Los expertos en vivienda piden seguridad jurídica y menos burocracia para bajar precios

Acabar con la inseguridad jurídica, eliminar trabas burocráticas para facilitar la liberación de suelo destinado a edificar y colaborar entre Administraciones y entre sector público y privado. Estas son algunas de las propuestas para incrementar la oferta inmobiliaria y resolver la crisis de la vivienda en España que pusieron sobre la mesa algunos de los principales expertos sectoriales del país en el foro Vivienda futura, organizado por THE OBJECTIVE este jueves en la sede de la Fundación Ortega-Marañón en Madrid.

La «injusta fiscalidad» impuesta al sector inmobiliario y el «desamparo» de los propietarios son algunos de los desafíos que impiden la construcción necesaria de obra nueva para atender a toda la demanda residencial, según explicó Helena Beunza, presidenta de la asociación de propietarios del alquiler, Asval. La representante sectorial arremetió contra la ley de vivienda, que ha agravado la situación al introducir un «retraso en la recuperación de las viviendas por parte de los propietarios que la tienen okupada o inquiokupada».

Beunza también valoró negativamente los topes de rentas contemplados en el mecanismo de las zonas de mercado tensionado y quiso romper el mito de que los precios suben porque la mayoría de regiones incumplen una legislación que, por otro lado, ha provocado que España se esté «alejando del marco jurídico de la Unión Europea», donde «no cabe la desprotección» del derecho de la propiedad. «No es cierto que haya comunidades que no están cumpliendo la ley de vivienda», zanjó, con el argumento de que «cada comunidad desarrolla su propia política de vivienda», tal y como contempla la legalidad vigente.

«La inseguridad jurídica absoluta hace que la producción de viviendas sea cero industrializada», coincidió Carolina Roca, presidenta de Asprima, que recordó que durante años en España se construían cientos de miles de inmuebles residenciales, pero actualmente el país «no [es capaz] de llegar a las 100.000 viviendas al año», lo que produce una «brecha enorme entre la creación neta de hogares» en el lado de la demanda «frente a la producción de vivienda». La portavoz de los promotores inmobiliarios madrileños alertó de que «es imposible atraer inversión» cuando la «rentabilidad es la mitad que la de los promotores y constructores del resto de Europa» o «el tiempo de maduración medio es de entre 15 o 20 años».

«Que no exista rentabilidad es culpa exclusiva del legislador», denunció Roca, añadiendo que «la industrialización ayuda», aunque «no hay mano de obra suficiente», por lo que apostó por «traer trabajadores» del extranjero «con formación en origen». Esta fue una de las propuestas recurrentes a lo largo del foro y también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se mostró partidario de incorporar «inmigración preparada» para superar el «factor limitante» de la mano de obra. Aunque reclamó «cortar la inmigración ilegal», sí abogó por contratar en Latinoamérica o África a personal formado en sus respectivos países y apoyar este tipo de iniciativas con los fondos europeos que se destinan a cooperación al desarrollo. También apeló al potencial de Bruselas, a través de los Next Generation, para acelerar la construcción de inmuebles.

Otra de las claves la aportó Paola Erhardt, responsable de Living de JLL: los inversores no han desaparecido, sino que huyen de un mercado tradicional de la vivienda hiperregulado que ha quedado en segundo plano frente a otros segmentos más rentables. Según los datos que baraja la consultora inmobiliaria, «el sector living sigue creciendo», pero lo hace en «nuevas modalidades» alternativas como «residencias de estudiantes, sanidad, personas mayores» o alojamientos flexibles. De hecho, el «desequilibrio» entre oferta y demanda «favorece la atracción de inversión» hasta el punto de que «el año pasado se transaccionaron 4.500 millones de euros» en el mercado residencial español, cifra superior a la del ejercicio anterior, ya que «la demanda [está] ahí», aunque «queda mucho» por edificar. 

Por su parte, Carmen Panadero, presidenta y socia fundadora de Wires, manifestó que «si no hay rentabilidad, nadie va a invertir y con el dinero público no se pueden construir las viviendas que son necesarias». Además, recordó a las administraciones su «obligación» de garantizar el derecho de los ciudadanos a la vivienda digna y advirtió que delegar esta responsabilidad en el propietario es simple y llanamente inconstitucional. En una línea similar, Jesús Gil Marín, socio fundador de la inmobiliaria Gilmar, instó a los Gobiernos a cumplir con su deber de «estar al servicio de los ciudadanos para resolverles los problemas y no creárselos». «Hay administraciones que se creen que es al revés, que ellos son los jefes y tienen que exigir: al promotor se le ataca porque gana mucho dinero, porque explota, y es al contrario, a quien es capaz de generar empleo y crear vivienda habría que venerarlo, llevarlo bajo palio y hacerle las cosas fáciles», reprochó.

‘Apagón’ en los nuevos bloques

Por si todos estos retos fueran pocos, la saturación de la red eléctrica se ha ido convirtiendo en un freno añadido a la llegada de obra nueva. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, llamó al Gobierno central a dejar de lado los «populismos» e «intervencionismos» y su gestión «sectaria», y centrarse en desbloquear la construcción de 160.000 viviendas en la región que se quedarían a oscuras con la infraestructura actual. David Solla, director general de MWCC, destacó un dato significativo para los inversores que quieren comprar para alquilar: «En 2007, por el coste de un metro cuadrado en el barrio de Salamanca, el más caro, podías comprar 1,8 metros en Vicálvaro, el distrito más pobre. Ahora son 3,6, se ha duplicado. Las zonas más ricas son cada vez más caras», mientras que «con el alquiler no ha ocurrido lo mismo».

Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-Cefas, compartió sus cálculos, que arrojan que «con las pautas de familia que había hace 50 años, ahora necesitaríamos tres millones menos de viviendas con la misma población» y afirmó que «los españoles estamos menguando» y «en las grandes ciudades está habiendo una sustitución de población» con la llegada de inmigrantes. Ángel Salvador Chacón Maldonado, director del Servicio Registral de Consumidores y Usuarios de Registradores de España, subrayó que «no hay una situación de burbuja» como la del boom inmobiliario, ya que en la demanda «no hay un fin especulativo sino residencial», pero se ha producido un «estrangulamiento de oferta».

Tal y como explicó el director de este medio, Álvaro Nieto, el objetivo del evento moderado por la periodista Rocío Regidor era compartir el conocimiento de los especialistas en la materia para «arrojar luz» sobre «a qué se debe el incremento de los precios de la vivienda y qué debemos hacer para corregir este problema», con tal de que «los políticos tomen buena nota de las medidas» necesarias. La directora adjunta de TO, Maite Rico, se mostró convencida de que ya «había problemas de vivienda en Alejandría o Jericó, y en Madrid ha habido problemas de vivienda toda la vida», como se puede constatar al recorrer la calle Alcalá en toda su extensión, un «escaparate» que permite «recorrer la historia de la ciudad y constatar su evolución».