La candidata de Montero para la Airef podrá fiscalizar su propia financiación autonómica
La presidencia está exenta de la cláusula de conflicto de interés introducida en 2022 para garantizar la independencia
María Jesús Montero e Inés Olóndriz. | EP
Cristina Herrero, la ya expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), modificó en 2022 el reglamento de régimen interno para garantizar la independencia de la institución en su labor de fiscalización de las cuentas públicas. La modificación, materializada en una resolución firmada el 26 de septiembre de aquel año, restringía el papel que podían tener los directivos y trabajadores que se incorporan al organismo tras haber sido nombrados altos cargos del Ejecutivo, pero esta cláusula exime a la presidencia.
La restricción impide a quienes hayan ocupado una responsabilidad de calado en el Ejecutivo valorar los mismos asuntos que les han ocupado durante su trayectoria política. En particular, este veto tiene una duración de dos años y afecta a todos los empleados públicos. Sin embargo, nunca se contempló que esta situación pudiese afectar a la presidencia, de forma que no se prohíbe de forma explícita que el líder de la agencia fiscal independiente pueda valorar sus propias políticas. Con lo cual, como ya publicó THE OBJECTIVE, el nombramiento de la candidata apadrinada por la vicepresidenta María Jesús Montero, Inés Olóndriz, sí contraviene el espíritu de las normativas europeas al respecto.
De este modo, la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda podrá acogerse a la literalidad del reglamento para permitirse opinar sobre proyectos en los que ha participado de forma directa, como la quita de deuda a las regiones o el nuevo sistema interterritorial de reparto de fondos.
El artículo 20 del código interno introducido en 2022 establece que «cualquier empleado público que haya ostentado la condición de alto cargo en cualquier Administración pública y en los dos años siguientes a su cese pase a ocupar un puesto de trabajo en la Airef por cualquiera de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, deberá abstenerse, hasta la finalización de dicho plazo, de realizar funciones relacionadas con las competencias ejercidas en su anterior cargo que puedan implicar un conflicto de intereses o perjudicar la autonomía e independencia funcional de la Airef».
Además, esta cláusula da poder a la propia Presidencia para decidir dónde reubica a los ex altos cargos que se incorporen al organismo independiente: «A estos efectos, corresponderá al presidente y a los directores de las respectivas Divisiones velar por la adecuada asignación de tareas y funciones al personal al servicio de la Airef, y controlar su correcto desempeño», recoge el texto.
El motivo de esta anomalía —que el presidente esté obligado a velar porque los ex altos cargos no trabajen en departamentos de la Airef ligados a su anterior responsabilidad mientras él mismo está exento de esta restricción— responde al contexto en que se elaboró un cambio de normativa. Israel Arroyo, actual secretario de Estado de Economía, regresó en 2022 a la Airef, donde ya había ocupado la Subdirección General de Endeudamiento anteriormente, tras su paso por el Ministerio de Seguridad Social durante la etapa del exministro José Luis Escrivá, que le había nombrado secretario de Estado. Herrero no se negó a su reincorporación, pero sí a que evaluase políticas en las que había estado relacionado y por ello impulsó una modificación del reglamento que restringía el conflicto de interés y le otorgaba los poderes necesarios para poder reubicarlo en otro puesto. No se previó en aquel momento que en un futuro podría llegar a ser la propia presidencia la que se vería envuelta en una situación muy similar.
«La presidenta no puede autorregularse en el reglamento interno, tiene que ser una ley superior», asegura una fuente conocedora del marco jurídico de las IFI, las instituciones fiscales independientes que la Unión Europea obligó a crear a los Estados miembros tras la crisis económica para fiscalizar el gasto público y garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias respecto al déficit y la sostenibilidad presupuestaria. «Tiene toda la lógica del mundo limitar hasta cierto punto las puertas giratorias de la Airef y que la presidenta haya querido ser estricta con sus trabajadores», explica este interlocutor, que cree que jurídicamente tendría poco recorrido aferrarse a la letra del reglamento para impedir que la futura presidenta pueda opinar sobre financiación autonómica, aunque políticamente se podrá argumentar que es anómalo «que se le apliquen a la presidenta normas más laxas que a los propios trabajadores».