Natalia Corbalán: «Mercosur es la gota que colma el vaso para agricultores y ganaderos»

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha confirmado lo que era un secreto a voces: la Unión Europea (UE) empieza a aplicar de forma provisional el tratado comercial con Mercosur, pese a que las instituciones europeas no lo han ratificado. Con esta decisión, contra la que SOS Rural ha registrado ya cerca de 17.000 firmas ante la CE, se consuma la puesta en marcha de lo que Natalia Corbalán, portavoz nacional de esta plataforma ciudadana, califica de «máximo paradigma de la competencia desleal». Esta mujer valiente, entregada a la defensa del campo, nos explica qué supone este acuerdo que, según denuncia, se ha puesto en marcha sin el pronunciamiento de Parlamento, no respeta la reciprocidad y, en definitiva, viene a poner la puntilla a un sector, el primario, que nos da de comer a todos.

PREGUNTA- A grandes rasgos, ¿por qué rechaza SOS Rural este acuerdo comercial entre la UE y Mercosur?

RESPUESTA- Porque supone un riesgo económico, sanitario, jurídico y territorial para nuestro sector primario y para todos los ciudadanos europeos. Con la aprobación de este acuerdo de trascendencia histórica por la puerta de atrás, la CE vulnera el principio de lealtad institucional al no esperar la ratificación del Parlamento por vez primera en la historia de la UE, e institucionaliza una competencia desleal basada en la falta de reciprocidad normativa.

De esta manera, se cumple el nefasto presagio del que ya alertaba el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2019 a través de su informe El Impacto Económico del Acuerdo UE-Mercosur en España. Así, mientras los agricultores y ganaderos europeos deben asumir el coste de mantener los estándares más exigentes del mundo en materia de trazabilidad, bienestar animal, uso de fitosanitarios, antibióticos, hormonas, sostenibilidad ambiental y controles laborales, países como Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, que no garantizan estos estándares de excelencia, tienen manga ancha para introducir sus productos de forma masiva. De este modo, Mercosur supone la pérdida absoluta de competitividad de nuestros productores y su ruina.

A esta devastación económica hay que sumarle la sanitaria. Europa mercantiliza nuestra salud y usa la debilidad de nuestro sector primario para utilizarlo como moneda de cambio. Así, favorece que industrias muy penalizadas por los propios dirigentes europeos, como la química o la del automóvil, puedan vender sus productos fuera. Esto explica que en los últimos años se hayan registrado numerosas alertas relacionadas con productos procedentes de países de Mercosur, incluyendo casos de salmonella resistente a antibióticos o residuos de sustancias prohibidas en la UE, como determinados plaguicidas o la hormona estradiol 17-β. Si una sustancia está prohibida en Europa por motivos sanitarios o ambientales, no es coherente permitir la entrada de productos producidos con esa misma sustancia que, a la larga, van a enfermar a la población.

Además, Mercosur afecta de manera directa al medio ambiente, que es de todos. Resulta paradójico que los productores europeos hayan logrado los mayores avances en materia de sostenibilidad y que estos estándares de excelencia se estén volviendo ahora en su contra. Esto se aprecia aún con más claridad en los acuerdos anunciados con India y Australia, que confirman la ausencia de rumbo de nuestros dirigentes y la mercantilización de derechos consolidados de los europeos.

No podemos olvidar tampoco los efectos catastróficos de Mercosur en el empleo, en la cohesión territorial, en el paisaje, en la biodiversidad y en la soberanía alimentaria, ya que la pérdida de explotaciones a la que aboca este acuerdo genera despoblación rural, deterioro del tejido social y mayor dependencia del exterior en productos básicos. Mientras no se garantice una igualdad de condiciones y una defensa clara de la renta agraria europea, el acuerdo con Mercosur resulta perjudicial para gran parte del campo español.

P.- ¿Qué tendría que incluir el acuerdo para que fuese admisible?

R.- Desde SOS Rural exigimos que se garantice una reciprocidad normativa real, igualdad competitiva y protección preventiva de los sectores vulnerables. Sin estas condiciones, estamos ante un comercio injusto que traslada el coste de la liberalización al productor europeo y que, además, pone en riesgo la salud de nuestros ciudadanos.

