Subir el salario mínimo por decreto: cuando el Gobierno ignora la productividad
«Un mercado laboral sano requiere reglas claras, estabilidad y respeto a la autonomía de las partes»
Evolución SMI vs. horas trabajadas.
El 16 de febrero, rodeado de sus afines y con la ausencia de quienes pagan la fiesta, el presidente del Gobierno anunció una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales en 2026, sin acuerdo con las organizaciones empresariales. Más allá de la dimensión política del gesto, conviene detenerse en el fondo económico de la medida. Y ahí, el debate es mucho más incómodo. Por eso lo evitan de forma sistemática.
El gráfico traza las líneas de la verdad. Entre 2018 y 2025, el SMI nominal ha aumentado en torno a un 60% (índice 2018=100). Incluso en términos reales —es decir, descontando la inflación y expresado en euros de 2018— el incremento supera el 35%; no vamos hoy a juzgar el «negocio» que el Ministerio de Hacienda hace con esas rentas mínimas al no deflactar la tarifa. Pero la línea más significativa es la roja: el «SMI implícito por hora (usando horas medias EPA)». Al dividir el SMI mensual entre las horas medias efectivas trabajadas por ocupado según la EPA, el salario por hora implícito se dispara cerca de un 70% desde 2018.
Mientras tanto, la línea verde muestra que las horas efectivas medias por ocupado han caído en torno a un 6% respecto a 2018. Es decir: el salario mínimo sube con intensidad, pero el tiempo efectivo de trabajo promedio disminuye. Esa divergencia no es ideológica; es aritmética.
Esta combinación tiene implicaciones directas sobre la productividad y los costes laborales por hora. Cuando el numerador (salario) aumenta con fuerza y el denominador (horas efectivas) se reduce, el coste por hora trabajada se acelera aún más. El debate que debería abrirse es evidente: ¿está creciendo la productividad en una magnitud equivalente? Si no lo está —y los datos agregados no apuntan a un salto comparable—, la brecha termina trasladándose a márgenes empresariales, a precios o a empleo.
El problema no es la mejora salarial en sí misma. En una economía de mercado, los salarios pueden y deben aumentar cuando la productividad lo permite. El problema surge cuando la actualización se impone por vía normativa, sin acuerdo entre las partes y sin una evaluación rigurosa de sus efectos sobre el tejido empresarial, especialmente el más intensivo en mano de obra y con menor capacidad de trasladar costes.
La libertad de empresa no es un eslogan, sino un principio operativo: implica que las condiciones contractuales se negocian entre empleadores y trabajadores en función de su productividad, sector, tamaño y circunstancias concretas. El salario mínimo introduce una restricción legal general que puede tener justificación en términos de protección básica, pero su uso como instrumento sistemático de política redistributiva altera el equilibrio contractual y reduce el margen de ajuste en empresas pequeñas, comercio, hostelería o servicios personales.
Además, la ausencia de acuerdo con los empresarios envía una señal preocupante sobre la calidad institucional del proceso. El diálogo social no es decorativo: es el mecanismo que permite internalizar información dispersa sobre costes, demanda y capacidad de absorción de aumentos salariales. Cuando se prescinde de él, el riesgo de error de calibración aumenta.
El gráfico evidencia una cuestión que ni el Gobierno ni los sindicatos parecen dispuestos a abordar con claridad: la evolución salarial y la del tiempo efectivo de trabajo están divergiendo. Si el salario mínimo por hora implícito crece mucho más rápido que la productividad media, el ajuste no desaparece; simplemente, se desplaza, mostrando sus efectos en una menor contratación de perfiles de baja cualificación, en la sustitución del empleo por capital o automatización (como acaba de señalar un estudio, el incremento del 10% en el SMI viene acompañado de un 8% en la adopción de robots, lo que lleva a algunos autores a preguntarse si la ley del SMI no debería llamarse Ley de Empleo de los Robots), o en la economía sumergida. Perjudicando, siempre, a los que dicen proteger.
Un mercado laboral sano requiere reglas claras, estabilidad y respeto a la autonomía de las partes. Elevar el SMI puede ser popular a corto plazo, pero ignorar la relación entre salario, horas trabajadas y productividad es una forma de posponer un debate esencial. La política económica responsable no consiste en decretar mejoras, sino en crear las condiciones para que esas mejoras sean sostenibles.