Comisiones y empresas quebradas: la cara B de los rescates de la SEPI

13 de julio de 2021.- El consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI aprueba la concesión de un préstamo participativo por un importe de 112,8 millones a Tubos Reunidos. El grupo empresarial del País Vasco atravesaba una seria crisis derivada de la paralización de la industria durante la pandemia. La situación era tan crítica que se vio obligado a comunicar a la CNMV la concesión de la ayuda una semana antes de que aprobara definitivamente en el Consejo de Ministros, como una forma de calmar a los acreedores. Su objetivo era utilizar el dinero del rescate —concedido a siete años— para reconvertir su negocio de fabricación de tubos de acero hacia una «ruta verde», aprovechando oportunidades en el sector de las energías limpias y el hidrógeno.

20 de julio de 2021.- Finalmente llega el salvavidas que el Estado justificó porque la compañía era uno de «los diez principales productores mundiales de tubería de acero inoxidable de petróleo y gas y uno de los dos únicos fabricantes europeos de este material altamente estratégico». El Ministerio de Hacienda —del que depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— concluía en su nota que en ausencia de apoyo público temporal, «Tubos Reunidos tendría graves dificultades para mantenerse en funcionamiento. Y un cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto sobre la actividad económica y el empleo a nivel regional». Entonces empleaba a 1.400 personas de forma directa y generaba 7.000 puestos de trabajo indirectos, el 7,3% del empleo total del sector. Además, contaba con 400 clientes en 66 países y exportaba el 90% de la producción.

29 de febrero de 2024.- Tubos Reunidos reporta un beneficio neto de 56,6 millones de euros en 2023, más de un 30% que en 2022, mientras que sus ingresos crecieron casi un 4%. La compañía destacaba que mantenía su recuperación, pese a un escenario de incertidumbre global tras un primer semestre «excepcional». No obstante, advertía de una reducción de los pedidos por el alto volumen de inventarios y una mayor presión de los precios. Todo parecía indicar que aprovechaban la liquidez del rescate y lograban engancharse a un contexto internacional propicio, impulsado fundamentalmente por el boom industrial que se registró en todo el mundo tras el fin de la pandemia.

Pérdidas de Tubos Reunidos

9 de febrero de 2026.- La compañía vasca anuncia unas pérdidas provisionales (no auditadas) de 71,3 millones de euros en 2025, lo que contrasta con el beneficio de 28,6 millones de 2024, aunque el resultado puede ser peor porque falta incorporar el deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en Estados Unidos. La subida de los aranceles de Donald Trump ha asestado un duro golpe a Tubos Reunidos, que vio como el año pasado se produjo una brusca caída de los pedidos, en especial los de EEUU. Por ahora, la deuda acumulada escala hasta los 263,2 millones, una asfixia financiera que les llevó a plantear un expediente de regulación de empleo (ERE) de 301 empleados, el peor en el País Vasco en décadas. El plan de viabilidad persigue «el mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, e incluye la realización de un ERE, preferentemente a través de acuerdos de prejubilación y de salidas incentivadas, de forma que se produzca el menor impacto social posible».

Una crisis en la que la SEPI vuelve a ser protagonista. Tubos Reunidos debe 126,7 millones (el rescate más los intereses) y tiene que pagarlos durante el ejercicio 2028. Solo por el componente variable de los intereses del préstamo participativo, debe pagar unos 1,5 millones al año. Más de la mitad de todo el pasivo que les ahoga es propiedad de la sociedad pública y con la espada de Damocles que significa que, ante un impago del principal, el Estado tomará el control si se decide a canjear su deuda por acciones. Por ello, una parte importante de la solución pasa por negociar que se flexibilicen las condiciones, se reduzcan los intereses o se aumente la vida de la deuda.

El escenario ideal para Tubos Reunidos es una condonación parcial, pero hasta la fecha el Ministerio de Hacienda siempre se ha negado a renunciar al dinero abonado durante la pandemia. De hecho, ahora mismo las negociaciones están en punto muerto. El problema es que la auditoría final de las cuentas, al asumir el impacto de la depreciación de los activos por la caída del negocio en EEUU podría llevar a la compañía a una situación de preconcurso, que sería un jarro de agua fría para el negocio en momentos en los que precisamente se quiere aprovechar el viento de cola en el mercado internacional. En este tipo de operaciones, la lógica de la SEPI siempre es la misma: velar para que el Estado recupere el dinero, aunque eso signifique retrasar el pago. Pero a la vez cierra cualquier tipo de vía a la condonación y a ser accionista de empresas económicamente debilitadas.

La SEPI y Duro Felguera

Estamos ante una situación similar a la de Duro Felguera. En marzo de 2021, la SEPI le concedió 127 millones y el Principado de Asturias otros siete millones. No obstante, una serie de malas decisiones empresariales y laudos judiciales que le fueron desfavorables les llevó cerca de la quiebra a comienzos de 2025. Desde entonces, estuvo negociando con la sociedad estatal la forma de perdonar la deuda o entrar en el capital. Pero Hacienda fue inflexible y exigió a los accionistas mayoritarios, los mexicanos Prody y Mota, que fueran parte de la solución. Finalmente, los socios se comprometieron a aportar otros 10 millones —un tercio de todo lo que hacía falta— y el Estado prometió flexibilizar las condiciones y alargar la vida del préstamo hasta 2035, siete años más que su último vencimiento en 2028. Hablamos de duras negociaciones de casi un año, que obligaron a pedir varias prórrogas del preconcurso. Un modelo que se niegan a repetir en Tubos Reunidos.

