Las regiones han adjudicado 2.230 contratos sin comprobar si había dinero para pagarlos
El supervisor estatal detecta expedientes por 190 millones en 2023 sin el control previo que valida la legalidad del gasto
Ilustración de Alejandra Svriz.
Las autonomías adjudicaron 2.230 contratos públicos en 2023 sin comprobar si había dinero para pagarlos ni si el procedimiento era legal. Así se desprende del último Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon). El documento, analizado por THE OBJECTIVE, muestra que los expedientes afectados suman 190,4 millones de euros y se tramitaron sin aplicar la fiscalización previa obligatoria. Este es el principal control interno diseñado para verificar la legalidad del gasto antes de su autorización.
El supervisor estatal, que depende del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, califica estos casos como omisiones de la función interventora. Este es un mecanismo clave en el sistema de control del gasto público. Antes de adjudicar un contrato, los interventores deben revisar el expediente para comprobar cinco elementos esenciales. Estos elementos son: si existe crédito presupuestario suficiente, que el procedimiento de contratación es correcto, que el órgano que decide tiene competencia legal, que el expediente cumple la normativa vigente y que el gasto se ajusta al presupuesto aprobado. La ausencia de esta revisión implica que el contrato se adjudica sin el filtro preventivo que garantiza la legalidad del proceso.
El análisis se basa en una muestra de 26.766 contratos no menores comunicados por las intervenciones generales de las comunidades autónomas. Dentro de ese conjunto, la falta de fiscalización previa afectó al 8,33% de los expedientes, un porcentaje relevante en términos de control administrativo.
Contratos de servicios
Según el informe, los contratos de servicios representan el 67,35% de los expedientes sin control previo, seguidos por los contratos de suministros, con un 23,72%. En términos económicos, los servicios concentran también el mayor volumen: 103,3 millones de euros, la mitad del importe total adjudicado sin fiscalización previa. Esta distribución apunta a que la omisión del control se produce con mayor frecuencia en contratos recurrentes o de gestión ordinaria, donde la presión puede favorecer la tramitación acelerada de expedientes.
Las diferencias entre territorios también son significativas. La Rioja registra la mayor proporción de expedientes sin fiscalización previa, con un 6,83% en relación con su volumen de contratación. Mientras, la Comunidad Valenciana presenta el mayor peso económico, con un 7,06% del importe analizado. Estas variaciones reflejan distintos niveles de aplicación de los mecanismos de control interno y, en algunos casos, limitaciones en los sistemas de gestión administrativa.
El informe subraya que la omisión de la fiscalización previa no implica automáticamente ilegalidad penal ni nulidad del contrato, pero sí supone una alteración del procedimiento administrativo. En la práctica, el control se desplaza al momento posterior, cuando el gasto ya ha sido comprometido o ejecutado. Este cambio reduce la capacidad preventiva del sistema y limita su eficacia como herramienta de detección temprana de irregularidades.
Las autonomías no fiscalizan
De hecho, el propio supervisor señala que el 71,08% de los contratos tramitados sin fiscalización previa fueron posteriormente convalidados por los órganos competentes. Este mecanismo permite regularizar el expediente una vez detectada la incidencia, siempre que se justifique la continuidad del contrato. Sin embargo, la convalidación no sustituye al control previo, sino que actúa como una solución correctiva a posteriori.
La Oirescon también identifica problemas estructurales en los sistemas de información de varias administraciones autonómicas, que dificultan la extracción y explotación de datos sobre contratación pública. Estas carencias técnicas impiden elaborar estadísticas homogéneas y limitan la capacidad del supervisor para evaluar de forma integral el funcionamiento de los controles internos.
A estas limitaciones se suma el incumplimiento de la obligación de remitir información por parte de algunas administraciones. Canarias, Galicia y la ciudad autónoma de Melilla no facilitaron los datos requeridos durante la elaboración del informe, lo que impidió incluir sus expedientes en el análisis y evidencia déficits en la colaboración institucional.
Un patrón habitual
El patrón detectado por el supervisor no es aislado en el sistema de contratación pública. La utilización de procedimientos de convalidación tras la omisión de controles previos ha sido señalada en distintos ámbitos como una práctica que, sin ser irregular por sí misma, debilita el carácter preventivo del control del gasto. Cuando la revisión se produce después de adjudicar el contrato, el margen para corregir deficiencias se reduce y el sistema pierde eficacia como barrera frente a errores o incumplimientos.
En este contexto, la fiscalización previa se mantiene como el principal instrumento para garantizar la legalidad del gasto público antes de que se ejecute. Su omisión no invalida automáticamente los contratos, pero sí evidencia fallos en la aplicación de los mecanismos diseñados para asegurar que cada adjudicación cumple con los requisitos básicos de presupuesto, procedimiento y competencia administrativa.
El informe de la Oirescon señala un elemento de alerta sobre el funcionamiento del control interno en las administraciones autonómicas. Aunque los datos analizados corresponden a una muestra y no al conjunto total de contratos, el volumen de expedientes detectados —más de 2.000 contratos y cerca de 200 millones de euros— permite identificar tensiones entre la gestión administrativa y el cumplimiento estricto de los controles previos del gasto público.