El supremo pone en su sitio a Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado ilegales por seis votos a tres los aranceles impuestos por Donald Trump. La mayoría de los magistrados entiende que la Ley de Emergencia Económica, a cuyo amparo se adoptaron, está pensada para congelar activos, decretar sanciones financieras y establecer restricciones específicas, pero no para gravar las importaciones con un impuesto, que es lo que son los aranceles. La capacidad tributaria la reserva la Constitución para el Congreso y un presidente no puede arrogársela sin más. Debe ser el Congreso quien lo autorice expresamente y con límites.

Al tratarse, además, de una decisión del Supremo, que es la última instancia en el sistema judicial estadounidense, no existe posibilidad de recurso. ¿Significa esto que volvemos a la casilla de salida y a la víspera del Día de la Liberación y que todo ha sido un mal sueño?

En la rueda de prensa que el presidente convocó tras hacerse pública la sentencia, se dedicó a atacar a los magistrados del Supremo, acusándolos de cobardes y traidores. Podía tratarse de un simple desahogo, pero es que a continuación anunció un arancel global del 10% e incluso se comprometió a adoptar una política comercial aún más agresiva. ¿Cómo? Pues reconfigurándola bajo otros marcos alternativos, que los tiene. Trump se refirió en concreto a la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer recargos, aunque limitados en el tiempo y en la cuantía, para hacer frente a desequilibrios en la balanza de pagos o para proteger a la industria nacional de prácticas desleales.

No se trata solo de un problema de amor propio, sino también contable. La Administración estadounidense no puede permitirse el lujo de prescindir de estos ingresos arancelarios, tan necesarios, aunque no suficientes, para cubrir el déficit presupuestario asociado a la Big Beautiful Bill, el paquete fiscal que combina importantes rebajas fiscales con aumentos selectivos del gasto público.

Este apetito de fondos también va a marcar la gigantesca batalla legal que se avecina. Ya hay centenares e incluso miles de empresas implicadas en pleitos para reclamar el dinero que se les ha cobrado en concepto de aranceles y se espera que la cifra crezca. Pero a todos ellos Trump ya les ha advertido que se preparen para una larga y cruenta disputa.

Trump ya no dispone de un «botón rojo» de aranceles y no puede subirlos a voluntad. Cualquier construcción de muros comerciales será más lenta, más granular y más expuesta a controles judiciales y parlamentarios. Pero no hemos vuelto al orden previo al Día de la Liberación, como argumentan en este nuevo episodio de El Gris Importa el profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y el corresponsal económico de THE OBJECTIVE Miguel Ors Villarejo.