Hacen falta cláusulas espejo reales y vinculantes y controles efectivos en origen y en frontera, con un sistema de inspecciones homogéneo, sistemático y transparente. ¿Por qué acepta Europa que entren productos agroalimentarios que no protegen a sus ciudadanos y que degradan el medio ambiente con su producción, mientras impone a sus productores innumerables normas basándose, supuestamente, en la mejora de la conservación del medio ambiente y en la mejora de la salud de los europeos? No se puede tolerar la entrada de productos que no cumplan las mismas normas que se exigen a nuestros agricultores y ganaderos.

Además, hacen falta mecanismos de salvaguardia automáticos y preventivos, no reactivos. Las medidas de protección deben activarse en cuanto se detecten distorsiones de mercado o riesgos sanitarios, sin esperar a que el daño económico esté consumado y la campaña agrícola perdida. También es imperativa una protección reforzada de los sectores sensibles, con contingentes limitados y revisables en función del impacto real sobre precios y rentas agrarias. No puede abrirse el mercado de forma masiva en productos estratégicos como el vacuno, la miel, el arroz, los cítricos o el azúcar sin evaluar antes su impacto estructural.

Por último, el acuerdo debe garantizar una evaluación periódica e independiente de su impacto económico, social y territorial, con posibilidad real de revisión o suspensión parcial si se comprueba que perjudica de forma grave a determinadas producciones. Bajo ningún concepto los agricultores y ganaderos van a aceptar involuciones en sus modelos de producción.

P.- Nos ha hablado de cláusulas espejo reales y vinculantes, es decir, que las normativas sean iguales para las dos partes. ¿Se resolvería el problema de base de Mercosur si se implementan estas cláusulas?

R.- Las cláusulas espejo, es decir, la exigencia de que los productos importados cumplan las mismas normas en materia de manejo, alimentación, uso de fitosanitarios, antibióticos, bienestar animal, condiciones laborales y estándares ambientales, son una parte fundamental para resolver el problema, pero no lo son todo. Estas cláusulas serían, sin duda, un instrumento jurídico que permitiría garantizar esa igualdad. Pero, hoy por hoy, el acuerdo no incorpora estos mecanismos vinculantes y verificables. Es cierto que se habla de cooperación, de compromisos y de diálogo regulatorio, pero no de una obligación clara y automática de equivalencia normativa en todos los aspectos productivos.

En definitiva, las cláusulas espejo son la condición mínima imprescindible para que cualquier acuerdo comercial pueda considerarse justo.

P.- El impacto del acuerdo con Mercosur no es homogéneo. ¿Qué sectores se verían más perjudicados y cuáles beneficiados?

R.- El punto de partida clave es que la aplicación de la hoja de ruta comunitaria, impregnada de tintes verdes, ha supuesto que la industria europea no pueda vender aquí y necesite salir de las fronteras de la UE para colocar sus productos. Alemania, calificada como la locomotora económica de la UE, acaba de publicar que casi tres de cada cuatro empresas tienen intención de posponer, reubicar o cancelar por completo las inversiones y durante 2025, cerca de dos tercios de las empresas redujeron su plantilla en aquel país, según una encuesta realizada por la patronal alemana del automóvil. Aplicar medidas indiscriminadas, sin valorar la adaptación a ellas, está suponiendo que las industrias químicas y del automóvil, entre otras, busquen nuevos mercados menos exigentes en temas ambientales. ¿Cuál es la moneda de cambio para esto? La de siempre: el sector primario.

Es inconcebible que la apertura comercial se esté haciendo, en términos económicos y sociales, no solo a costa de los sectores más vulnerables del campo europeo, sino de los más imprescindibles e insustituibles, porque nos dan de comer. Así sucede con la liberalización progresiva de sectores muy sensibles para España, como las carnes de vacuno, de ave y de porcino, la miel, el arroz, el azúcar, los cítricos y determinadas frutas y hortalizas. Muchos de estos productos se caracterizan por márgenes reducidos y alta volatilidad de precios, por lo que la entrada de grandes contingentes procedentes de Mercosur a menor coste provoca una caída de esos precios en origen y compromete la rentabilidad de miles de explotaciones familiares.

