El Gobierno reclama ahora a decenas de miles de autónomos la devolución de las ayudas covid
Las mutuas verifican ahora el cumplimiento de los requisitos de unas ayudas concedidas con urgencia hace seis años
Un autónomo en una imagen de archivo. | EP
Seis años después del estallido de la pandemia de la covid, la Administración ha activado la revisión de las ayudas extraordinarias que recibieron los autónomos entre 2020 y 2021, un proceso que está derivando en reclamaciones de devolución para decenas de miles de perceptores. La medida no responde a una retirada generalizada de prestaciones, sino a la comprobación a posteriori de que quienes cobraron esas ayudas cumplían los requisitos exigidos en su momento.
Durante los meses más críticos de la crisis sanitaria, el Estado puso en marcha varias prestaciones excepcionales —principalmente por cese total de actividad y por reducción de ingresos— que llegaron a alrededor de un millón y medio de trabajadores por cuenta propia. La urgencia de la situación llevó a conceder muchas de estas ayudas mediante un sistema de declaración responsable, que permitía agilizar los pagos sin una verificación inmediata de toda la documentación.
Ahora, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social están solicitando esa justificación con carácter retroactivo. El procedimiento consiste en acreditar que se cumplían los umbrales de caída de ingresos o las condiciones de actividad fijadas por la normativa vigente en cada momento. En los casos en los que no se puede demostrar ese cumplimiento —por errores, cambios normativos o interpretación de los requisitos— se inicia el expediente de devolución.
Fuentes del sector de autónomos sitúan las devoluciones efectivas en torno a un pequeño porcentaje del total de ayudas concedidas, pero señalan que la revisión se está aplicando de forma amplia, lo que ha generado inquietud entre muchos beneficiarios. Parte del malestar procede del contexto en el que se aprobaron las prestaciones: normas que cambiaban con frecuencia, criterios interpretativos variables y una presión administrativa orientada a garantizar la rapidez en el cobro.
El impacto no es homogéneo. Algunos de los expedientes afectan a autónomos que ya han cesado su actividad, se han jubilado o atraviesan situaciones económicas delicadas, lo que añade complejidad a la tramitación. Las mutuas defienden que el procedimiento responde a obligaciones legales de control del gasto público, mientras que asociaciones del sector advierten del riesgo de trasladar a los beneficiarios las consecuencias de un diseño normativo excepcional.
Estas fuentes hablan de cerca de 45.000 afectados —el Gobierno rebaja en 5.000 esta cifra— que han tenido que devolver la ayuda, aproximadamente un 3% de los que la cobraron, entre los cuales se han dado «casos dramáticos» al haber fallecido el beneficiario o encontrarse en la ruina, y otros en los que se han llegado a judicializar los expedientes, aunque este escenario es minoritario.
Según esta versión, la situación actual de sobrecarga administrativa en las mutuas que tramitaron estas prestaciones tiene como origen la «inseguridad jurídica» que vivió el sector durante la pandemia con cambios constantes de normativa. En su día, los autónomos pedían celeridad para poder sobrevivir económicamente y el Ejecutivo respondió con dos líneas de ayudas, por continuidad y por quiebra, que solo requerían una declaración responsable conforme los beneficiarios, cerca de un millón y medio de personas, cumplían los requisitos.
Sin embargo, aproximadamente cuatro años más tarde las mutuas empezaron a reclamar la documentación para acreditar el cumplimiento de los supuestos exigidos para cobrar, algo que han seguido haciendo hasta la actualidad. Se trata de un trámite por el que deben pasar todos aquellos que en su día se beneficiaron, aunque la gran mayoría de ellos han logrado superarlo sin más inconveniente que la carga burocrática y el «susto» de recibir la carta con la consecuente incertidumbre.
Un proceso de revisión
Según transmite la Seguridad Social a THE OBJECTIVE, «como las prestaciones de cese de actividad que se dieron en la pandemia se concedieron provisionalmente para agilizar que llegaran de forma rápida y eficaz, se inició hace tiempo un proceso de revisión y el trámite de audiencia». Además, «el Tribunal de Cuentas realizó también una evaluación al respecto» y «del millón y medio que se concedieron en el primer real decreto ley, finalmente se han reclamado algo más de 40.000», es decir, «un porcentaje pequeño». Finalizado este capítulo, se está ahora llevando a cabo el proceso de los reales decretos ley posteriores.
A pesar de que después de cumplimentar los formularios solo a una minoría de autónomos se les ha exigido la devolución, la gran cantidad de beneficiarios implica que -aunque se trate de un pequeño porcentaje- son decenas de miles los autónomos afectados, en algunos casos por errores administrativos y en otros porque algunos de ellos creyeron que tenían derecho a una ayuda a la que, con años de retraso tras el cobro, han descubierto que no podían optar. Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a finales de 2025 unos 60.000 trabajadores por cuenta propia seguían pendientes de resolución de las mutuas, que en su día abonaron 3.758 millones de euros, en su mayoría por suspensión de actividad (53%) pero también por alegar una reducción de tres cuartas partes de sus ingresos (47%).
La revisión, en cualquier caso, reabre el debate sobre el equilibrio entre rapidez y seguridad jurídica en situaciones de emergencia. Las ayudas cumplieron su función de sostén económico en un momento crítico, pero su verificación tardía evidencia las tensiones administrativas derivadas de aquel sistema extraordinario.