Las propiedades okupadas de la empresa pública ADIF aumentan un 55% en un solo año

Los inmuebles públicos también están afectados por un aumento en la okupación. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene actualmente 186 viviendas, 12 locales y 29 parcelas habitadas de forma ilegal. En total, 227 propiedades, lo que supone un incremento del 55% respecto al año anterior, cuando la entidad reconocía 146 activos ocupados.

La empresa pública, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha concedido acceso parcial a la información solicitada por el Portal de Transparencia. Si bien ha facilitado el número global de inmuebles ocupados en 2025, ha rechazado detallar su localización, incluso a nivel municipal.

ADIF justifica esta negativa en el artículo 14.1.e de la Ley 19/2013 de Transparencia, al considerar que la divulgación de la ubicación de los inmuebles podría «comprometer los intereses patrimoniales de la entidad». Según la resolución, la publicación de estos datos superaría el denominado «test del daño», al existir un perjuicio concreto y evaluable para el patrimonio administrado. La entidad también ha rechazado facilitar el desglose de inmuebles recuperados durante 2025, ya sea por desistimiento o lanzamiento judicial, al argumentar que muchos procedimientos permanecen pendientes de resolución procesal.

En cuanto a los costes asociados a estos inmuebles, ADIF sostiene que no puede ofrecer una cuantificación exacta. La empresa pública señala que los gastos procesales, las costas judiciales pendientes de liquidación y la trazabilidad contable por activo no se encuentran agregados en ningún sistema preexistente. La resolución invoca los artículos 13 y 18.1.c de la Ley de Transparencia, que excluyen del derecho de acceso aquellas solicitudes que requieran una «reelaboración sustancial».

El gestor de la red ferroviaria argumenta que atender la petición implicaría reconstruir manualmente expediente por expediente la situación jurídica y económica de cada inmueble, combinando datos de asesoría jurídica, patrimonio, seguridad y mantenimiento. Cita además jurisprudencia del Tribunal Supremo y resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que distinguen entre una reelaboración básica —admisible— y una reconstrucción compleja, que excede el deber ordinario de suministro de información.

Cataluña y Andalucía concentran la mayor presión

Según lo publicado en informes anteriores, el 75% de las propiedades ocupadas de ADIF se concentran en Cataluña y Andalucía. En Cataluña, expertos del sector vinculan la elevada incidencia al marco normativo autonómico y a las obligaciones impuestas a los propietarios en materia de alquiler social, mientras que en Andalucía el volumen podría explicarse por la mayor presencia de activos inmobiliarios ferroviarios. La situación no es exclusiva de ADIF. Otras entidades públicas, como Sareb, también acumulan miles de viviendas okupadas y en procesos judiciales para su desalojo.

La propia resolución reconoce la complejidad procesal que rodea a estos inmuebles, con lanzamientos judiciales pendientes, costas en fase de ejecución y situaciones jurídicas heterogéneas. La empresa pública subraya que el derecho de acceso a la información no puede convertirse en «una petición de informes a la carta», sino que se limita a documentos ya elaborados. Con todo, las cifras oficiales confirman una tendencia al alza: en un solo año, las propiedades ocupadas de ADIF han pasado de 146 a 227.