El Gobierno también nombra los cargos del ente 'independiente' que vigila los contratos públicos
El Ejecutivo eliminó en 2022 el sorteo que decidía la renovación de los vocales de la Oirescon, el ente creado por la UE
Ilustración de Alejandra Svriz.
El debate sobre la independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha vuelto a poner el foco en otros organismos creados en la última década para supervisar la actuación del Estado. Entre ellos se encuentra la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), el organismo encargado de analizar el funcionamiento del sistema de contratos públicos en España. Aunque fue concebido como un supervisor independiente, su encaje institucional mantiene al Gobierno en una posición determinante sobre su funcionamiento.
El análisis de la normativa y documentación oficiales del organismo realizado por THE OBJECTIVE muestra que el Ejecutivo conserva una influencia decisiva en el supervisor de la contratación pública. La Oirescon depende administrativamente del Ministerio de Hacienda y sus responsables son nombrados por el Consejo de Ministros. Además, una reforma legal aprobada en 2022 eliminó el sistema que determinaba por sorteo qué miembros del organismo debían abandonar el cargo.
La oficina fue creada mediante la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que incorporó al ordenamiento español las directivas europeas aprobadas en 2014 para reforzar la supervisión del mercado público. Estas normas obligaban a los Estados miembros a establecer mecanismos capaces de analizar el funcionamiento de la contratación pública y detectar posibles irregularidades o fallos estructurales en las licitaciones. En España, esa función se atribuyó a la Oirescon, un órgano colegiado compuesto por una presidencia y cuatro vocales con mandatos de seis años.
Vigilancia de los contratos públicos
La misión del organismo es examinar cómo se adjudican los contratos públicos y detectar problemas que puedan afectar a la competencia o al uso eficiente de los recursos públicos. Entre sus tareas se encuentran el análisis de los procedimientos de licitación utilizados por las administraciones, el estudio del grado de concurrencia entre empresas o la elaboración de informes sobre el funcionamiento del sistema de contratación pública. El organismo también formula recomendaciones dirigidas a mejorar la transparencia y la eficiencia del mercado público, un ámbito que puede representar entre el 10% y el 20% del producto interior bruto (PIB).
El supervisor examina además aspectos como el uso de determinados procedimientos de adjudicación y el grado de competencia en las licitaciones. Además, analiza la planificación de las compras públicas por parte de las administraciones. A través de estos análisis busca identificar patrones que puedan indicar disfunciones en el mercado de contratación o riesgos de falta de competencia en determinadas adjudicaciones. Sus informes no tienen carácter sancionador, pero constituyen una herramienta de diagnóstico destinada a mejorar el funcionamiento del sistema.
Control de Hacienda
La estructura del organismo es reducida. Está formada por una presidencia y cuatro vocales nombrados por el Consejo de Ministros entre funcionarios con experiencia en contratación pública o gestión económica. Sus mandatos tienen una duración de seis años y no pueden renovarse. Esta fórmula está diseñada para reforzar la estabilidad institucional del órgano y evitar su vinculación directa con los ciclos políticos. Sin embargo, el organismo está adscrito administrativamente al Ministerio de Hacienda, el departamento responsable de la política presupuestaria y de una parte significativa de la contratación del Estado.
La presidencia del supervisor la ocupa actualmente María Luisa Araújo, funcionaria de carrera con una larga trayectoria en la administración autonómica de Castilla-La Mancha. Araújo fue vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno regional presidido por el socialista José María Barreda entre 2008 y 2011. En esa etapa en la que asumió competencias en materia de política económica, presupuestos y gestión financiera de la comunidad autónoma. También fue consejera de Economía y Hacienda con José Bono en Castilla-La Mancha entre los años 2004 y 2008.
Tras su etapa política, Araújo regresó a funciones técnicas dentro de la Administración pública. En 2020, el Consejo de Ministros la nombró presidenta de la Oirescon tras la dimisión de la primera responsable del organismo, María José Santiago.
Falta de presupuesto
Santiago abandonó el cargo en junio de 2020 después de denunciar que el organismo se había puesto en marcha sin los medios necesarios para cumplir con su mandato y desarrollar las funciones de supervisión previstas en la ley. La entonces presidenta señaló que la oficina carecía de presupuesto propio y que su dependencia administrativa del Ministerio de Hacienda dificultaba el desarrollo de su labor de supervisión. En distintas declaraciones públicas advirtió de que resultaba complejo afrontar las funciones previstas en la normativa de contratación pública sin una estructura suficiente de recursos humanos y materiales.
La normativa original que regulaba el supervisor incluyó además un mecanismo específico para proteger la independencia de sus miembros. La ley establecía que, tres años después de la creación del organismo, debía llevarse a cabo una renovación parcial del órgano mediante sorteo. Ese sistema determinaba qué dos de los cuatro vocales debían cesar, evitando así que el Gobierno pudiera decidir directamente la renovación del supervisor. De esa forma se garantizaba un cierto equilibrio institucional en su composición.
Ese mecanismo fue modificado posteriormente durante la aprobación de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que eliminó el sorteo previsto inicialmente para renovar parcialmente el organismo. Desde entonces, la sustitución de los vocales se produce cuando se generan vacantes y los nuevos miembros son designados por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo justificó el cambio señalando que varias dimisiones habían alterado la composición inicial del órgano. Además, alegó que, en la práctica, la renovación parcial ya se había producido antes del plazo previsto.