El 'boom' de jubilaciones satura la Seguridad Social y los expedientes resueltos caen un 60%

El aumento de jubilaciones y la falta de medios ya tensionan de forma clara la capacidad de la Seguridad Social para resolver los expedientes de alta de los pensionistas. Los datos oficiales remitidos por el Gobierno muestran una caída superior al 60% en el ritmo de resolución en apenas tres semanas, un descenso que coincide con un mayor volumen de altas y con advertencias sobre retrasos en la tramitación.

La información procede de una respuesta parlamentaria del Gobierno a la que ha accedido THE OBJECTIVE. En la respuesta, vinculada a una pregunta del Grupo Popular, el Gobierno proporciona un desglose semanal de las resoluciones de expedientes de jubilación en las últimas doce semanas y hasta el 8 de febrero de 2026. Es la primera vez que se dispone de una serie continua que permite observar el comportamiento real del sistema en un periodo reciente y no a través de datos agregados anuales.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alcanzó un máximo de 12.367 resoluciones en la semana del 12 al 18 de enero. A partir de ese momento, la actividad se reduce con rapidez hasta 4.552 en la semana del 2 al 8 de febrero. No se trata de una pequeña oscilación, sino de una caída abrupta que rompe la tendencia al alza de diciembre y principios de año y refleja una desaceleración clara.

Retraso de los expedientes de jubilación

En conjunto, el organismo resolvió 98.842 expedientes en doce semanas, con una media de unas 8.200 resoluciones semanales. Sin embargo, ese promedio oculta una dinámica inestable. El sistema responde con intensidad en momentos de alta carga, pero no logra mantener ese nivel en el tiempo. La transición entre el máximo y el mínimo en pocas semanas evidencia esa falta de continuidad.

Este comportamiento se produce en un contexto de aumento de altas de jubilación con impacto directo en el gasto. La entrada de nuevos pensionistas, con bases de cotización más altas, eleva el coste medio de las prestaciones, mientras que las bajas —en su mayoría por fallecimiento— reducen importes inferiores. La diferencia entre las nuevas prestaciones y las que se dan de baja ya supera los 500 euros. Este desequilibrio no solo afecta a las cuentas públicas, también aumenta la carga administrativa, al crecer el número de expedientes y su complejidad económica.

Las altas no se producen de forma uniforme todos los meses y hay picos vinculados a las decisiones de los pensionistas. La segunda mitad del año, y especialmente diciembre, concentra un mayor número de jubilaciones. Muchos trabajadores retrasan su salida del mercado laboral para beneficiarse de la revalorización anual, la actualización de bases conforme al IPC y el cobro de pagas extraordinarias. Este comportamiento desplaza el volumen de trabajo hacia el inicio del año siguiente y explica el pico registrado en enero.

Pregunta parlamentaria

Una vez absorbido ese volumen inicial, el sistema muestra dificultades para sostener el ritmo. La caída posterior sugiere que la capacidad operativa es suficiente para gestionar picos puntuales, pero no para mantener un flujo constante cuando la presión se prolonga.

La publicación de estos datos responde a una pregunta parlamentaria registrada por el Grupo Popular en el Congreso, que alertaba de posibles limitaciones operativas y bloqueos de hecho en la tramitación. El Gobierno no reconoce incidencias estructurales en su respuesta, pero sí aporta la información necesaria para observar una desaceleración evidente en el ritmo de resolución.

A la presión de la demanda se suma un problema interno en la estructura del organismo: la Seguridad Social arrastra desde hace años un envejecimiento de su plantilla y una reposición limitada de efectivos. Una parte significativa de los empleados se encuentra en tramos próximos a la jubilación, reduciendo la capacidad disponible y dificultando la transmisión de conocimiento en áreas clave de gestión.

Cuello de botella en la Seguridad Social

Además, el organismo ha asumido nuevas funciones en los últimos años, como la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —entre otras prestaciones—, que recae en el propio INSS y exige una tramitación compleja, con comprobaciones adicionales y mayor carga administrativa. Estos expedientes son gestionados en muchas ocasiones por los mismos recursos humanos que se utilizan para resolver jubilaciones.

Un expediente se considera resuelto cuando recibe validación final, lo que implica una fase de fiscalización que actúa como filtro. Si esa última etapa no mantiene el ritmo de entrada de solicitudes, se genera un cuello de botella que reduce el número de resoluciones semanales, aunque el resto del proceso funcione con normalidad.

Cuando se resuelven menos expedientes de los que entran, aumenta el volumen de casos pendientes. El Gobierno no facilita datos sobre tiempos medios ni expedientes en espera, pero la relación operativa es clara: una menor capacidad de resolución incrementa el riesgo de retrasos en el reconocimiento de la prestación.

Sobrecarga de trabajo

Las grandes provincias concentran la mayor parte de las resoluciones —Madrid supera las 11.900 y Barcelona las 10.000 en 12 semanas—, mientras que otras registran volúmenes muy inferiores. Aunque el tamaño de la población explica parte de la diferencia, también refleja una capacidad operativa desigual que puede traducirse en tiempos de tramitación distintos según el territorio.

La Seguridad Social mantiene un volumen elevado de actividad y demuestra capacidad para absorber aumentos puntuales de carga, pero evidencia límites cuando esa presión se mantiene en el tiempo. La caída del ritmo no implica un colapso, pero sí una pérdida de estabilidad en el funcionamiento. Durante los últimos años, se han evidenciado retrasos relevantes en la tramitación de prestaciones. En algunos casos, los nuevos jubilados se han pasado meses sin cobrar su pensión por fallos en los sistemas o demoras administrativas.

En un contexto de crecimiento sostenido de las altas, la clave no es solo cuánto se resuelve, sino la capacidad de mantener un flujo constante. La evolución observada en las últimas semanas introduce una señal de alerta. Si la desaceleración se consolida, el sistema puede entrar en una fase de acumulación progresiva de expedientes que termine trasladándose a los tiempos de espera.