Pero no son los únicos. Este febrero también se firmó la reestructuración de Imasa, otra compañía de ingeniería asturiana rescatada por la SEPI, en este caso con 35 millones. La compañía logró una quita a la banca acreedora del 80% manteniendo el crédito que le concedió el holding industrial del Estado. Unas condiciones que solo afectaron a la banca privada, incluyendo al Banco Santander, Deutsche Bank, BBVA y CaixaBank, pero no a la sociedad pública, nuevamente inflexible, que simplemente extendió la vida del préstamo y flexibilizó las condiciones. Estos tres casos, más una decena de renegociaciones y extensiones que no se han hecho públicas, vuelven a confirmar que muchos salvavidas se entregaron a empresas que no eran viables, que no lo eran antes del rescate y que no lo fueron después de la inyección de dinero público. Y lo que es peor, las condiciones de este crédito en nada ayudaron a asentar su rentabilidad, lo que pone en duda realmente para qué sirvió el dinero entregado en buena parte de estos casos.

Entre 2021 y 2022, la SEPI concedió 2.681 millones de euros a 28 empresas. Al cerrar 2025 ya había recibido la devolución de 1.708 millones de compañías como Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica, Soho, Hesperia, Hotusa, Air Europa y Técnicas Reunidas. Quedan otras 18 que lo tendrán que hacer en los próximos meses y la realidad es que pocas de ellas tienen actualmente la solvencia para afrontar estos pagos. Otras, como el caso de Plus Ultra, han afrontado pérdidas prácticamente todos los años de la última década y no han logrado nunca enmendar el rumbo ni enderezar sus balances. El caso de esta aerolínea es paradigmático, ya que su balance está exclusivamente sostenido por el dinero de la sociedad pública, utilizado como un resquicio financiero para evitar un patrimonio negativo que les obligaría a presentar el concurso de acreedores.

Decreto antiquiebras

Aquí nos encontramos con otra prerrogativa del Estado: el decreto antiquiebras, que permite no incluir en las pérdidas los resultados de 2020 y 2021, lo que abrió la puerta a que muchas de estas compañías se mantengan en pie de manera artificial y con resquicios contables. Quizás algunas hubiesen tenido que quebrar en estos años, pero resisten por este decreto que —cinco años después de la pandemia— se sigue prorrogando de manera inexplicable. Evidentemente, la situación de estas 18 empresas que no han devuelto los rescates no es igual de negativa, pero sí hay un patrón en todas ellas y es que tendrán muy difícil devolver el dinero en los plazos establecidos. La SEPI ya ha renegociado nuevos vencimientos con muchas de ellas y lo tendrá que hacer con el resto a medida que se acerquen los pagos.

Las dudas con los rescates de la SEPI no solo tienen que ver con la situación financiera anterior a la covid y sus problemas posteriores. También están relacionadas con sospechas de pagos de comisiones a asesores que supuestamente ayudaron a conseguir el dinero público, ahora además involucrados en tramas de corrupción. Algo que explicaría la concesión a compañías que no cumplían los requisitos o bordeaban la norma. El caso es que al menos cuatro de estas operaciones están en el punto de mira, y tres de ellas han estado —o están— bajo investigaciones judiciales por la sospecha, ya sea por el pago a intermediarios o por la forma en la que se utilizaron estos recursos. En total, 961 millones de euros, el 36% de todo lo que se concedió.

Rescates y comisionistas

Y aquí vuelven los paralelismos, ya que Tubos Reunidos y Plus Ultra son dos de las compañías que han estado relacionadas con estos casos. Tras la detención, y posterior liberación, a mediados de diciembre del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, de la exmilitante del PSOE, Leire Díez y del socio de Santos Cerdán., Antxon Alonso, se conoció que —entre otras cosas— se les investigaba  por haber «llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda —de la SEPI— a Tubos Reunidos, percibiendo por ello un total de 114.950 euros», una «intermediación que podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento». Esta investigación pone bajo la lupa los primeros rescates concedidos ya que se ha sabido que Fernández siguió teniendo influencia en la gestión de la sociedad pública al menos hasta mediados de 2021.

Es una situación similar a la que ya confesó Víctor de Aldama. En declaraciones a los investigadores policiales confirmó que le contrató la familia Hidalgo (dueños de Air Europa y del 50% de Ávoris a través de Halcón Viajes) para que les asesorara en diferentes operaciones, entre ellas el rescate de la aerolínea. La Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil acredita pagos totales de al menos 169.400 euros. Y en el caso de Plus Ultra, en diciembre se produjeron registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su sede en Madrid y se detuvo a sus principales directivos, entre los que se encontraban Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y director general. Posteriormente, se ha conocido que un asesor llegó a firmar un contrato (que dicen que nunca se materializó) precisamente para ayudar a desatascar el rescate. Una serie de dudas (financieras y de comisiones) que el Gobierno nunca ha explicado porque mantiene todos los expedientes de los rescates bajo el más absoluto secreto.