En este sentido, SOS Rural va a promover un cambio en el marco regulatorio que ponga coto a la arbitrariedad a la hora de ofrecer siempre a la agricultura y la ganadería como monedas de cambio, porque está permitido en los tratados fundacionales. La UE tiene mucho margen de maniobra, mucha discrecionalidad, a la hora de negociar tratados comerciales. Vamos a intentar que se respete el principio de reciprocidad y que los tratados comerciales lleven también aparejado un marco sancionador para los países que no respeten los contingentes establecidos.

P.- ¿Podríamos decir que el acuerdo con Mercosur es el gran problema del sector primario o es una gota más en un océano? 

R.- Sería simplista decir que el malestar del campo nace con Mercosur. Los agricultores y ganaderos españoles sienten que se les exige cada vez más controles, más requisitos, más prohibiciones, mientras sus márgenes se reducen. El sector agrario lleva años soportando una presión creciente derivada de la burocracia excesiva, de los cambios normativos constantes, de las exigencias ambientales cada vez más estrictas, del incremento de costes energéticos y laborales y de una Política Agraria Común (PAC) que muchos productores perciben como cada vez más compleja y menos orientada a la rentabilidad. ¿Cómo puede alguien extrañarse de que los jóvenes europeos no quieran trabajar en el campo y que la media de edad de los agricultores españoles, por ejemplo, supere los 62 años? 

Si en este contexto, además, se abre el mercado a productos que no están sometidos a las mismas exigencias de calidad, la percepción es que el esfuerzo solo se aplica en una dirección. Por eso, Mercosur es la gota que colma el vaso para nuestros ya arruinados agricultores y ganaderos, no porque sea el único problema, sino porque se suma a un escenario de saturación normativa y pérdida progresiva de rentabilidad ya existente.

Si la PAC fuera más estable, si la carga burocrática fuese razonable y si los márgenes estuvieran garantizados, el debate sobre Mercosur sería distinto. Pero en el escenario actual, el acuerdo se percibe como un riesgo adicional sobre un sector ya tensionado.

P.- ¿Está SOS Rural a favor del proteccionismo, aunque eso suponga que nuestros productos tampoco puedan venderse fuera?

R.- España es un país exportador y el sector agroalimentario vive en gran medida del comercio exterior. Pero ese comercio debe basarse en reglas equilibradas, ya que, sin reciprocidad normativa, y sin igualdad de condiciones, no estamos ante un acuerdo de libre comercio justo, sino ante un acuerdo que traslada el coste de la apertura comercial al productor europeo.

No se trata de proteccionismo, sino de justicia competitiva y de defensa de la soberanía alimentaria en igualdad de condiciones. Por eso, desde SOS Rural rechazamos un acuerdo que elimina barreras comerciales sin garantías previas de reciprocidad normativa real.

P.- ¿Mercosur pone en riesgo la soberanía alimentaria de Europa?

R.- Sin duda, está en juego nuestro modelo de producción agraria europea, nuestro mundo rural y nuestra soberanía alimentaria. Por eso, creemos que es simplista reducir este debate a una discusión técnica sobre aranceles. Es fundamental reforzar el principio de soberanía alimentaria, ya que Europa no puede avanzar hacia una mayor dependencia exterior en productos estratégicos, mientras reduce su propia capacidad productiva por asfixia regulatoria o competencia desleal. La seguridad alimentaria no es una cuestión ideológica, es una cuestión estratégica, y Mercosur va contra la base de flotación de esa estrategia.

En tiempos convulsos, Europa tiene que ser más Europa que nunca, lo que significa afianzar aquello que nos hizo únicos y referentes mundiales. Estamos hablando de que nuestro sector primario compite en calidad, en trazabilidad, en sostenibilidad y en seguridad alimentaria, no solo en precios. Europa ha decidido elevar sus estándares en materia ambiental, sanitaria y de bienestar animal y, en ese contexto, es incoherente trasladar el coste de esa exigencia solo al productor europeo, mientras se abren las puertas a productos que no acreditan las mismas condiciones. Pero que nadie dude de que esta injusticia con forma de acuerdo se puede corregir si todos presionamos en Europa. Desde luego, SOS Rural no se va a quedar de brazos cruzados.