La Airef denuncia la falta de control de 6.000 millones de ayuda española al desarrollo
El 55% de la cooperación española se canaliza a organismos multilaterales con ejecución delegada
José Manuel Albares, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. | EP
Más de 6.000 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo financiada por España entre 2021 y 2023 se ejecutaron fuera de la gestión operativa directa del Gobierno. La ejecución delegada de gran parte de la ayuda exterior reduce la visibilidad directa de las Administraciones sobre el desarrollo operativo de los proyectos y del dinero que conllevan. Además, limita la capacidad de generar indicadores comparables de impacto y resultados.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el que se examina el funcionamiento de estas millonarias ayudas y su gestión. El estudio, analizado por THE OBJECTIVE evidencia una brecha entre quien aporta los recursos y quien gestiona los proyectos que dificulta el seguimiento detallado del gasto y la medición uniforme de resultados.
En el periodo examinado, el desembolso total de la cooperación española ascendió a 10.847 millones de euros. De esa cifra, el 55,7% —unos 6.000 millones— se canalizó a organismos multilaterales, es decir, instituciones internacionales que ejecutan programas con sus propios sistemas técnicos, administrativos y de evaluación. El dinero mantiene supervisión institucional y responde a compromisos internacionales, pero la ejecución concreta queda fuera de la estructura operativa nacional.
El modelo de cooperación internacional
El modelo multilateral forma parte de la arquitectura habitual de la cooperación internacional. Este sistema permite financiar proyectos de gran escala, coordinar actuaciones entre países y aprovechar capacidades técnicas especializadas. El problema surge cuando su peso reduce la visibilidad operativa directa sobre los proyectos financiados y complica integrar información homogénea sobre impacto, eficiencia y destino final de los fondos.
El informe advierte de que cuanto mayor es la ejecución delegada, más difícil resulta construir un sistema nacional de evaluación coherente. Aunque en los últimos años se han producido avances en trazabilidad —como la reducción de partidas sin asignación geográfica clara— persisten limitaciones en interoperabilidad de datos y en generación de indicadores comparables. La dependencia de estructuras externas amplia estas carencias al obligar a integrar información procedente de marcos técnicos distintos.
El desfase entre financiación y ejecución también tiene implicaciones en la rendición de cuentas. Cuando los proyectos se gestionan bajo marcos técnicos distintos, la agregación de información sobre resultados se vuelve menos precisa. El informe subraya que esta fragmentación no impide el control legal del gasto, pero sí complica disponer de una fotografía completa y comparable del impacto real de la cooperación. La Administración puede verificar la correcta asignación presupuestaria, pero tiene mayores dificultades para evaluar de forma homogénea qué programas generan mayor eficacia.
Ayudas prioritarias al desarrollo
La Airef advierte además de que este escenario limita la capacidad estratégica del sistema. Sin indicadores consolidados y comparables, resulta más complejo ajustar prioridades, redirigir recursos o identificar áreas de mejora. El reto no es solo contable, sino de política pública: reforzar los mecanismos de seguimiento permitiría vincular mejor el esfuerzo presupuestario con resultados medibles, mejorar la planificación plurianual y dotar de mayor coherencia al conjunto de la cooperación española.
La concentración financiera tampoco se traduce en control operativo. El Ministerio de Hacienda canaliza cerca del 40% del desembolso total, principalmente mediante aportaciones a presupuestos y fondos internacionales, especialmente europeos. A continuación se sitúan el Ministerio de Asuntos Exteriores —a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo—, Economía e Inclusión. Aunque la financiación se concentra en pocos departamentos, la ejecución se dispersa en organismos con sistemas propios de gestión.
España se sitúa entre los donantes europeos con mayor peso relativo de la cooperación multilateral frente a la ejecución bilateral directa. Este enfoque refuerza la participación en programas internacionales, pero exige sistemas de seguimiento robustos para evitar que la distancia entre financiación y ejecución reduzca la capacidad nacional de evaluación.
El supervisor independiente de las finanzas públicas también identifica fallos en el control de procesos. La coexistencia de múltiples actores públicos y privados, junto a una coordinación limitada, dificulta la gestión integrada de la cooperación. A ello se suma una previsibilidad financiera reducida: gran parte de la ayuda opera bajo lógica presupuestaria anual, lo que limita compromisos plurianuales y complica la planificación estratégica.
Medición de resultados
Otro de los aspectos señalados en el trabajo es la baja participación directa de actores locales en la ejecución de proyectos en países socios. La cooperación española concentra gran parte de su gestión en entidades nacionales o multilaterales, lo que simplifica la administración, pero reduce la descentralización operativa y la adaptación a contextos específicos.
En este escenario, el organismo independiente insiste en que la eficacia de la ayuda al desarrollo no depende únicamente del volumen de recursos, sino de la capacidad de medir resultados. Entre sus recomendaciones figuran mejorar la calidad de los sistemas de información, reforzar la interoperabilidad de datos, dotar de mayor operatividad a los mecanismos de coordinación institucional y establecer marcos de evaluación orientados a resultados.