Yolanda Díaz planea que Gobierno y sindicatos tomen el control de las participadas por la SEPI

Yolanda Díaz lleva desde la legislatura pasada tratando de sentar a los representantes de la plantilla en los consejos de administración de las medianas y grandes empresas. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha venido defendiendo esta iniciativa —que fue acordada por el PSOE y Sumar, pero no llegó a desarrollarse— al menos desde la manifestación del Primero de Mayo de 2023. El plan ha recibido un impulso esta semana al presentarse el informe que la ministra de Trabajo encargó a una comisión de 13 expertos internacionales y que propone dar a los trabajadores un tercio de la representación en los consejos de las compañías de entre 25 y 1.000 empleados y la mitad en las de mayor tamaño, lo que daría una mayoría de votos al Ejecutivo y sindicatos en las grandes cotizadas en las que participa el Estado a través de la SEPI como Indra, Redeia y Enagás.

El Informe de la comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo, que recoge casos prácticos en otros países como Suecia, Alemania, India y Uruguay, pero no cuantifica el impacto financiero de la medida, ha sido elaborado por académicos de instituciones de prestigio liderados por Isabelle Ferreras, especializados mayoritariamente en áreas ajenas a la economía como el derecho, la sociología o la politología. Su propuesta pasa por implantar el modelo sueco en sociedades de entre 25 y 1.000 trabajadores, lo que daría a los representantes de la plantilla una tercera parte de los asientos en los consejos.

En el caso de empresas de más de 1.000 empleados se propone la vía alemana, aunque con cierta confusión acerca de este modelo: las firmas germánicas están obligadas por una ley fraguada durante la Guerra Fría a conceder a la plantilla la mitad de representantes en un órgano de gobierno, pero no en el consejo de administración, sino en el de supervisión. Esto permite, según el propio estudio de los asesores de Trabajo, un mayor desarrollo del personal, avances en cuanto a la innovación e influencia a la hora de nombrar a los miembros del consejo de administración, lo cual no equivale a una presencia tasada por ley en este órgano.

Sin embargo, el escenario previsto por el documento es que «siguiendo el ejemplo del líder de la UE, Alemania, la mitad de los puestos del consejo de administración se destinan a representantes de los trabajadores». Además, esta imposición se extiende a todas las compañías de más de 1.000 trabajadores, a diferencia del umbral de 2.000 que establece la legislación alemana, que en cualquier caso se refiere al consejo de supervisión y no de administración. El documento también recoge que el mercado laboral germano presenta más desigualdad en la distribución de los ingresos que el español.

Aunque la patronal ha evitado por ahora pronunciarse acerca de estos planes, varias fuentes empresariales consultadas por THE OBJECTIVE no ocultan su rotundo rechazo, recordando que, además de los crecientes costes laborales y fiscales, las corporaciones se enfrentan a un coste regulatorio cada vez mayor como consecuencia de las cambiantes normativas que limitan su capacidad de maniobra a nivel operativo y añaden incertidumbre. Aunque reconocen el éxito del caso alemán, consideran que «da miedo que podamos pensar que somos alemanes, porque desafortunadamente no lo somos» y apostillan que en aquel país se desarrolló bajo un clima de consenso todavía marcado por la posguerra.

Según estas tesis, la representación de los trabajadores en los consejos recaería sobre «liberados sindicales» que «no necesariamente estén lo suficientemente cualificados» como para decidir sobre el rumbo estratégico de un negocio multimillonario. «Para replantear la estrategia de las empresas quizá se necesitaría a personas que estuvieran formadas en economía y con experiencia», indica un empresario, que recela del perfil de los autores del informe: «Por mucho que estén en Oxford o Harvard, no me dice nada si no están especializados en lo que necesitan las organizaciones; pueden tener cierto prestigio, pero no necesariamente son especialistas sino personas que han buscado para justificar lo que plantea la señora Yolanda Díaz».

Fuentes sindicales aportan una visión distinta al respecto y aseguran que este cambio en los consejos «puede funcionar bien», pues «que haya responsabilidad sindical y se escuche a la representación de los trabajadores puede ser una cosa positiva» y es algo que «ya hacen algunas empresas transnacionales» en España, como las de matriz alemana. Este razonamiento minimiza el impacto de la medida en las grandes cotizadas, ya que «en el consejo de Telefónica podrás opinar, pero no condicionar» la estrategia, aunque sí se oiría más alto «la voz de la posición sindical» en caso de aplicarse recortes de plantilla como el ERE en el que está inmersa la teleco.