El Gobierno lleva la contratación pública a máximos con las grandes obras bajo sospecha
El importe de las adjudicaciones del Estado superó en 2025 los 53.000 millones con la competencia en mínimos
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto a Óscar Puente, reponsable de Transportes, el ministerio que protagoniza las adjudicaciones. | EFE
La contratación del sector público estatal cerró 2025 con el mayor volumen económico de adjudicaciones de toda la serie histórica en un momento en el que los grandes contratos públicos se encuentran bajo la lupa por presuntos amaños en las concesiones de obras. Según los datos consolidados de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) analizados por THE OBJECTIVE, el importe total adjudicado se situó el año pasado en 53.400 millones de euros, frente a algo más de 25.500 millones el ejercicio anterior. El resultado es que en un solo año se ha duplicado el volumen de las adjudicaciones y se rompe con claridad una tendencia sin grandes variaciones observada desde 2019.
La dimensión de la cifra se aprecia mejor al compararla con ejercicios recientes: lo adjudicado por el Estado en 2025 equivale a lo contratado en 2023 y 2024 juntos, cuando el volumen anual se movía en una horquilla estable de entre 24.000 y 28.000 millones de euros. Nunca antes la contratación estatal había alcanzado cifras de esta magnitud, lo que convierte el ejercicio en un máximo histórico dentro de la estadística oficial, precisamente en un contexto de mayor atención sobre la transparencia, la concurrencia y la trazabilidad de los grandes expedientes.
Mientras, el número de expedientes adjudicados aumenta de forma moderada respecto a 2024, lo que indica que el salto responde principalmente al mayor peso de contratos de elevada cuantía. En términos operativos, se adjudica mucho más dinero sin que el número de procedimientos crezca en la misma proporción.
Contratos de grandes obras
El incremento se concentra en grandes expedientes —infraestructuras, servicios estratégicos y suministros complejos—, un segmento en el que la competencia tiende a estrecharse con mayor frecuencia. La concurrencia media —el número de ofertas presentadas por contrato— se sitúa por debajo de tres licitadores, un umbral que los informes técnicos consideran señal de presión competitiva limitada. Cuantas menos ofertas concurren, menor es la capacidad comparativa entre propuestas y mayor la exigencia de control técnico y documental.
En 2025 aumentó el peso de expedientes de alta complejidad técnica y elevado impacto económico, tanto en obra pública como en servicios especializados. Esta concentración modifica la estructura del mercado estatal y plantea retos adicionales para la evaluación técnica, la comparabilidad de ofertas y la fiscalización posterior de la ejecución.
Uno de los vectores que contribuyen al aumento del volumen contractual es la intensificación de la contratación en el ámbito de defensa. En los últimos ejercicios se observa una mayor actividad licitadora asociada a programas de modernización y compromisos internacionales de gasto, en un contexto de presión de los aliados —especialmente Estados Unidos— para reforzar capacidades. Aunque este componente no explica por sí solo el salto agregado de 2025, sí refleja cómo determinadas áreas estratégicas están elevando la intensidad económica de la contratación estatal.
Dana y licitaciones de Defensa
Parte del incremento coincide con actuaciones derivadas de episodios extraordinarios como la dana, que activan contratos de emergencia y trabajos de reparación de infraestructuras. Este tipo de intervenciones genera picos temporales de contratación. No obstante, su impacto económico —aunque relevante— resulta insuficiente para explicar la magnitud del salto registrado. El crecimiento observado supera ampliamente los volúmenes habituales asociados a la contratación de emergencia, lo que apunta a la adjudicación de grandes expedientes estructurales y a dinámicas administrativas de cierre y ejecución como principal motor del aumento.
La aceleración de las adjudicaciones se concentra especialmente en el tramo final del ejercicio, cuando se registra una parte sustancial del volumen contractual. Este comportamiento es habitual en ciclos administrativos, pero cuando coincide con competencia limitada, incrementa la necesidad de trazabilidad documental y control posterior.
El récord de contratación estatal coincide con un periodo de intenso escrutinio institucional y judicial sobre el sistema de adjudicaciones públicas. Diversas investigaciones abiertas en los últimos años —centradas en presuntos amaños en contratos de obra y en adjudicaciones de emergencia durante la pandemia— han incorporado a procedimientos informes técnicos que examinan la configuración de determinados expedientes.
Vigilancia institucional
Estas causas se refieren a contratos concretos y no guardan relación directa con la estadística agregada del sistema. Sin embargo, han elevado la vigilancia institucional sobre los grandes contratos públicos. El foco se sitúa en la concurrencia efectiva, la trazabilidad de los criterios de adjudicación y la capacidad de control posterior, más que en adjudicatarios específicos.
Los informes oficiales sobre publicidad y transparencia insisten en que la solidez del sistema depende de garantizar igualdad de acceso, publicidad suficiente y competencia real. La concurrencia reducida figura entre los indicadores que obligan a extremar la revisión de expedientes cuando el impacto económico es elevado. La contratación estatal entra así en una fase de expansión sin precedentes, con un escrutinio cada vez mayor por los contratos a dedo o en el que los criterios subjetivos tienen especial protagonismo.