para dimensionar el volumen afectado, sin convertirlo en una estimación cerrada.
El Tribunal de Cuentas de la UE describe dos ámbitos distintos —instrumentos financieros y correcciones— con cifras de referencia muy superiores, pero con el mismo denominador común: la Comisión no puede acreditar con datos robustos qué ocurre con una parte del dinero una vez entra en esos circuitos.
Reembolsos y reflujos
En el capítulo de instrumentos financieros, el volumen es de gran magnitud. El fiscalizador cifra en más de 67.000 millones de euros el dinero comprometido en estos instrumentos a lo largo de varios marcos presupuestarios. Parte de ese dinero regresa al sistema en forma de reembolsos —los denominados reflujos— y, en teoría, debería reinvertirse en nuevas operaciones. El problema es que el auditor europeo sostiene que la Comisión no supervisa ni audita de forma fiable esa reutilización. En otras palabras: Bruselas no puede acreditar con precisión cuántos fondos han mantenido su efecto rotatorio y cuántos han quedado sin reinversión verificable.
El ejemplo más tangible está en el ciclo 2007-2013. Para ese período, la Comisión manejó una estimación de unos 8.500 millones de euros devueltos por los perceptores finales. Pero el Tribunal advierte de que el dato no permite conocer el uso posterior real si no existe verificación y seguimiento robusto. Cuando el control de reflujos es incompleto, el sistema pierde su razón de ser —reutilizar el dinero— y se convierte en un circuito opaco para el propio supervisor.
El segundo bloque es el de las correcciones financieras, donde el Tribunal analiza la capacidad de Bruselas para proteger el presupuesto cuando hay irregularidades. Aquí entra en juego el volumen total del programa: la política de cohesión del período 2014-2020 movilizó 404.800 millones de euros. Con ese tamaño, el auditor europeo cuestiona que la Comisión esté aplicando correcciones de forma suficientemente rápida, consistente y transparente como para disuadir el gasto irregular y clarificar qué cantidades se han corregido realmente.
Dos debilidades
El Tribunal pone el foco en dos debilidades. La primera es la lentitud: los procedimientos de corrección pueden prolongarse durante años, lo que diluye el efecto disuasorio y permite que el gasto discutido permanezca tiempo sin una consecuencia clara y verificable. La segunda es la calidad de la información: el auditor sostiene que la Comisión Europea no presenta de forma suficientemente fiable y comparable el resultado real de las correcciones, y que el sistema depende en exceso de autocorrecciones y comunicaciones de los Estados miembros, lo que complica medir el impacto efectivo de los ajustes.
España no aparece como un caso singular en estos informes, pero no queda al margen del diagnóstico. Como uno de los grandes perceptores de cohesión y gestor en régimen de gestión compartida, España opera dentro del mismo marco normativo y del mismo esquema de control que el Tribunal cuestiona. El alcance, por tanto, es sistémico: no se trata de una acusación país a país, sino de la constatación de que Bruselas mantiene debilidades estructurales para seguir el rastro del dinero.
El informe del auditor europeo es una advertencia para el ciclo actual: sin refuerzos en la supervisión, sin trazabilidad exigible y sin procedimientos ágiles para corregir gasto irregular, la UE puede sostener un volumen histórico de inversión en cohesión sin garantizar un control a la altura del dinero comprometido.