El número de personas que cobran el paro de forma fraudulenta se dispara un 26% en un año

El número de personas detectadas que cobran la prestación por desempleo de forma fraudulenta aumentó un 26% en un solo año, según datos oficiales facilitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del Portal de Transparencia. La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, concede parcialmente la información solicitada y confirma el incremento de irregularidades vinculadas a prestaciones por desempleo entre 2023 y 2024.

De acuerdo con el Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2023, el ejercicio se cerró con 3.699 propuestas de baja en prestaciones por desempleo dentro de un total de 17.673 actuaciones inspectoras en esta materia. Las propuestas de baja constituyen el indicador más directo de detección de fraude, ya que implican la retirada de la prestación tras acreditarse una irregularidad.

Un año después, según el Informe Anual 2024, las cifras aumentaron hasta 4.667 propuestas de baja en desempleo, dentro de 21.122 actuaciones. El salto interanual supone un incremento cercano al 26% en las retiradas de prestación vinculadas a fraude. El aumento de las propuestas de baja se produce en paralelo a un incremento de la actividad inspectora. En 2024, las actuaciones en materia de desempleo crecieron respecto al ejercicio anterior, lo que evidencia una mayor intensidad de control.

En el ámbito específico de las prestaciones por desempleo, el informe 2023 recoge que se finalizaron 4.955 órdenes de servicio, con 2.090 actas de infracción levantadas y 9,5 millones de euros en expedientes liquidatorios derivados de irregularidades detectadas. El documento de 2024 mantiene esa tendencia al alza tanto en actuaciones como en resultados sancionadores, consolidando un escenario de mayor presión inspectora sobre el sistema de protección por desempleo.

Fraude en el marco general de prestaciones

Aunque la solicitud se centraba en el desempleo, los informes anuales muestran que el fenómeno se enmarca dentro de un aumento global de infracciones en materia de prestaciones de Seguridad Social. En 2023, la Inspección registró 7.760 infracciones en materia de prestaciones, con 37 millones de euros en sanciones y más de 50 millones en expedientes liquidatorios. El desempleo representa una parte significativa de ese bloque.

La propia memoria anual explica que las actuaciones incluyen supuestos como la connivencia —simular una situación laboral falsa— para obtener indebidamente prestaciones, creación de empresas ficticias para generar derecho a subsidios, capitalización indebida e irregularidades en cotización para acceder a la prestación. Este contexto refuerza que el incremento detectado en desempleo no es un dato aislado, sino que forma parte de una tendencia estructural de intensificación del control sobre el fraude en prestaciones públicas.

Transparencia rechaza el desglose por sexo y nacionalidad

La resolución facilitada por la Inspección concede acceso parcial a la información solicitada, pero rechaza el desglose por sexo y nacionalidad de los infractores. El organismo argumenta que su sistema informático no dispone de etiquetas que permitan identificar si el beneficiario es hombre o mujer o si es español o extranjero, y que obtener ese nivel de detalle exigiría un análisis manual de miles de expedientes desde 2018.

En este punto invoca el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, que permite inadmitir solicitudes que requieran una reelaboración sustancial de la información. Asimismo, la petición relativa al dinero abonado de forma fraudulenta fue rechazada al considerar que la competencia para la gestión económica y sancionadora corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en aplicación del artículo 18.1.d) de la misma norma. Por último, los datos correspondientes a 2024 fueron parcialmente limitados al encontrarse aún en proceso de consolidación y publicación, conforme al artículo 18.1.a), relativo a información en curso de elaboración.

El incremento del 26% en propuestas de baja plantea una doble lectura. Por un lado, puede interpretarse como un aumento real de intentos de fraude en el sistema de desempleo. Por otro, coincide con una intensificación de las actuaciones inspectoras, lo que sugiere una mayor capacidad de detección.

En cualquier caso, las cifras oficiales confirman que el fraude vinculado a la prestación por desempleo continúa siendo un foco relevante de actuación para la Inspección de Trabajo, en un contexto en el que el control sobre las prestaciones públicas se ha reforzado en los últimos ejercicios. La combinación de más actuaciones, más infracciones y más propuestas de retirada de prestación consolida una tendencia al alza en los mecanismos de control del fraude en el paro.