'Inmigralia': la cuarta ciudad de España que no existe… pero que hay que gestionar

Si ‘Inmigralia’ existiera, sería hoy la cuarta capital de provincia más poblada de España, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Con 840.000 habitantes, su tamaño superaría al de Sevilla o Zaragoza. La diferencia es que ‘Inmigralia’ no aparece en los mapas: es una ciudad ficticia que agrupa a todos los inmigrantes en situación irregular que, según estimaciones de Funcas, residen actualmente en España. El gráfico que acompaña este texto ayuda a poner en contexto una cifra que, de otro modo, resulta abstracta.

El debate no va de guetos ni de estigmatización. Va de escala. Porque gestionar una ciudad de casi un millón de habitantes —o, como veremos, bastante más— implica decisiones de enorme calado económico, social y político. Decisiones que tienen consecuencias directas para los servicios públicos y, en última instancia, para el contribuyente.

Empecemos por los servicios sociales. Una población de estas dimensiones requeriría una red potente de atención social, vivienda de emergencia, ayudas económicas, servicios de inserción y mediación comunitaria. La experiencia comparada muestra que los procesos de regularización masiva suelen generar un efecto llamada administrativo: personas que no estaban en el radar del sistema pasan a demandar prestaciones básicas de manera simultánea. El resultado no es sólo más gasto, sino también tensiones operativas en unos servicios ya saturados.

El sistema sanitario afrontaría un reto similar. Más población implica más atención primaria, más urgencias, más listas de espera y más gasto farmacéutico. La sanidad pública española ya opera en muchas comunidades cerca de su capacidad máxima; añadir de golpe una población equivalente a una gran capital no es neutro. Exige más centros, más personal y más financiación estructural, no puntual.

En educación, el impacto es igualmente relevante. Escolarizar a decenas —o cientos— de miles de menores supone construir aulas, contratar docentes, reforzar programas de apoyo lingüístico y atender situaciones de vulnerabilidad. No hacerlo genera bolsas de fracaso escolar que terminan reproduciendo desigualdad y exclusión, con costes futuros aún mayores.

El mercado laboral es otro de los puntos críticos. Regularizar no crea empleo automáticamente. Si la incorporación se produce mayoritariamente en segmentos de baja cualificación, el efecto puede ser una presión a la baja sobre salarios, mayor competencia por empleos precarios y dificultades adicionales para trabajadores nacionales con menor nivel formativo. A medio plazo, esto también afecta a la recaudación y a la sostenibilidad del sistema.

Pero ‘Inmigralia’ no se queda en 840.000 habitantes. La reagrupación familiar amplifica de forma notable la magnitud del fenómeno. Con una media conservadora estimada de 2,2 familiares por cada inmigrante irregular (OECD International Migration Outlook, 2023–2025; Eurostat, Residence permits statistics – 2024), que sumarían 1,85 millones más, la población potencial asociada asciende a 2,69 millones de personas.

Aquí entra el factor clave: el coste fiscal. Un trabajo de Jesús Fernández-Villaverde estima en 200.000 euros el coste neto a lo largo del ciclo vital de cada inmigrante no cualificado para las arcas públicas. Aplicando esa cifra a 1,34 millones de personas, la mitad de los que acabarían regularizándose antes o después, el resultado es contundente: 268.800 millones de euros. Una cantidad prácticamente igual al total que los españoles pagamos por IRPF en 2023, obviamente extendida en el tiempo. Pero valga la cifra para darnos cuenta de la magnitud.

¿Quién paga esa factura? El contribuyente. Vía más impuestos, más deuda o menos recursos para otras prioridades: educación, dependencia, infraestructuras o reducción del déficit. Presentar la regularización masiva como una medida sin costes —o incluso como un negocio redondo— es, como mínimo, intelectualmente deshonesto.

‘Inmigralia’ no existe, pero sus números sí. Y antes de tomar decisiones irreversibles, conviene mirar el gráfico, hacer las cuentas y preguntarse si el país está preparado —y dispuesto— a financiar una ciudad de este tamaño. Porque las políticas públicas no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias.